El Boeing 747-300M de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur S.A. (Emtrasur), un cuatrimotor que estuvo detenido durante más de 18 meses por las autoridades argentinas bajo la sospecha inicial de que cargaba contrabando, despegó hace pocas semanas, el 12 de febrero reciente, en el que sería su vuelo final, que lo llevó de Buenos Aires a un desguazadero para aviones en Miami.
La aeronave, con matrícula venezolana YV3531, arrastraba desde hace tiempo un historial controvertido. Aunque propiedad de la línea aérea estatal Conviasa, de la que Emtrasur es filial, antes había formado parte de la flota de Mahan Air, una aerolínea iraní bajo sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa, que la acusaban de ofrecer apoyo al terrorismo y a la desestabilización en Medio Oriente. La compañía persa había cedido el avión en 2021 a Conviasa, entonces también sancionada, un traspaso que Estados Unidos calificó de irregular y por el que en 2022 un tribunal de Washington DC ordenó su decomiso, finalmente logrado.
El avión, el único con el que Emtrasur contaba, aterrizó el 6 de junio de 2022 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, que sirve a la capital argentina. Al notar que la aeronave, procedente de México y después de sobrevolar el estuario del Río de La Plata, de Buenos Aires a Montevideo y de regreso, en una procura infructuosa de combustible, había cruzado el espacio aéreo argentino con el transponder apagado (el dispositivo usado por el avión para transmitir su ubicación), las autoridades aeronáuticas locales concluyeron que algo raro había en ese vuelo.
Así se activó un protocolo de inspección que incluía la revisión de la carga, la validación del plan de vuelo y el chequeo de la lista de tripulantes a bordo. Llamó la atención la presencia de seis hombres con pasaporte iraní entre los 19 tripulantes. El propio comandante del Jumbo Jet, Gholamreza Ghasemi, tenía lazos con la Fuerza Al-Quds, brazo armado de la Guardia Revolucionaria del régimen de los ayatolás.
Apenas unas semanas antes, el 13 de mayo de 2022, el mismo avión de Emtrasur había aterrizado en el Aeropuerto Internacional Guaraní de Ciudad del Este, la segunda más importante de Paraguay, en plena Triple Frontera con Brasil y Argentina, un punto caliente del contrabando y del terrorismo islámico. Allí la aeronave recogió un cargamento con valor de poco más de 750.000 dólares con destino a Aruba, la excolonia insular neerlandesa situada en el Caribe, a pocos kilómetros al norte de las costas de Venezuela.
Estos datos se sumaban desde Paraguay a la investigación del avión retenido en Ezeiza. Las autoridades paraguayas, que colaboraban con las pesquisas, también informaron que el vendedor del cargamento de cigarrillos embarcado en mayo de 2022 desde Ciudad del Este había sido Tabacos USA INC, una compañía hermana de Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), el máximo productor de cigarrillos en ese país del Cono Sur, señalado de abastecer el mercado latinoamericano de cigarrillos ilegales durante más de una década. De hecho, el Departamento del Tesoro de la administración de Joe Biden sancionaría poco después, en julio de 2022, a su dueño, el magnate Horacio Cartes, expresidente de Paraguay, así como a la propia empresa, designando a Cartes como una persona involucrada en actos de “corrupción significativa”. Las sanciones que Washington le impuso congelaron sus activos en jurisdicción norteamericana y le impiden volver a entrar a Estados Unidos.
En esta trama de múltiples y complejas capas de política internacional hay una conexión todavía más directa, distinta a la propiedad del avión confiscado, entre las empresas de Cartes en Paraguay y el régimen de Caracas. Mundo Factory, una empresa de crecimiento exponencial que ha pasado a ser líder en algunas categorías del mercado venezolano de cigarrillos y hace importaciones masivas de productos de Tabesa, tiene a su vez, a través de su dueño, un vínculo de parentesco con la familia presidencial de Venezuela.
Desde mayo de 2022, las autoridades paraguayas ya contaban con indicios de que la aeronave venezolana que llegó y se fue de Ciudad del Este había conseguido evadir las inspecciones para, así, transportar una carga de cigarrillos mayor que la declarada, de acuerdo con un informe de la Secretaría Nacional Anticorrupción de Paraguay al que tuvo acceso Armando.info. El documento, producido cuando la administración del presidente Mario Marito Abdo Benítez gobernaba Paraguay, deduce que “el valor y volumen transportado no justifica la operación de alquiler de un carguero, al ser una facturación de 754 mil dólares, siendo el precio de alquiler de estos aeroplanos generalmente mucho mayor [sic]”. Abdo, hoy expresidente de la nación y recientemente imputado en Asunción, lidera una facción rival de la de Cartes y del actual presidente, Santiago Peña, en el Partido Colorado, el tradicional partido hegemónico de la política paraguaya.
