La Lucha por la Libertad: Familias en Vigilia Fuera de Zona 7 en Caracas

Cuando llegaron aquí hace días, casi ninguna se conocía. Algunas dicen que vinieron porque, tras el anuncio de Jorge Rodríguez, corrió un dato entre quienes tienen familiares presos políticos: que a la Zona 7, presuntamente, habían trasladado a personas que estaban en la sede de la Policía Nacional Bolivariana de La Quebradita, en el oeste de Caracas.

La Hora de Venezuela

Luego de que el 8 de enero Jorge Rodríguez dijera que “un grupo importante” de detenidos serían excarcelados, familiares de presos políticos se dirigieron a distintos centros de reclusión con la esperanza de que sus seres queridos pudieran volver a casa. Un grupo —casi todas mujeres— se plantó a las afueras de Zona 7, en Boleíta. Y allí siguen, durmiendo en carpas, en un improvisado campamento por la libertad.

Primero fueron cinco carpas. Ahora son más de 10. Aquí, a las afueras del Centro de Control y Resguardo del Detenido de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) —conocido como Zona 7—, hay personas que pasan el día y la noche. Aguantando sol, lluvia, el frío de estas madrugadas de enero. Hay hombres, pero la gran mayoría son mujeres. Madres, esposas, primas, hermanas, hijas… Todas esperan que sus parientes —presos políticos supuestamente recluidos allí— sean excarcelados.

O que al menos les permitan verlos, darles un abrazo, algo de comida.

Este campamento es una caja de resonancia de muchas voces llenas de angustia.

Esas voces se han hecho sonar con más fuerza desde este 8 de enero. Ese día, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que sería excarcelado un “número importante” de detenidos. Entonces los familiares vinieron a comprobar si tal anuncio era verdad. Deseando, por supuesto, que su gente fuera parte de ese “número importante.”

¿Era una lotería?

¿Quiénes serían los afortunados en recuperar su libertad?

Ahora es viernes 23 de enero (justo hoy Venezuela recuerda el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, 68 años atrás, y el regreso a la democracia). Las mujeres que están plantadas en esta calle de Boleíta, a las afueras de Zona 7, en Caracas, representan a 36 familias. Son testigos de que la represión es un gran pulpo que ha movido sus enormes tentáculos por toda Venezuela: hay casos de Monagas, Sucre, Miranda, Zulia, Caracas… No es necesario preguntar de dónde vienen, sus acentos diversos revelan sus lugares de procedencia.

Cuando llegaron aquí hace días, casi ninguna se conocía. Algunas dicen que vinieron porque, con el anuncio de Rodríguez, corrió un dato entre quienes tienen familiares presos políticos: que a la Zona 7, presuntamente, habían trasladado a personas que estaban en la sede de la Policía Nacional Bolivariana de La Quebradita, en el oeste de Caracas.

¿Era verdad?

No sabían. Pero aquí llegaron y aquí se quedaron, aferradas a ese dato.

Una de ellas es alta y de pelo rubio. Su nombre es Evelis Cano y ha terminado convirtiéndose en la vocera del grupo:

—Me avisan si se acabaron las tizas; yo tengo más en mi bolso —dice desde un banquito de plástico, poco antes de que arranque la vigilia de esa noche.

Da indicaciones para que plasmen sobre el asfalto los nombres de todos los presos, porque siente que hacer esa lista —remarcar cada nombre en el suelo— es una forma de protesta pacífica.

Quizá es la primera vez que se sienta en horas. Ha pasado el día recibiendo donativos, haciendo llamadas, tratando de brindar contención a otras madres, ideando mil formas de protesta pacífica, hablando frente a las cámaras. Se le han ocurrido performances para visibilizar lo que viven aquí. Lo último que hizo fue encadenarse a la reja del centro de reclusión.

—Me voy a encadenar, no aguanto más. Estoy desesperada, estoy dispuesta a morir. Se burlan de nosotros, ¡ya basta! —dijo, ya desesperada ante la ausencia de información certera.

Luce cansada.

Por las noches, se echa una cobija encima y duerme, o hace el intento, frente a los piquetes de la policía.

Está aquí por Jack Tantak, su hijo, un comerciante de 31 años que fue detenido el 27 de noviembre de 2025 y acusado de terrorismo y traición a la patria presuntamente por vender un vehículo a un dirigente opositor. Evelis cuenta que él llegó a su concesionario, ubicado en Charallave, estado Miranda, y funcionarios de la PNB lo arrestaron sin orden de captura.

