La justicia puede truncar la candidatura presidencial de Camilo Romero: Irregularidades en contrato de licores

El exgobernador de Nariño deberá alternar su campaña con audiencias en la Corte Suprema por supuestas irregularidades en un contrato con la Licorera de Nariño.

Durante ocho años, Camilo Romero Galeano ha llevado la pesada carga de un proceso penal que en octubre próximo lo llevará a juicio. Mientras tanto, cumplió su gestión como gobernador de Nariño, desempeñando la misión diplomática como embajador de Colombia en Argentina y logró posicionarse en el partido de la contienda por la presidencia de la República en 2026.

Es un comunicador social hábil y en 2017, cuando estalló la crisis por la posible comercialización ilegal de licores en su departamento, convenció a sus gobernadores de que se trataba de un ataque malicioso contra su modelo de “gobierno abierto”, único en la administración pública colombiana. Así lo indicaban las encuestas que lo situaban como uno de los tres gobernadores más populares del país.

El 27 de abril de ese año, una comisión especial del CTI llegó sorpresivamente a la sede del Palacio de Gobierno de Nariño. Los agentes ordenaron a los funcionarios que trabajaban a esa hora que suspendieran el uso de sus computadoras y embalaron en bolsas de seguridad documentos, ordenadores y discos duros. Allí mismo, comenzaron a recibir testimonios de todos los que hubieran tenido que ver con el trámite de uno de los mayores contratos firmados por la administración para la comercialización de licores.

Tras comprobar que el empresario Richard Portilla formaba parte de la lista de financiadores de la campaña que en 2015 llevó a Romero a la gobernación, los investigadores quisieron confirmar si el gobernador había modificado las condiciones para la operación de un contrato de comercialización de licores para adjudicarle a él un contrato por $18.000 millones con ese propósito.

«Yo recibí a la comisión y al final me enteré por uno de los funcionarios que el gobernador y yo éramos los señalados porque yo firmé el contrato en calidad de gobernador encargado», recuerda Mario Benavides, el entonces secretario de Hacienda.

El gobernador Romero no estaba allí en el momento de la diligencia judicial que los medios calificaron como un allanamiento, pero cuando se enteró viajó de inmediato a Bogotá para presentarse ante la Fiscalía y denunciar que se trataba de una violación a su fuero como mandatario y la inmunidad natural de una sede del gobierno.

El proceso ha sido accidentado y prolongado. Cuando su abogado de confianza dejó de asistir a algunas diligencias, la justicia le asignó una defensora pública de oficio, aunque las decisiones de fondo tardarían en llegar. Al concluir su periodo, Romero, originario del partido verde, se acercó a la campaña de Gustavo Petro y fue uno de los principales impulsores de la coalición que garantizó el triunfo del actual presidente de la República.

El testigo que se volvió en su contra

Pedro Andrés Rodríguez Melo, uno de los amigos más cercanos al exgobernador y exembajador, se volvió en su contra. Romero lo había recomendado para el cargo de asesor de la dirección de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo cuando Olmedo López estaba al frente de la entidad.

Cuando Rodríguez Melo se vio involucrado en el escándalo que estalló al revelarse que la Unidad era la “caja” para pagar sobornos a congresistas a cambio de apoyo a los proyectos del gobierno, solicitó acogerse a un esquema de colaboración.

Desde entonces no solo ha afirmado que Romero fue quien lo introdujo al cargo, en un posible tráfico de influencias, sino que puede ayudar con pruebas dentro del proceso por el caso de los licores. Según él, la adjudicación del negocio le fue garantizada, efectivamente, a Portilla como parte de un compromiso adquirido con él para recompensarlo por haber asistido a la campaña de Romero con dinero y aportes en especie.

En términos del testigo, se estructuró un esquema de manipulación normativa y administrativa que permitió direccionar la adjudicación a favor de Portilla, representante de la Organización de Licores de Nariño S.A.S. El negocio era significativo porque incluía la comercialización de 80.000 cajas de licor, en detrimento de otros proponentes que cumplían mejor los requisitos. De hecho, el proceso de selección, obligatorio por ley, fue abolido.

Los cargos contra Romero son falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y asociación para la comisión de un delito.

En este proceso, también está siendo investigado Mario Fernando Benavides Jiménez, gobernador encargado de Nariño que atendió la diligencia. Las audiencias del juicio están programadas para el 20, 21, 22 y 23 de octubre de 2025.

El juicio podría coincidir con la vinculación de Romero en el caso de la Unidad de Gestión de Riesgo, donde su presunto recomendado Rodríguez Melo habría recibido $1.000 millones como especie de comisión dentro del círculo de pagos de coimas.

Rodríguez Melo busca que le sean retirados algunos delitos a cambio de su colaboración y ha aceptado cumplir cuatro años de prisión.

El exgobernador defiende a toda costa su inocencia y asegura que desde las sombras de la ignominia hay quienes mueven los hilos de una trama para frustrar su presente y futuro politico.