La carga declarada consistía en 7.088 cajas de cigarrillos de la marca Ibiza, en versiones Doble Filtro y Suave, que se montaron en el vuelo con destino a Aruba con un peso de cerca de 60.000 kilos. En Venezuela, la marca Ibiza es comercializada por el holding Mundo Factory, que desde 2018 viene desafiando el liderazgo que durante décadas ha detentado Cigarrera Bigott (parte de British American Tobacco, una de las principales tabacaleras del mundo) en el mercado nacional.
La industria tabacalera formal es uno de los mayores contribuyentes del fisco nacional. Cada cigarrillo que se vende debe pagar hasta 70% de su valor en impuestos, según la normativa venezolana. El auge del contrabando, por lo tanto, se traduce en enormes pérdidas de recaudación para el Estado venezolano, pérdidas que en 2023 habrían alcanzado unos 200 millones de dólares.
El año 2021 representó un punto de inflexión para esta tendencia. Ese año, 80% del contrabando de cigarrillos pasó por las porosas y militarizadas fronteras con Colombia, mientras el resto lo hizo desde Aruba, Curazao, y por la frontera con Brasil, según comenta Daniel Rico, experto colombiano en temas de economías criminales, en entrevista con Armando.info. El mercado venezolano se vio inundado entonces con 150 nuevas marcas de cigarrillos de contrabando y el consumo aumentó significativamente en todo el país. No fue gratuito que, mientras en 2022 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportaba una caída marcada del consumo de cigarrillos en América Latina, Mundo Factory en Venezuela cuadruplicaba sus importaciones registradas en bases de datos internacionales, que se citan más adelante en este reportaje.
Hoy, la venta ilegal de cigarrillos importados, dominada por las marcas que Mundo Factory comercializa, representa casi la mitad del mercado. “Perder 44% del mercado en un contexto como Venezuela nos obligó [a Cigarrera Bigott] a hacer una reducción dramática de nuestro tamaño mensual y tuvimos que reestructurar (…) nuestro margen de ganancia, lo llevamos al mínimo”, dijo con respecto a esta competencia desleal, Miguel Benzo, responsable de Asuntos Jurídicos y Exteriores de British American Tobacco en Venezuela. Según este vocero, Bigott tuvo que defender su posición “financiando” alguna cantidad de producción.
Los cigarrillos ilegales se pueden ver ahora en todas partes: en los mostradores portátiles de los buhoneros en el centro de cualquier ciudad, en las manos de obreros que terminan sus jornadas en la construcción, o en los quioscos de prensa que cambiaron sus viejas vitrinas de periódicos impresos por muestrarios de los nuevos cigarrillos. “Hay marcas con las que es imposible competir”, comentó Benzo.
Al reverso de algunas cajetillas de la marca Ibiza no aparece impresa la advertencia sanitaria que, por ley, deben llevar los cigarrillos vendidos en Venezuela. En cambio, solo se lee: Comercializado por Mundo Factory C.A.
En 2015, Mundo Factory, C.A. estaba domiciliada en la ciudad de Punto Fijo, al oeste de la Península de Paraguaná, en el estado Falcón. Paraguaná es una región norte-costera muy cercana a las islas de Aruba, Bonaire y Curazao, el triángulo ABC de las otrora Antillas Neerlandesas. Aunque aloja el mayor complejo refinador de petróleo en Venezuela, es una zona árida y pobre. Para superar esa postración crónica, en 1998, poco antes de que Hugo Chávez alcanzara el poder, el gobierno nacional declaró la península como una zona libre de impuestos para incentivar la actividad comercial y el turismo.
El rastro mercantil señala que, para esa época, Mundo Factory operaba en la zona libre como “prestador de servicios turísticos y comerciales conexos al turismo”, con un permiso renovado por la Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística en la Península de Paraguaná (Corpotulipa), organismo adscrito al Ministerio de Turismo. Una resolución del ente establecía que, por un año, la empresa podría dedicarse a la “compraventa de mercadería para uso personal o doméstico”. Pero en ningún momento, antes o después, habilitó a la compañía para incluir el sector tabacalero como una de sus actividades comerciales.
Según su página web, Mundo Factory es una “familia” que nació en 2014. Pero no se trata de una familia cualquiera: tiene parentesco con el más alto nivel del gobierno venezolano, la pareja presidencial.
