La danza del Alto Gobierno con Gustavo Roosen

El aquelarre comienza con una víctima sonrojada en el centro del salón. Un vicepresidente de la República, un ministro de Defensa, un ministro de Información, y cierra el círculo de conjurados, el secretario general de uno de los partidos que soportan al Gobierno nacional. En el centro Gustavo Roosen, presidente de CANTV.

CANTV es parte de un consorcio (SBC) que se encarga de la automatización del proceso referendario. De febrero a esta parte, el Gobierno no había señalado a la telefónica para nada, ni para bien ni para mal. Más bien había defendido a sus socios en SBC, las firmas Smartmatic y Bizta, que son la misma cosa mercantil.
Pero ahora el Gobierno se encuentra ante serias disyuntivas. Las empresas que ha contratado el CNE, de la mano del rector Jorge Rodríguez, no garantizan, no sólo la pureza y fluidez del acto referendario, sino el acto mismo del 15 de agosto. Ni las máquinas de votación ni las máquinas capta-huellas, han logrado convencer ni al Gobierno ni a la oposición de que son capaces de dar pie con bola.

El simulacro de hace un par de semanas develó serias insuficiencias. El cronograma muestra evidencias de retrasos irrecuperables. Los fondos no han manado con la velocidad que requerían los contratistas. Muchas de las piezas tecnológicas no cuadran, así como los tiempos necesarios para llevar adelante el ensamblaje. El plan de entrenamiento intensivo de operadores anda a medio camino. Ni las máquinas ni las antenas satelitales han sido programadas aún. El registro electoral definitivo no ha sido culminado. En la azotea del edificio de la Universidad Bolivariana, en Los Chaguaramos, se balancea un inmenso globo con un grandioso y desafiante NO, en lugar de un telepuerto satelital.

El Gobierno, a quien le aseguraron que con esa plataforma ganaría el referéndum, se desespera. Pero no ha dicho una palabra sobre los atascos de Smartmatic, ni sobre la inviabilidad de la propuesta de Cogent Systems-Gilat Satellite Networks, ni sobre las denuncias de graves discordancias entre los precios pactados por el ente rector y los precios de mercado para una misma tecnología. El Gobierno se enceguece ante el abismo a que ha sido llevado por sus tutelados en el CNE.

Y como siempre sucede, corre detrás del venado equivocado, en este caso CANTV. Le acusa, primero por la vía oficiosa del atorrante Albornoz, el del PPT, y luego, desde el sub-podio de la revolución, en boca de José Vicente Rangel. ‘Forma parte de una trama que procura un fraude electrónico’, eso es lo que cree.
El Gobierno hace seguimiento policial a sus ejecutivos y técnicos, le pincha los teléfonos a los telefónicos. Le juzgan socio, también, de la trilogía Súmate-Intesa-CANTV. El Gobierno le recuerda que es accionista privilegiado de esa corporación. Le recuerda los grandes beneficios que ha logrado con instituciones oficiales, ante su gorda y generosa vista.

Ése es el aquelarre a que ha tenido que asistir Gustavo Roosen esta semana. Se demostró una vez más que las reconvenciones no las hace el comprador de servicios, sino el dueño de la batuta.