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La victoria de un ejecutivo en Cali: despido por epilepsia y defensa de derechos laborales

Además del sufrimiento por las convulsiones, la empresa Vitalis los retiró del cargo, pero la Corte conoció su caso, le protegió sus derechos y sentó un precedente.

El fallo lo identifica con las iniciales F.F.F.F., para proteger su intimidad, pero se trata de un trabajador que perdió un trabajo de nueve años en Cali cuando su empleador pareció cansarse de las crisis provocadas por la epilepsia que padece.

El afectado se desempeñó desde el 15 de enero de 2007 hasta el 25 de enero de 2016 como gerente de la oficina regional occidente de Vitalis S.A.S. C.I. y además de su principal problema de salud, que le fue diagnosticado en 1995, sufre también de hipertensión y está bajo tratamiento neurológico permanente.

La Corte Suprema de Justicia estudió su caso y al hacerlo sentó un precedente importante sobre el trato que las empresas le deben dar a trabajadores con enfermedades crónicas. Dejó claro que padecer un problema de esa naturaleza no le da automáticamente al afectado un fuero de discapacidad, pero despedir a alguien porque padece epilepsia, como en este caso, constituye una discriminación inadmisible.

El caso está expuesto en la sentencia SL1147 de 2026, del 29 de julio, con ponencia de la magistrada Marjorie Zúñiga Romero, de la Sala de Casación Laboral. La providencia advierte que una discriminación así no se arregla solo pagando una liquidación.

En noviembre y diciembre de 2015, “F” sufrió crisis epilépticas en el trabajo. Una de ellas estuvo acompañada de fuertes convulsiones y le generó una incapacidad de dos días. El 29 de diciembre de 2015, la misma empresa le hizo un examen ocupacional. El resultado quedó por escrito. El paciente resultó “apto” con alteraciones que no afectan su desempeño laboral, con la única restricción de no hacer trabajo en alturas ni conducir vehículos.

Menos de un mes después, el 25 de enero de 2016, “F” fue despedido sin justa causa, aunque recibió la indemnización prevista en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. El argumento del empleador fue el de una “reorganización interna.”

El Juzgado 15 Laboral de Cali ordenó reintegrarlo. Pero el Tribunal Superior de Buga revocó esa decisión y absolvió a la empresa. Su razonamiento fue el que muchas empresas han usado durante años. La corporación dijo que como el trabajador no tenía una calificación de pérdida de capacidad laboral ni una incapacidad vigente al momento del despido, no estaba en situación de discapacidad y, por tanto, no tenía ninguna protección especial.

La Corte Suprema le dijo al Tribunal que se equivocó y explicó que en Colombia existen dos protecciones distintas, que no se deben confundir. La primera es la estabilidad laboral reforzada por discapacidad, que está en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Para que aplique, hay que probar una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a mediano o largo plazo que, al interactuar con barreras del entorno, impida participar en igualdad de condiciones.

En este caso, un despido necesita autorización del Ministerio de Trabajo y, si se hace efectivo sin ella, hay una indemnización adicional de 180 días de salario.

Vitalis es una compañía farmacéutica de origen colombiano, que pertenece al Grupo Sanfer.

La Corte solo estuvo de acuerdo con el tribunal en que la enfermedad no representa automáticamente discapacidad. La calificación de pérdida de capacidad, las incapacidades y las restricciones no son requisitos obligatorios, pero sí son elementos que ayudan al juez a valorar si realmente había una deficiencia.

En criterio de la Corte, existe una segunda protección, autónoma e independiente de la primera y es la prohibición de despedir por una discriminación relacionada con una condición de salud.

La providencia explica que esa prohibición nace del artículo 13 de la Constitución, sobre el derecho a la igualdad; del Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, y en este caso, de una ley especial que muchos habían olvidado: la Ley 1414 de 2010 o “ley de epilepsia.”

Esa ley prohíbe cualquier acto discriminatorio contra quien padece esa enfermedad y deja sentado que no se trata de un impedimento para postularse, acceder a un empleo y desempeñarse laboralmente.

La carga de la prueba

De acuerdo con el fallo, no hay una presunción legal automática como en el fuero de discapacidad. El trabajador no tiene que demostrar con una prueba directa que el jefe lo despidió porque por ser epiléptico, porque algo así casi nunca queda por escrito.

Basta con que aporte hechos o indicios que permitan comprender fácilmente que su salud influyó en la decisión. Por ejemplo, que el empleador conoce la enfermedad, que hay una cercanía en el tiempo entre las crisis y el despido, que el examen ocupacional lo declaró apto, que no se activaron programas de salud ocupacional o que la empresa no prueba con documentos los criterios objetivos de la supuesta reorganización.

Si eso ocurre, le corresponde al empleador, que está en mejor posición para probar, de manera objetiva y verificable, que la selección del trabajador obedeció a razones fundadas y ajenas a su salud. Las simples afirmaciones genéricas de reorganización no bastan.

En este caso, la Corte encontró esos indicios con claridad. Además de darle credibilidad a los hechos descritos por el afectado, reprochó el hecho de que la empresa negó conocer la enfermedad pese a tenerla documentada en su propio examen ocupacional. Pese a ello el programa de vigilancia epidemiológica no se activó para “F”. El empleador tampoco probó la reorganización invocada como argumento central.

Después del despido, Colpensiones le reconoció al trabajador una pensión especial de vejez anticipada por invalidez desde el 28 de noviembre de 2016, con una pérdida de capacidad laboral del 50 por ciento. Por eso ya no era viable reintegrarlo físicamente.

La Corte entonces no ordenó el reintegro material, sino un equivalente en dinero. Vitalis debe pagarle una suma equivalente a los salarios y prestaciones sociales que habría percibido desde el 25 de enero de 2016 hasta la ejecutoria de la sentencia, a título de reparación por despido discriminatorio, más los aportes a pensión entre el 25 de enero y el 27 de noviembre de 2016. La Sala de Casación Laboral dejó también en claro que en este caso no aplica la indemnización de 180 días de la Ley 361, porque esa es propia del fuero por discapacidad, que no fue acreditado. La reparación nació de la prohibición autónoma de discriminación.

Periodistas

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