Aunque en su portal no se menciona en ningún momento la identidad de los accionistas del holding, fuentes ligadas al sector empresarial señalan que quien actúa como su dueño es Rubén Flores, uno de los sobrinos de Cilia Flores, la primera dama o primera combatiente, según el argot chavista, e hijo de Bladimir Flores, hermano de Cilia, inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc) y quien se desempeñó como Cónsul de Venezuela en Curazao, la mayor de las islas ABC.
La “familia” Mundo Factory no produce cigarrillos; solo los comercializa. Su marca emblemática es Ibiza, en presentaciones Suave, Extrasuave y Doble Click. Pero su portafolio incluye otras menos conocidas, como Costero, Xtra, Director, Sahara y Vigo.
También ha incursionado en la venta de chimó, un tipo de tabaco de mascar que se produce desde tiempos precolombinos y que continúa siendo popular en regiones como Los Andes y Los Llanos de Venezuela.
Bajo el lema de “Por la conquista de Venezuela”, el conglomerado tiene a Mundo Factory Central, C.A. como su compañía matriz. Escasa es la información disponible sobre ella. Pero cuando se consulta a quién corresponde el número de registro fiscal que lleva, se da con este resultado: Comercializadora del Alba JGT, C.A, inhabilitada para contratar con el Estado y en proceso de descapitalización. Esta empresa fue constituida en el estado Carabobo en 2013 para el comercio de productos agrícolas y su última actividad registrada en el expediente mercantil data de 2017, según el Sistema Nacional de Contrataciones (SNC). En algún momento, entre 2017 y 2019, cambió de nombre a Mundo Factory Central, C.A.
Otra denominación del grupo empresarial aparece en una de las fotos del sitio web de la compañía, en la se ven cajas de cigarrillos apiladas con rótulos correspondientes al nombre y un número de cédula fiscal de la empresa Mundo Factory C.A. Pero ese Registro de Identificación Fiscal (RIF) que aparece en la imagen no existe para el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). Una cédula fiscal distinta aparece en las notas de entrega de uno de sus distribuidores de cigarrillos. Sin embargo, esta última declara ante el Seniat que su razón social es la “venta al mayor de enseres domésticos”, no de cigarrillos. En ningún caso los RIF asociados a Mundo Factory C.A. prueban que sea contribuyente del Seniat como comercializadora de tabacos.
El holding opera con compañías descentralizadas, registros legales independientes entre sí, pero todas bajo el mismo paraguas corporativo: Mundo Factory. Cuenta con galpones en el estado Carabobo, entidad del centro-norte del país, donde también se ubica el puerto más importante de Venezuela, Puerto Cabello. Su mercancía es repartida a través de 24 distribuidoras que cubren todo el país. Mundo Factory maneja también una fundación y un club deportivo profesional de fútbol-sala, fundado en 2022, que en 2023 alcanzó la ronda final de la llamada Liga FutVe y que vigoriza la imagen de la marca entre el público. Paradójicamente, el equipo exhibe en la camiseta el logo del organismo tributario, Seniat, como uno de sus patrocinadores.
Aunque la rápida expansión de Mundo Factory hace casi inevitable su exposición al público, todavía es poca la información abiertamente disponible sobre su negocio. En redes sociales, apenas unas pocas publicaciones denuncian que comerciantes han recibido amenazas de grupos violentos que se identifican como parte de la empresa y los obligan a comprar los productos de Mundo Factory. Esas publicaciones con frecuencia enfatizan que la empresa estaría vinculada con “la Primera Dama [Cilia Flores]”.
En bases de datos de comercio exterior, como Import Genius y Panjiva, se encuentran evidencias de la actividad de Mundo Factory como importador de cigarrillos. En 2019, por ejemplo, llegaron a su nombre 17.600 kilos de cigarrillos a Las Piedras, un puerto en Paraguaná. La carga, que se había originado en Paraguay, tenía un valor de 19.740 dólares. Ese mismo año también quedó registrada la compra que Comercializadora del Alba JGT C.A. (ahora Mundo Factory Central C.A.) hizo de un cargamento de 41.268 kilos de cigarrillos a una empresa chipriota.
En 2020, según los registros disponibles en fuentes internacionales abiertas, Mundo Factory C.A. importó casi 490.000 kilos de cigarrillos por un valor de un poco más de dos millones de dólares. Alrededor de 36% llegó de Aruba, 20% de Estados Unidos, 14% de Panamá y 12% de Paraguay. El puerto de La Guaira fue el mayor receptor de estas cargas. Algunos pocos embarques arribaron a Puerto Cabello y Punto Fijo. Los cargamentos traían cigarrillos desde orígenes tan exóticos como Vietnam, Malasia, Emiratos Árabes Unidos y Egipto. En 2021 hubo seis recepciones registradas en esas bases de datos de comercio exterior, cuyo volumen fue muy cercano al año anterior.