Su historia es similar a la del resto. La diferencia es que en alguno de los otros relatos cambia el cuerpo de seguridad implicado. El Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la División de Investigación Penal (DIP) de la PNB… Muchos no saben quién se llevó a su hijo, a su esposo, a su hermano, a su padre…

“A mi hermano lo fueron a buscar unos hombres vestidos de negro y encapuchados. Lo único que saben los vecinos es que estaban armados y en una camioneta negra”, cuenta Coromoto Hernández sobre José Gregorio Hernández Polo, detenido a finales de noviembre de 2025 en el estado Zulia.

Para ella, apostarse en la acera fue una forma de contrarrestar el miedo.

La madrugada del 20 de enero, Coromoto vio en las noticias que al parecer su hermano estaba muerto. El pánico se apoderó de todos en casa, porque sabían que poco antes, el 10 de enero, aquí en Zona 7 había fallecido Edison Torres Fernández, un policía de Portuguesa acusado de traición a la patria y asociación para delinquir.

Coromoto se quedó aquí, esperando que le confirmaran —o negaran— la información, sin que nada pasara: “No sé nada de él”, lamenta.

Hasta el 20 de enero, el Comité por la Libertad de Presos Políticos reportó 200 nuevos casos de detenciones y desapariciones forzadas. No es que fueran “nuevos”. Lo que sucedió fue que familias que antes no habían denunciado por miedo a represalias, persecución y desconocimiento, ahora sí querían hacerlo. Algunos habían hecho intentos en vano de buscarlos por su cuenta. Entonces el anuncio del “número importante” de excarcelaciones en marcha fue el punto de giro: atrás dejaron la pena, el miedo. Y aquí están ahora, con franelas que llevan estampadas los rostros de sus familiares.

Una de ellas es Berlis González.

Mientras otras rezan en voz alta, ella ora en silencio. La palabra libertad le hace soltar las lágrimas. Es la mamá de Arturo Pacheco, un funcionario del Sebin de 29 años, que fue detenido junto a otros tres compañeros el 19 de noviembre de 2025. Desde ese día, Berlis no supo más de él. Lo buscó en las sedes del DIP, denunció en el Ministerio Público.

Y nada, no sabe nada.

—Fui al Palacio de Justicia y me explicaron que no había sido presentado. No sé por qué está detenido, por qué lo están investigando, cuál es el cargo que le imputan. No sé cómo defenderlo porque no sé nada. Uno de sus compañeros me dijo que se lo llevaron, como para que yo estuviera al tanto. Nada más.

Esperar a las afueras de la Zona 7 las ha obligado a despojarse de la vergüenza. El baño es una esquina y un tobito. La ducha está en un edificio cercano. Andan en cholitas y medias, porque así descansan mejor los pies. No hay platos ni vasos de vidrio. Usan utensilios de plástico. Comer es casi un trámite necesario. Barren la calle, la basura tiene su lugar. Se turnan para cuidar la mesa donde almacenan los donativos. Y reciben con calidez a cualquiera que se acerque con la inquietud de saber si su hijo, primo, hermano o esposo está allí.

Todo eso ocurre ante la vista de piquetes de policías que se rotan hasta cuatro veces al día. Lo que pasa es registrado por múltiples cámaras. Las de los celulares de ellas, que documentan cualquier situación, y las de los policías, que desde el otro lado las graban todo el día.

—Esa es otra vulneración a nuestra privacidad, pero lo más importante ya nos lo quitaron. Está allá adentro —comenta una de las mujeres.

No se mueven de aquí. Tienen un acuerdo tácito de permanecer. No saben si es la fe, la insistencia, el no moverse o el instinto, pero están convencidas de que estar aquí es lo correcto.

Es que tampoco hay otro lugar a donde ir. Reyes Flores es madre de Bruno Juárez y vecina de Gabriela Montes, quienes fueron detenidos el 3 de noviembre de 2021 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. A él, por ser pariente de Angélica Flores, esposa de El Pollo Carvajal —exjefe de inteligencia militar de Venezuela, quien se declaró culpable de cargos relacionados con narcoterrorismo y narcotráfico ante una corte federal de Estados Unidos—; y a ella, por ser la niñera de los hijos de él: fueron condenados a 30 años —la pena máxima en Venezuela— por los delitos de terrorismo, conspiración y asociación para delinquir.

