Los 14 Fiscales de la JEP: Clave en la Investigación de Delitos de Guerra en Colombia

El santandereano Giovanni Álvarez coordina un equipo de experimentados investigadores que documentan los casos de los 38 magistrados de la JEP.

Han pasado casi nueve años desde que se firmó el Acuerdo de paz entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos. Uno de los puntos cruciales para llegar a la firma del acuerdo era saber quién juzgaría a los guerrilleros por los delitos cometidos mientras estuvieron alzados en armas.

Estaba claro que los guerrilleros no aceptarían ir a la cárcel y por tanto había que buscar caminos jurídicos alternos. De allí nació la Justicia Especial para la Paz, JEP, que fue construida por un grupo de juristas entre quienes se encontraba Manuel Cepeda, Juan Carlos Henao, Enrique Santiago, Álvaro Leyva y el norteamericano Douglas Cassel, entre otros.

La JEP siempre ha sido vista como una novedosa herramienta de justicia transicional. Su creación fue clave para cerrar la negociación con el grupo armado. La selección de sus integrantes fue un engorroso proceso que tomó varios meses hasta que finalmente quedaron escogidos los 38 magistrados que conformarían la JEP, que opera en un edificio de la séptima dentro del barrio Chapinero de Bogotá.

Dentro de la JEP se conformó la Unidad de Investigación y Acusación (UIA). Que puede asimilarse a la Fiscalía en cuanto investiga, acusa o puede pedir absolución. En este caso para quienes han sido parte activa en el conflicto colombiano: guerrilleros, militares y civiles.

El trabajo de la Unidad es reconocer cuándo las personas que acuden a la Justicia Especial están colaborando con la verdad y esto es un núcleo clave en este proceso de paz, que ha sido más que lento. Después de siete años aún no concretando ninguna condena y siguen abiertos los 11 macrocasos. Uno de los casos más avanzados es el de los falsos positivos, donde sobresale el caso del coronel (r) Publio Hernán Mejía.

Son 14 los que forman parte de la Unidad de Investigación y Acusación, UIA, quienes son los responsables de hacer las investigaciones y acusaciones ante los tribunales de la JEP. La Unidad debe investigar y enjuiciar cuando el involucrado no dé muestras de colaboración para crímenes no amnistiables por su gravedad ni tampoco esté ayudando con la verdad.

En la UIA contabiliza un total de 14 fiscales principales, quienes tienen competencia en todo el territorio nacional.

Fuente JEP

Dentro del grupo sobresale Leonardo Augusto Cabana, un abogado con Magister en Justicia y Tutela de los Derechos. Dentro de su trajín se observa haber indagado sobre el accionar de los hombres del bloque Catatumbo de las AUC, liderados en su momento por Salvatore Mancuso. Leonardo Cabana en la época debió trabajar en el proceso para llevar la finca la Providencia, municipio de Tierralta en Córdoba, a la Unidad Nacional para Justicia y Paz.

Mancuso no ha sido el único personaje reconocido en la mira de Cabana, otro nombre que pasó por las manos de Augusto Cabana fue Carlos Caicedo por el tema del Coliseo La Gaira. Por las obras de la Gaira la justicia aún debe determinar si existió corrupción u otro tipo de irregularidades. El fiscal que lo remplazó, Jorge Velázquez Niño, terminó destituido.

El director de la “Fiscalía” de la Justicia Especial para la Paz

La cabeza de la Unidad de Investigación es Giovanni Álvarez, un abogado de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Bucaramanga. Su trabajo y trayectoria lo hicieron sobresalir sobre los otros 22 candidatos para el cargo. No obstante, parece una persona tranquila, en su caso, las apariencias engañan.

En uno de sus primeros trabajos, Álvarez trabajó como inspector de policía en Aratoca, Santander, lugar donde vio la sangre de un grupo de policías. Los agentes fueron emboscados por las FARC, no se asustó mucho. En 1998, Giovanni se trasladó a Bogotá para trabajar en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. El fiscal general de la época era Alfonso Gómez Méndez.

Alfonso Gómez terminó en la Fiscalía, al ser uno de los candidatos del expresidente Ernesto Samper Pizano. Para llenar el vacío dejado por Alfonso Valdivieso Sarmiento, quien renunció. En esos años, la Fiscalía y el país sufrían la pesadilla de una violencia atroz. Para dar una idea, en 1998 se presentó la mayor cantidad de tomas guerrilleras en el país.

Para Giovanni Álvarez, esa época significó investigar la masacre de Cabuya, la primera masacre cometida por las AUC en Arauca. No fue el único caso reconocido que pasó por Álvarez, otro muy famoso fue el genocidio de la Unión Patriótica. Cuando los miembros del partido se convirtieron en blanco, dentro de los muchos integrantes asesinados sobresale el homicidio de Jaime Pardo Leal, expresidente del movimiento y candidato a la presidencia.

Tiempo después, en 2007, el fiscal Álvarez Santoyo pasó a la unidad antisecuestro de la Fiscalía. En ese cargo debió estudiar el secuestro y asesinato de Liliana Gaviria, la hermana del expresidente César Gaviria Trujillo, y su escolta. Los hechos ocurrieron en Pereira, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.

En 2008, el fiscal sufrió un paseo millonario. Al salir de la oficina, recordó haber olvidado unos documentos en su puesto. En efecto, debió regresar a su escritorio. En el camino de regreso, una persona se lanzó contra el vehículo; media hora después terminó con moretones en el cuerpo y sin $1.200.000 de su cuenta bancaria. Con la experiencia ya conocía de primera mano el accionar de los delincuentes.

Por su trabajo, terminó con la costumbre de andar con un chaleco antibalas las 24 horas del día; varios querían llevarlo a mejor vida. Los frutos de sus investigaciones dieron resultados en 2017, cuando se oficializó su nombramiento como director de la UIA en la JEP. Su trabajo actual va a ser fundamental para lograr una justicia capaz de dar tranquilidad a las víctimas y poder asegurar la labor de la JEP como uno de los pilares del acuerdo de paz.