Una pista adicional la aporta la plataforma de comercio electrónico 52wmb, que menciona a Curazao como uno de los puertos de embarque de importaciones de cigarrillos llegadas a Venezuela a nombre de Mundo Factory durante 2022. El proveedor en este caso fue la empresa curazoleña Altac N.V., con puerto de destino en Punto Fijo. Ese año, entre los registros de las bases de datos consultadas, se pueden encontrar cargamentos para Mundo Factory por 3,1 millones de kilos de cigarrillos, valorados en 6,7 millones de dólares, que incluyen importaciones de Mundo Factory Central C.A. desde Brasil. En todo caso, estas cifras son parciales y solo ofrecen una idea limitada de las operaciones de Mundo Factory en Venezuela. Más allá de la información recabada mediante las bases de datos de comercio exterior, no hay registros que permitan calcular sus importaciones totales, el valor de sus cargas y, por tanto, el monto de la contribución fiscal que conllevan.
A la par del incremento de las importaciones de cigarrillos sin pechar, corre una cada vez mayor relajación en el cumplimiento de las regulaciones legales, sanitarias y fiscales que las leyes en Venezuela establecen sobre la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco.
En las calles de Catia, un sector popular del oeste de Caracas, los comerciantes locales y vendedores informales afirman que la distribución de cigarrillos la operan los llamados colectivos, las organizaciones de base del chavismo que, a menudo, funcionan como fuerzas de choque para controlar protestas e intimidar a la población opositora. Estos comerciantes comentaron a Armando.info que compran la mercancía a los colectivos debido a las presiones que estos ejercen. Por cierto, en Catia se encuentra la sede de Mundo Factory Caracas C.A., una de las filiales del emporio.
En Catia se ven por doquier pequeñas ventas improvisadas, con diversidad de marcas y precios, donde se pueden comprar cigarrillos al detal, cajetillas y hasta brazos, paquetes con 10 cajas. Hay cajetillas por menos de un dólar, pero las marcas de mayor calidad llegan a valer un dólar y medio. Ibiza y Costero son las favoritas, pero Carolina, una marca ilegal de origen estadounidense, que no es del grupo, resulta tan barata que no sería exagerado considerar que sale regalada. Todas las cajas de estas marcas carecen de la advertencia sobre los efectos nocivos del cigarrillo; tampoco muestran alguna garantía de calidad sobre las sustancias incluidas entre sus ingredientes, como es obligatorio presentar en los laterales del empaque. En contraste, una cajetilla de Belmont, marca insignia de Cigarrera Bigott, cuesta hasta tres dólares, el doble o más que las marcas piratas.
Armando.info intentó contactar a la empresa Mundo Factory a través de su número telefónico y el correo electrónico indicado en su página web, pero hasta la fecha de cierre de este reportaje no se había recibido respuesta alguna a la solicitud de comentarios.
En el contrabando de cigarrillos, “las rutas cambian constantemente como en el narcotráfico. No hay un solo zar del cigarrillo, es un negocio de muchos actores intermedios. El cigarrillo es como dinero en efectivo”, advierte Daniel Rico, el experto colombiano.
Sin embargo, Paraguay se ha estabilizado como un proveedor constante de cigarrillos para Venezuela. Ese pequeño país, de apenas siete millones de habitantes, aparece en la casilla 54 del ranking mundial de exportadores de cigarrillos, según los datos recopilados en el Observatorio de Complejidad Económica. Del total de su producción, 85% se destina al mercado ilegal, de acuerdo a lo reportado por el diario ABC de Asunción. En 2022, los principales destinos del exiguo 15% de exportaciones legales de cigarrillos desde Paraguay eran Surinam, Aruba, Estados Unidos, Bolivia y Curazao, en ese orden.
En 2013, luego de un interregno de cuatro años abruptamente terminado en el que Paraguay, con el obispo Fernando Lugo en la presidencia, se convirtió en miembro de la liga de gobiernos de la izquierda bolivariana, Horacio Cartes, uno de los hombres más ricos del país, se convirtió en presidente mediante elecciones libres. Así los votantes paraguayos eligieron para llevar las riendas del país a un hombre de negocios de nula experiencia política, que había hecho su fortuna con los cigarrillos, licores y deportes, entre las industrias del ocio, así como con otros negocios que abarcan la ganadería, el sector inmobiliario, los medios de comunicación, la banca y los hoteles.
