Ley de Amnistía en Venezuela: Un Mes de Exclusiones y Pocos Beneficios para Presos Políticos

Organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, han señalado que la Ley de Amnistía se elaboró «sin la debida consulta a todos los sectores de la sociedad», lo que devino en fallas y exclusiones en su aplicación. Acceso a la Justicia destaca como un punto positivo el efectivo acceso para perseguidos políticos en el exterior

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática cumplió el primer mes de su aprobación en la Asamblea Nacional. Si bien más de siete mil personas –según datos oficiales– han podido acceder a una libertad plena a través de este instrumento, organizaciones nacionales, mecanismos internacionales y, más importante, familiares de presos políticos han señalado las evidentes exclusiones de una normativa que no fue sometida a consulta pública con todo el espectro de la sociedad.

Los primeros días de la aplicación de la Ley de Amnistía trajeron esperanza a familiares y largas colas en el Palacio de Justicia, en Caracas, donde se ha centralizado casi la totalidad de la acción penal en casos de naturaleza política, especialmente en tribunales con competencia en terrorismo luego de la ola de detenciones tras las presidenciales de 2024.

Pasados los días, empezó el retardo para responder las solicitudes y arreció el reclamo sobre cobros indebidos, «colaboraciones» para acceder al beneficio y evidentes exclusiones de casos de naturaleza política, bajo el amparo del artículo 9 de la Ley. Ha sido la situación de decenas de sindicalistas, periodistas, militares o civiles vinculados a casos de rebelión, y algunos presos poselectorales con calificaciones distintas a las reportadas en la mayoría de las detenciones (terrorismo, asociación para delinquir, incitación al odio, obstrucción de la vía pública).

Según Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, hasta el 17 de marzo se habían beneficiado con libertad plena a 7.580 personas por la amnistía, aunque no precisó cuántas de estas personas estaban bajo medidas cautelares o fueron excarceladas gracias a la Ley. Asimismo, destacó que del total de casos evaluados por la comisión especial, solo al 24% se le ha negado su solicitud aunque tienen derecho a apelar.

En esa situación está Ricardo Astudillo y otros cinco compañeros sindicalistas condenados a 16 años de prisión. Al grupo, que fue excarcelado en 2023 a raíz de unas negociaciones por el empresario Alex Saab, les negaron su solicitud de sobreseimiento por amnistía.

«Nos la niegan con base en el artículo 9 de la Ley de Amnistía. Dicen que nos la niegan por un tuit publicado por el capitán Anyelo Heredia, lo cual nunca apareció ni tiene relación con nuestro juicio. Nosotros fuimos condenados por conspiración y asociación, pero eso de rebelión que es lo que prácticamente nos están imputando ahora al negarnos la amnistía es una locura como todo nuestro processo», señala Astudillo.

El sindicalista recuerda que agotaron todas las instancias: apelación de condena ante el tribunal, solicitud de la sentencia a la Sala de Casación del TSJ y en tribunales de ejecución. Todo fue negativo.

«Nos decían que nos largáramos del país porque no quedaba de otra que meternos presos porque no teníamos otra instancia a la cual acudir. Sin embargo, decidimos quedarnos en el país, nos pusimos a derecho, nos impusieron la sentencia y actualmente estamos en la calle, pero condenados, con todos los derechos políticos conculcados, con régimen de presentación, con prohibición de salida del país», destaca Astudillo.

Manifiesta además que, por esa consideración señalada por tribunales al negar el sobreseimiento por amnistía, ahora sean procesados judicialmente de nuevo por supuesta rebelión debido a esa «vinculación» al militar.

«Estamos siendo revictimizados en un proceso en el que tengamos que pedir perdón a los mismos verdugos. Hay un informe de la Dgcim y el Sebin donde mencionaban a Anyelo Heredia, pero en nuestro caso se desestimó totalmente en el juicio. En nuestro juicio existió un patriota cooperante que nunca apareció en el juicio, ahora rescatan algo de los disparates que dijo ese patriota cooperante y lo agarran como argumento y justificación para negarnos la amnistía», afirma Astudillo.

Amnistía, no para todos

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, lamentó en su última actualización oral que la Ley de Amnistía «se haya redactado sin la debida consulta a toda la sociedad».

La Misión de Determinación de Hechos destacó que, si bien toda amnistía es de carácter positivo, el instrumento aprobado en Venezuela no es de carácter general, fue adoptada en un plazo acelerado que impidió un proceso consultivo transparente; no reconoce la responsabilidad del Estado por violaciones a los DDHH; no contempla mecanismos de búsqueda de la verdad; y no reconoce a las víctimas, a las que se sigue «caracterizando como delincuentes».

