La sargento presa por una llamada que no hizo

El 10 de septiembre de 2022, la sargento de la Infantería de Marina Vicmarys Oropeza estaba de guardia del servicio nocturno en el comando del Grupo de Artillería Autopropulsada “Mariscal Juan Crisóstomo Falcón”, ubicado en la base naval de Punto Fijo, estado Falcón. Ella era la encargada del área administrativa del comando, así que entre las 9:30 pm y las 11:30 pm, pasó revista a los dormitorios de las tropas, al galpón para contar todos los vehículos, al área perimétrica, al área externa del parque de armas y en los puestos de guardia. Al culminar, Vicmarys dejó su reporte en el libro de novedades y fue a los dormitorios para despertar al personal de la guardia del segundo turno nocturno. Mientras esperaba al relevo, ocurrió un apagón.

“Se fue la luz otra vez”, pensó Vicmarys.

Pero no fue cualquier apagón: a poco más de 11 kilómetros del comando, hubo una explosión en la planta termoeléctrica “Josefa Camejo”.

De acuerdo con ladeclaración de Víctor Clark, gobernador de Falcón, dada esa misma madrugada, la causa de la explosión fue un ataque al tendido de alta potencia y al sistema de servicios auxiliares que dejó tres turbinas termoeléctricas fuera de servicio. Dos individuos fueron detenidos en flagrancia y heridos de gravedad por las quemaduras tras la explosión. Para Clark fue una acción criminal, otro ataque al Sistema Eléctrico Nacional.

Los tres municipios de la península de Paraguaná quedaron sin servicio eléctrico durante dos días.

En la mañana del 12 de septiembre de 2022, dos funcionarios y una funcionaria de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) llegaron al comando de la base naval. Se llevaron Vicmarys a la sede de la DGCIM de Punto Fijo para interrogarla, pero no la interrogaron, solo tomaron sus datos personales y la devolvieron al comando al día siguiente, el 13 de septiembre. Tres días después, los mismos funcionarios de la DGCIM volvieron al comando con una orden de aprehensión: se llevaron a Vicmarys a la DGCIM otra vez. Luego la llevaron al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) de Punto Fijo para reseñarla y la regresaron a la DGCIM, donde permaneció detenida hasta el 18 de septiembre.

Nadie le explicó el motivo de su detención.

Ese 18 de septiembre, Vicmarys fue trasladada a la sede de la DGCIM de Boleíta en Caracas sin notificar a su familia y una vez que su mamá logró llegar desde Punto Fijo hasta esta sede, le negaron que su hija estaba recluida allí. Pero Vicmarys estaba en una celda sin colchoneta, con luz y aire acondicionado encendidos las 24 horas. Aunque siempre recibió agua y comida, no le permitieron bañarse durante dos días y varias veces la amenazaron con que le darían 50 años de cárcel.

El 21 de septiembre, Vicmarys fue presentada ante el juez Carlos Liendo del tribunal segundo de control con competencia en delitos de terrorismo. Ese día, ella supo la razón de su detención: los dos heridos tras la explosión fallecieron y habían tratado de robarse unos cables de la planta termoeléctrica para venderlos como habían hecho anteriormente con otros materiales. En el Escrito de Acusación del fiscal Jean Karin López dice que Vicmarys hizo una llamada telefónica a “Toto”, el hermano de unos de los fallecidos y encargado de vender los materiales robados.

Pero la llamada nunca ocurrió, porque Vicmarys no sabe quién es Toto. Ella no trabajaba en la planta termoeléctrica, sino en la base naval y en el momento de la explosión en la planta, ella estaba de guardia en la base.

Sin vaciado de su celular para demostrar la versión de la fiscalía, Vicmarys fue imputada por los delitos de terrorismo y asociación para delinquir. Así, de acuerdo con el conteo de la ONG Foro Penal, ella es una de las 25 mujeres detenidas por razones políticas en Venezuela.

El 5 de octubre de 2022, Vicmarys fue trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, a más de 480 kilómetros de su casa en Punto Fijo. Allí permanece detenida desde entonces, mientras su juicio ante la jueza Alejandra Romero del tribunal tercero con competencia en delitos de terrorismo apenas comienza.

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