La tragedia en Texas: Negligencia gubernamental y el impacto del cambio climático en desastres naturales

Durante el fin de semana del 4 de julio, devastadoras inundaciones arrasaron el corazón de Texas, cobrando la vida de al menos 120 personas, entre ellas 36 niños, y con el número de víctimas aumentando día tras día. En tan solo 45 minutos, el río Guadalupe se elevó 26 pulgadas, destruyendo pueblos enteros, viviendas familiares y campamentos. Pero esto no se trata solo de cifras: se trata de niños, padres, vecinos y seres queridos cuyas vidas fueron arracadas en un instante.

Esta tragedia no fue únicamente el resultado de un evento de clima extremo, sino también de un fracaso de liderazgo. Fue una catástrofe agravada por los efectos del cambio climatico y convertida en una pesadilla aún más letal por decisiones políticas marcadas por la ignorancia deliberada y un negacionismo ciego, cuando lo que se necesitaba era visión, preparación y protección.

Desde hace años, la ciencia ha sido clara: una atmósfera más cálida retiene mayor humedad, lo que intensifica las lluvias y aumenta la frecuencia y gravedad de las inundaciones. Un estudio reciente demostró que las condiciones meteorológicas actuales en Texas, especialmente en la región de Hill Country, han incrementado la precipitación diaria hasta en 2 milímetros y ha elevado las temperaturas promedio en 1.5 grados centígrados. Estos cambios, impulsados por el cambio climático, han hecho que la región sea más propensa a lluvias repentinas y de alto impacto, como las que acabamos de presenciar.

Sin embargo, mientras los riesgos aumentan, las acciones del gobierno federal han ido en la dirección contraria. La administración Trump ha desmantelado programas esenciales para la preparación ante desastres y la resiliencia climática. Recortaron el presupuesto del Servicio Meteorológico Nacional, dejando sin expertos a oficinas clave que son fundamentales para anticipar emergencias. Redujeron el lanzamiento de globos meteorológicos, lo que ha comprometido la precisión de los pronósticos. Incluso cancelaron el programa de subvenciones BRIC de FEMA, una herramienta clave para la prevención y mitigación de desastres, incluyendo $50 millones concedidos a la ciudad de Austin, Texas, que se esperaba que ayudaran en los esfuerzos de mitigación de inundaciones. Y como si fuera poco, han propuesto eliminar FEMA por completo después de esta temporada de huracanes.

Mientras las aguas crecían y las familias imploraban ayuda, FEMA se vio paralizada por una nueva normativa impuesta, que exige su aprobación personal para cualquier contrato mayor a $100,000, retrasando así la llegada de asistencia vital cuando cada segundo contaba.

El senador Ted Cruz le sigue muy de cerca, quien se encontraba de vacaciones en Grecia, al otro lado del mundo y no en Texas ayudando a sus constituyentes. Esto a pesar de que sus decisiones como representante electo repercuten en la tragedia que está viviendo su estado. Cruz fue uno de los senadores que votó por recortar $150 millones destinados a la investigación sobre predicción meteorológica.

No podemos seguir actuando como si estas decisiones no tuvieran consecuencias. Las tienen. Y son devastadoras. Niños murieron en campamentos mientras los mismos líderes que dicen proteger los «valores familiares» desmantelaban los sistemas diseñados precisamente para mantener a nuestras familias a salvo.

Los datos muestran que los daños por inundaciones en el interior del país están aumentando, y se prevé que las pérdidas por inundaciones en Texas aumenten un 47 % para 2050. Estas cifras no son solo proyecciones, sino una advertencia. La administración Trump está destruyendo precisamente la infraestructura destinada a protegernos.

Yo sé lo que se siente al ver el agua subir y preguntarse si llegará la ayuda a tiempo. He abrazado a mis hijos intentando protegerlos de ese miedo. Ningún padre debería tener que pasar por lo que hoy enfrentan las familias del condado de Kerr. Y ninguna comunidad debería quedar tan expuesta, tan abandonada.

Lo que necesitamos es liderazgo con responsabilidad. Necesitamos políticas públicas fundamentadas en evidencia cientifica. Necesitamos inversión sostenida en pronósticos, infraestructura y resiliencia climática. Y sobre todo, debemos exigir cuentas a cada funcionario electo que nos ha dejado más vulnerables ante una crisis que no deja de crecer.