Los 114 Procesos Dormidos contra Petro: Inactividad en la Comisión de Acusaciones que Podría Llevar a Sus Miembros a la Corte

La Corte Suprema puede investigar a los 18 representantes de la Comisión, incluyendo a Alirio Uribe, Wilmer Carrillo y su cabeza, Gloria Arizabaleta

Hace ya dos años y medio que el senador Miguel Turbay -quien habría de morir dos años después como consecuencia de un atentado- y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentaron ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia formal por la posible violación de los topes de gastos electorales por parte de la campaña Petro Presidente.

Desde entonces el proceso no registraba ningun avance sustancial, pero ahora recibirá un impulso forzoso: por solicitud expresa del Consejo Nacional Electoral, a las páginas de su expediente serán sumadas la resolución mediante la cual este organismo sancionó a los directivos de la campaña al comprobar esas irregularidades.

El proceso no es el único que venía reposando en los anaqueles de la Comisión. Otras 113 denuncias contra el jefe del Estado, algunas de ellas declaradas “temerarias” sin examen de fondo, están quietas y bajo protección de una célula controlada por una mayoria oficialista. Los 20 aspirantes al Congreso por la lista del partido Oxigeno, de Ingrid Betancourt, hicieron inventario riguroso de los expedientes y usaron la información obtenida para sustentar una denuncia penal contra los congresistas que hacen parte de la Comisión por el delito de prevaricato por omisión.

Su Inventario crítico comienza por recordar que para adelantar el estudio de las irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022, la Comisión designó como investigadores a los congresistas Wilmer Carrillo, integrante del Partido de la U; Gloria Arizabaleta, perteneciente al Pacto Histórico; y Carlos Cuenca Chaux, miembro del Partido Cambio Radical.

A pesar de la designación formal de los investigadores, la actuación no tuvo avances significativos dentro de un plazo razonable y, según los denunciantes, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes incurrió en una inactividad procesal evidente al omitir la práctica de diligencias sustanciales y la adopción de decisiones probatorias necesarias.

Así, habrían dejado de cumplir con sus deberes funcionales que imponen a los servidores públicos la obligación de actuar con diligencia, eficiencia y celeridad en el cumplimiento de sus funciones.

El 8 de abril de 2024, los investigadores de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes citaron al ciudadano Esteban López Mora, quien también formuló una denuncia sobre presunta financiación irregular de la campaña presidencial. Sin embargo, la diligencia se limitó a recibir una declaración inicial, sin que se ordenaran actos de investigación complementarios.

El 20 de junio de 2024, la Comisión archivó el proceso con radicado 6014 mediante una decisión inhibitoria adoptada en etapa de indagación preliminar, sin haber agotado la práctica probatoria ni haber emitido motivación de fondo ni haber convocado audiencia alguna.

A corte del 3 de agosto de 2024, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes registraba 114 procesos activos en contra del Presidente Gustavo Petro Urrego, en su mayoría relacionados con presuntas irregularidades en la financiación su campaña de 2022.

“Este volumen de expedientes demuestra una acumulación procesal excesiva y una evidente falta de gestión eficiente”, plantea uno de los argumentos de los denunciantes.

Como lo informó Las2Orillas, el 9 de octubre de 2024 se conoció que Carlos Cuenca Chaux había sido condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de corrupción al sufragante. Según Oxigeno, ese hecho, por su gravedad y trascendencia, debió conducir de manera inmediata a su separación del proceso, en aplicación del principio de moralidad administrativa y del deber de imparcialidad que rige las actuaciones.

El 10 de febrero de 2025, el representante a la Cámara Christian Garcés, miembro del Partido Centro Democrático, radicó ante la Comisión de Investigación y Acusaciones una nueva denuncia conocida públicamente como el “caso Papá Pitufo”. En su escrito se refería la presunta entrega de quinientos millones de pesos para la campaña “Petro Presidente”.

La denuncia fue recibida por el entonces presidente de la Comisión de Investigación y Acusación Leonardo de Jesús Gallego, quien no dictó el auto de apertura de indagación preliminar dentro del término legal. Transcurridas más de seis semanas desde la radicación de la denuncia, la Comisión de Investigación y Acusaciones mantuvo un silencio absoluto, sin expedir decisión alguna ni practicar prueba preliminar.

Existen registros que indican que los investigadores sostuvieron reuniones privadas con asesores políticos externos, sin dejar constancia formal en el expediente, con lo que habrían actuado en contravía los principios de transparencia y publicidad procesal.

Hasta ahora la Comisión tampoco ha abierto de oficio los hechos expuestos el 24 de noviembre por el canal Caracol sobre la existencia de múltiples archivos electrónicos incautados a la estructura de alias Calarcá. Entre ellos se encuentran correos, fotografías, memorias digitales, reportes internos y comunicaciones que revelan encuentros, coordinaciones y acercamientos entre altos funcionarios del Gobierno Nacional y jefes de las disidencias de las Farc.

“A pesar de que estos registros son públicos, extremadamente graves y comprometen a altos funcionarios del Gobierno en eventuales actos de infiltración insurgente, financiación irregular y cooperación con organizaciones armadas ilegales, la Comisión de Investigación y Acusaciones no registra a la fecha ningún movimiento que refleje la activación del estudio institucional que corresponde a hechos de esta naturaleza”, afirma el bloque de aspirantes al Congreso.

“La existencia, antigüedad y contundencia de la evidencia, puesta en conocimiento nacional e incautada hace más de un año, hacen aún más notoria la ausencia de cualquier señal mínima de impulso frente a información que, por su naturaleza, debia ser analizada de manera inmediata”, asegura su memorial.

Concluye que el hecho de que estas revelaciones hayan sido ampliamente difundidas, estén sustentadas en archivos incautados por autoridades judiciales y comprometan la seguridad nacional, y aun así la Comisión de Investigación y Acusaciones continúe sin dejar rastro alguno de verificación, requerimiento o actividad institucional frente al nuevo escándalo, confirma la persistencia del patrón de inmovilidad que caracteriza su actuación.