Reyes carga un cartel con fotos de sus rostros. Ambos se ven jóvenes y fuertes.

—Ya ellos no son así —dice ella con los ojos aguados e insiste en que son inocentes—. Tú lees ese expediente, lo revisas y ahí no hay nada.

Cada uno paga su condena en penales distintos y distantes. Bruno está en La Yaguara, en Caracas, y Gabriela en un centro de reclusión de San Juan de Los Morros, en el estado Guárico. A su hijo lo visita cada 10 días (no puede hacerlo con más frecuencia porque no tiene cómo cubrir el pasaje desde Guacara, estado Carabobo, donde vive). A Gabriela no la ha visto en meses.

—Yo decidí venir para acá porque donde está Bruno no hay nada de esto. O sea, no hay nadie exigiendo, protestando. A mí me metieron miedo: que si hacía bulla, podía ir el gobierno a llevarme a mí, a mis hermanos, a mis sobrinos. Eso era un tormento, pero ya no.

Nunca antes se había quedado en una carpa.

Aquí consiguió comprensión y compañía.

—Esto es duro. Es duro este proceso. Los amigos tuyos se alejan para que tú no les pidas dinero. A veces te miran y dicen: “Mira, ¿y el muchacho?”. En cambio aquí, si tú necesitas algo, cualquiera te dice: “Aquí tengo”. Hace rato alguien necesitaba un marcador y lo saqué de mi bolsillo y se lo di. Uno se ayuda así.

Con la información extraoficial que les ha llegado, han ido construyendo su propia lista de encarcelados en este recinto. En dos hojas engrampadas, tienen los nombres de mujeres y hombres, los mismos que han escrito en el piso con tiza para que nadie olvide lo que ocurre.

Días después, el campamento se mantiene.

Ahora es 27 de enero. Quizá como resultado de la insistencia, de la permanencia, de la fuerza de esta protesta, hoy les han permitido entrar a ver a sus presos. Las hicieron ponerse camisas blancas y jeans, y las dejaron entrar en grupos pequeños.

Berlis esperó a ver si algún funcionario nombraba a su hijo, pero no, nunca dijo “Arturo Pacheco”, así que ella no ingresó. ¿Será una señal de que no está allí dentro? La esposa de José Gregorio Hernández Polo sí pudo pasar (fue así que la hermana de él, Coromoto, supo que estaba vivo, pero delicado de salud).

Fueron 10 o 15 minutos los que duró la visita. Poquísimo tiempo, pero que funcionó como fe de vida. Hasta les permitieron llevarles comida. “Ni con las chucherías pusieron restricciones”, dice sorprendida Yaxzodara Lozada, esposa de Joel Bravo, un funcionario del DIP detenido el 17 de noviembre de 2025. No se habían visto hasta ese día.

Yaxzodara se encontró con un hombre más delgado, nervioso, ansioso. Le contó que le imputaron los cargos de asociación para delinquir, traición a la patria y financiación para terrorismo.

“Tranquiliza un poco porque sabemos que están vivos, pero no es fácil dormir sabiendo las condiciones en que están”, dice al salir.

Un día después de ese primer reencuentro, les permitieron entregar alimentos nuevamente: “¿Será que los quieren engordar?”, se ha preguntado.

Ella y Joel tienen dos hijos, un niño de 1 año y una adolescente de 14 que ahora están al cuidado de su abuela materna.

—Voy a esperar más días aquí —dice—. Cuando regrese a verlos, les diré que vi a su papá. Porque esta es una buena noticia que les quiero decir en persona.

Claro que guarda la esperanza de llegar a casa con él.

Epílogo

El Ministerio Público indicó en su último reporte que desde el 25 de diciembre de 2025 habían sido excarceladas 600 personas. Pero las ONG que hacen monitoreo y acompañamiento tienen otras cifras. Por ejemplo, Justicia, Encuentro y Perdón confirmó 294 excarcelaciones, desde el 8 hasta el 28 de enero; mientras que el Foro Penal contabiliza 297 en el mismo periodo y asegura que todavía hay 700 presos políticos tras las rejas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de información desde dentro del país.