Erasmo Bolívar, Luis Molina, María Lourdes Afiuni, Henry Alviarez, Perkins Rocha, Juan Gámez, Nakary Mena, Gianni González, Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo, César Belfort, Gabriel Jesús Barros, Juan Carlos Caguaripano, Gabriel y Juan Castellanos son algunos de los presos políticos que han hecho pública la negativa de tribunales de sobreseer sus causas por amnistía.

A otros familiares la propia defensa pública les ha dicho que desechen la idea de introducir la solicitud, pues sus casos no proceden. Esa fue la respuesta que recibieron los familiares de 15 personas, 10 hombres y cinco mujeres, detenidos en tres estados en diferentes fechas y vinculados a un caso de supuesto robo de oro y armas a una comisión del Grupo Antiextorsión y Secuestros (GAES) de la Guardia Nacional en Puerto Ordaz (estado Bolívar).

El Tribunal 1 de Juicio ha interrumpido en dos ocasiones el juicio por terrorismo, asociación para delinquir, obstrucción a la vía pública, uso de armamento de guerra y otros cuatro supuestos delitos. «En Puerto Ordaz nos niegan, nos dicen que allá no son admitidas las amnistías», dice Yesvi Sequera, hermana de Luis Alberto Sequera, quien fue detenido el 10 de abril de 2024.

Sequera, que ya había enviado la solicitud por correo electrónico a la comisión especial parlamentaria de seguimiento a la amnistía, se movilizó hasta Caracas para poder introducir la petición en persona. Resalta que los gastos para los familiares que se movilizan desde el interior del país son altos, pues deben gastar más de 100 dólares entre transporte, comida y estadía para este tipo de trámites.

¿Puntos favorables?

La organización Acceso a la Justicia, en un balance sobre la Ley, destacó como puntos positivos no solo la cantidad de personas amnistiadas hasta la fecha, aunque no se pueda hacer una verificación independiente, sino los beneficios a personas en el exterior.

Plantearon el caso de Nislee Peña, quien está fuera del país desde hace cinco años. La abogada fue detenida en 2019 por su supuesta participación en el fallido intento por conseguir que la ayuda humanitaria ingresara a Venezuela.

Peña envió a sus apoderados al Tribunal 12 de Control del Zulia para solicitar la extinción de la causa. Días después obtuvo respuesta positiva, según reportó en su cuenta de X.

Mi causa está oficialmente sobreseída. Puedo volver a mi país a abrazar a los míos, después de 5 años de huida, por 5 delitos que NUNCA debieron imputársenos.

Gracias @ForoPenal @lauravalbuenam @alfredoromero @HimiobSantome @ajmarcanom

«Porque en el evangelio la justicia de… pic.twitter.com/OPTU0f9ckp

— Nisleecita 🌷 (@Nisleecita) March 3, 2026

«Este importante precedente debería guiar a los demás jueces y fiscales para evitar incurrir en obstáculos como el impedimento para que abogados privados actúen en representación de potenciales candidatos a la amnistía, tal como han expuesto distintas organizaciones y profesionales del derecho, particularmente en casos en los que fueron impuestos defensores públicos sin respetar el derecho a la defensa previsto en la Constitución», expresó Acceso a la Justicia.

Pero la organización resaltó que estas parecen ser excepciones, pues «no se observan por parte del sistema de justicia medidas orientadas a acelerar la aplicación de la Ley de Amnistía, ni siquiera en casos humanitarios, como los de aquellos detenidos que tienen enfermedades graves o crónicas; menores de edad; personas con mayor tiempo detenidas y por ello, más afectadas por su tiempo en prisión y las condiciones de reclusión; así como otros supuestos que exigen ser tomados en cuenta de forma preferente por el simple principio de preeminencia de los derechos humanos».

La aplicación de la Ley de Amnistía, insistió la ONG, «ha dejado en evidencia las debilidades del sistema de justicia venezolano… Las exclusiones previstas en la propia ley, los obstáculos para presentar solicitudes y la falta de medidas para agilizar su aplicación han hecho que para muchas víctimas de persecución política el proceso sea lento, confuso e incluso revictimizante. Mientras tanto, quienes deberían beneficiarse de la amnistía continúan enfrentando restricciones, incertidumbre y los efectos de procesos judiciales que, en numerosos casos, nunca debieron existir».

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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