La relación entre el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador y las pandillas, especialmente la MS13, es un enigma. Desde su tiempo como alcalde de San Salvador, Bukele (según algunas fuentes) ha estado involucrado en pactos con pandillas facilitando beneficios para sus líderes, incluyendo la evasión de la extradición.
Estos supuestos acuerdos han continuado durante su presidencia, lo que ha generado críticas severas y sanciones internacionales, incluidas las del Departamento del Tesoro de los EEUU, que en diciembre de 2021 castigó a funcionarios cercanos a Bukele por estos tratos (Infobae).
Sin embargo, tras un aumento de la violencia en 2022, Bukele implementó un régimen de excepción que suspendió derechos constitucionales y dio lugar a una represión severa contra las pandillas, aunque las figuras líderes seguían disfrutando de ciertos privilegios (El Salvador Now) (InSight Crime).
Se ha reportado que líderes pandilleros, como Elmer Canales Rivera, alias «Crook», fueron liberados secretamente de prisión e incluso recibieron apoyo para huir del país (El Salvador Now) (InSight Crime) (NYT). La recaptura de estos líderes por parte de Estados Unidos ha puesto de manifiesto las tensiones y discrepancias entre los gobiernos de EEUU y El Salvador respecto al manejo de estos criminales de alto perfil.
Al otro lado del espectro político y geográfico, en Venezuela, Nicolás Maduro enfrenta acusaciones similares en su trato con los pranes, los líderes criminales que controlaban hasta principios de este año las cárceles del país desde dentro.
Informes como los de Sebastiana Barráez para Infobae han expuesto cómo el gobierno de Maduro parece haber facilitado e incluso colaborado con espectaculares fugas y operaciones criminales en cárceles como la de Tocorón.
«La toma del Centro Penitenciario de Aragua, una cárcel a dos horas de Caracas…fue una operación del conocimiento (previo) de los líderes de la banda El Tren de Aragua, que abandonaron el lugar mucho antes, a través de un túnel, con centenares de presos».
Al sur del continente un caso vuelve a mostrar coincidencias con el relato de colaboraciones reciprocas, cuando y según hipótesis periodísticas, de políticos y la propia fiscalía en Chile, el secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda en Santiago, presuntamente perpetrado por miembros de la banda el Tren de Aragua bajo órdenes políticas desde Caracas, podría estar relacionado con negociaciones pasadas que aún mantienen vínculos en el presente.
La investigación de la fiscalía chilena sugiere que dos de los autores materiales lograron fugarse de vuelta a Venezuela, sin que hasta la fecha exista una respuesta concreta por parte del régimen de Maduro sobre su detención.
Por el contrario, el representante del Ministerio Público venezolano ha enturbiado el ambiente de la investigación al calificar el hecho como una «operación de falsa bandera», asegurando que en esa supuesta acción criminal «pueden haber participado cuerpos de inteligencia de Chile y extranjeros con intereses espurios» (La Tercera) (La Mega).
Esta declaración ha generado controversia y ha sembrado dudas sobre la transparencia y la cooperación entre ambos países en el esclarecimiento del crimen.
En definitiva, las supuestas alianzas entre Nayib Bukele y Nicolás Maduro con líderes de grupos criminales, a pesar de su enconada enemistad política, revelan (si se demuestran ciertas) un patrón de pactos oscuros y compromisos cuestionables que han generado una ola de críticas y preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional, colocando a estos dos acérrimos adversarios de la política en un mismo cuadro de claroscuros.
Análisis detallados y reportajes sobre estos temas están disponibles en medios como The New York Times, El Mercurio, La Tercera, El Salvador Now, Insight Crime, La Mega e Infobae, los cuales ofrecen contextos críticos de este tipo de decisiones gubernamentales.
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