Los líderes de la negociación con las Farc han encendido las alarmas respecto al proyecto de Paz Total del Gobierno, que un analista califica de improvisado y otro de acelerado.
Humberto de la Calle Lombana, el hombre que lideró las negociaciones de paz que resultaron en la firma del Acuerdo de Paz de La Habana en 2016, pide abrir un compás de espera para aclimatar el proyecto con el que el presidente Gustavo Petro busca consolidar su “paz total”.
Por eso, el experimentado exvicepresidente y exministro aún no ha emitido juicios de fondo sobre los perfiles de los capos del crimen organizado que podrían ser beneficiarios de la iniciativa. Su actitud contrasta con la de su jefe en el proceso con la Farc, el expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos, quien considera que la nueva iniciativa no tiene futuro por estar atada a una cadena de improvisaciones. Según Santos, se convocarán a la mesa 18 organizaciones de alto impacto en el mundo del crimen, sin que el gobierno tenga claro quiénes serán sus interlocutores.
Mientras uno pide una oportunidad para la reflexión de la iniciativa, el otro no le ve futuro y considera que su concepción es tan anárquica que equivale a “ponerse primero los zapatos y luego los calcetines”. En medio de estos dos enfoques, reacciona el ministro de Justicia, exfiscal y exmagistrado Eduardo Montealegre, considerado el padre del proyecto, con una analogía coloquial que resume su postura: “¿Quién dijo que las llaves de la paz fueron botadas al fondo del mar en La Habana? ¿Quién dijo que ahora nadie podrá volver a abrir la paz a un proceso con un enfoque mucho más integral?”.
El proyecto, radicado en el Congreso el mismo día en que se abrió la nueva legislatura, cuenta por ahora con un respaldo no menor: el del Consejo Nacional de Política Criminal, del cual forman parte la Fiscal General y el Procurador General de la Nación. La única voz disidente es la de la Corte Suprema de Justicia. La magistrada Myriam Ávila, presidenta de la Sala Penal, ha advertido que la propuesta requiere un análisis más profundo y carece de justificación técnica en aspectos como viabilidad operativa e impacto fiscal. También advierte sobre una mezcla entre la justicia transicional y la justicia ordinaria, lo cual genera tensiones normativas difíciles de resolver.
Los puntos más críticos para quienes son escépticos respecto al proyecto son los que tienen que ver con los beneficios a los desertores de acuerdos previos y la imposición de penas alternativas de entre cinco y ocho años de prisión para grandes capos del narcotráfico y otras formas de criminalidad. Eso significaría que entre sus beneficiarios podrían estar ‘Iván Márquez’ y ‘El Zarco’, señalados por la inteligencia del propio gobierno como posibles determinadores de acciones delictivas como el atentado contra el senador Miguel Uribe.
Ahora, el Gobierno ha iniciado una campaña pedagógica para preparar el debate parlamentario. Las2Orillas ha tenido acceso a un documento en el que un equipo de asesores en materia de paz describe los aspectos fundamentales de la iniciativa.
El documento indica que el proyecto está enfocado en el sometimiento y desarme de bandas criminales organizadas, incluyendo a desertores de acuerdos de paz anteriores, como las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Además, perfila los elementos principales contenidos en sus 57 artículos. Destaca la creación de un marco jurídico especial para el sometimiento de bandas criminales y desertores, con penas punitivas y beneficios para quienes colaboren con la justicia, entreguen bienes, liberen menores y aporten verdad y reparación.
Como “población objetivo” incluye a jefes, cabecillas, mandos medios, integrantes rasos, civiles colaboradores y algunos agentes del Estado vinculados a estas estructuras. Luego, precisa el racero de las penas: para dirigentes y responsables de graves crímenes, castigos de 5 a 8 años en “colonias agrícolas” o espacios de armonización, seguidas de libertad vigilada y programas de reparación. Aquellos miembros sin capacidad de decisión tendrían penas de entre dos y cinco años.
Se prevé la posibilidad de terminación anticipada para delitos de “mera pertenencia al grupo criminal”, mientras que para los reincidentes se establecerán penas de hasta ocho a 10 años. El Clan del Golfo podría recibir un tratamiento diferenciado, con enfoque transicional, dado su control territorial y mando unificado. La decisión sobre quién accede a beneficios recaerá exclusivamente en el presidente de la República.
En relación con otro aspecto crítico, como lo es la posibilidad de que los capos conserven una parte de sus fortunas mal habidas, está contemplada la conservación de hasta un 12 por ciento de los bienes entregados. Se trata, según los autores, del reconocimiento de un esquema de segundas oportunidades para personas excluidas en procesos previos ventilados en Justicia y Paz y en la JEP.
El procedimiento judicial estaría a cargo de la Fiscalía General de la Nación, en particular la Dirección Especializada de Justicia Transicional. Por eso, no habría creación de jurisdicciones nuevas como la JEP.
Este es el Proyecto de Ley mediante el cual se establece un tratamiento penal diferenciado para el desmantelamiento y sometimiento de organizaciones al margen de la ley y reglas para la consolidación de la paz total, el orden público y la seguridad ciudadana, presentado por el Ministro de Justicia Eduardo Montealegre al Congreso el 20 de julio:
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