Ya para entonces Cartes había sido objeto de varias investigaciones judiciales y periodísticas. Sus empresas eran repetidamente señaladas de formar parte de una red de fraude fiscal y contrabando que canibalizaba no solo el mercado legal en el país, sino en el resto de América Latina. Por ejemplo, las agencias estadounidenses contra el crimen le seguían la pista desde 2009, cuando sus empresas estuvieron en la mira de Heart of Stone, una investigación “centrada en la desarticulación y desmantelamiento de una importante empresa de narcotráfico y lavado de dinero que operaba en la Triple Frontera”, según informó el Financial Times de Londres, citando uno de los cables del Departamento de Estado filtrados en 2010 por Wikileaks. Tan temprano como el año 2000, una avioneta cargada de drogas fue incautada en una de sus propiedades rurales, lo que llamó desde entonces la atención de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). A la postre, también se le abrieron investigaciones penales por lavado de dinero en Brasil y Panamá.
A finales de 2023, un informe pormenorizado de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes del gobierno de Paraguay, fue parte de una filtración publicada por la organización periodística Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets). La fuga de información recogió casi dos gigabytes de documentos, en muchos de los cuales se describe la participación activa de Cartes en el contrabando y lavado de dinero.
Las indagaciones suelen coincidir en señalar a las Antillas Neerlandesas y, en particular, la isla de Aruba, como vértice de la ruta triangular por la que el contrabando de cigarrillos borra el rastro de su origen y se distribuye al resto del hemisferio. Precisamente, la de Aruba es una de las vías más importantes de contrabando de tabaco que siguen llegando a Venezuela.
Aunque, como presidente, Cartes no siempre estuvo en buenos términos con Nicolás Maduro, el actual presidente de Paraguay, Santiago Peña, protegido de Cartes, optó por restaurar las relaciones diplomáticas con Caracas, interrumpidas en enero de 2019 por Mario Abdo, en rechazo a la designación de Maduro como presidente reelegido tras las votaciones de mayo de 2018, a las que buena parte de la comunidad internacional denunció como fraudulentas.
Abdo todavía gobernaba Paraguay cuando, en mayo de 2022, aterrizó el misterioso 747 de Emtrasur en Ciudad del Este. El ambiente político e institucional era, por lo tanto, propicio para investigar el incidente. Las autoridades paraguayas pudieron determinar entonces que si el remitente del envío de cigarrillos había sido Tabacos USA INC, del Grupo Cartes, el consignatario en Aruba era la empresa Tabacal Free Zone N.V.
Tabacal es una de las empresas de la familia Mansur, de origen libanés, que se asentó en Aruba a finales de la década de los 80, solo después de que un par de sus miembros fuera procesado en Puerto Rico. El llamado clan Mansur amasó su fortuna como fabricante de cigarrillos y, con el pasar de los años, logró posicionarse como una de las familias más influyentes en la isla. Desde allí consiguió dominar el mercado cigarrero de las Antillas Menores y extenderse por todo el arco del Caribe.
En 2014, la unidad de investigación del diario El Tiempo de Bogotá identificó a los Mansur como unos de los aliados más cercanos del Grupo Cartes. La investigación siguió la pista a un multimillonario cargamento de cigarrillos que entró legalmente por Aruba y Curazao desde Paraguay y terminó en manos de estructuras criminales. Las facturas encontradas en esa ocasión daban fe de que los cigarrillos provenían de Tabesa, la empresa de Cartes. Miembros del clan Masur llegaron a tener nacionalidad venezolana e intereses comerciales en Maracaibo, Punto Fijo y Caracas.
Esta semana Armando.info contactó por mensajería instantánea al expresidente Horacio Cartes, exponiendo varias interrogantes pero, hasta el momento de la publicación, no se había recibido respuesta alguna.
En medio de esta maraña de conexiones y de la perturbación que para la industria tabacalera venezolana ha significado la irrupción de Mundo Factory con sus marcas, el Ministerio de Salud del régimen de Nicolás Maduro decidió en agosto de 2023 prohibir en todo el territorio nacional el uso y venta de cigarrillos electrónicos, o vapers, una medida solicitada por el propio Maduro y adoptada en definitiva por su gobierno para fomentar “la educación preventiva” y proteger a los menores de edad. Pero la disposición legal, lejos de abanderar la lucha contra el tabaco, parece destinada a empujar a la población hacia un mayor consumo de cigarrillos, mientras el mercado se inunda con el humo tóxico y de contrabando de Mundo Factory.
*Este reportaje contó con el apoyo de Lisseth Boon.
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