En el Grand Hotel de Estocolmo, donde solía alojarse la primera dama Verónica Alcocer antes de instalarse en el centro de la ciudad, se dio por lo menos una reunión social entre diplomáticos colombianos y ejecutivos de la firma Saab, compañía que le vendió al país una moderna flotilla de aviones de guerra que les costará a los contribuyentes más de $16 billones.
Coincidencias de ese tipo han desatado suspicacias que ahora opositores al gobierno Petro buscan convertir en evidencias para sustentar sus denuncias de corrupción en la operación de gasto militar más grande en la historia del país.
Su estrategia ha consistido en unir dos puntas de escándalos recientes. De un lado, la lujosa vida que, según la prensa sueca, lleva en Suecia la señora Alcocer y, de otro, los presuntos sobrecostos en la compra de las naves Gripen JAS 39 E/F, impulsadas por motores norteamericanos General Electric F414.
Una carta enviada a la Unidad Anticorrupción de Suecia por Camilo Enciso, secretario de Transparencia durante el gobierno de Juan Manuel Santos, recuerda que esta no sería la primera vez que Verónica Alcocer tendría interés en las compras de equipos militares por parte del gobierno de su esposo.
Basado exclusivamente en registro de prensa, Enciso recreó un episodio ocurrido en 2023, cuando el general (r.) Ricardo Díaz, exjefe de Inteligencia del Ejército y saliente de viceministro de Defensa dijo haber rechazado una coima de $700 millones para favorecer a “un país extranjero indeterminado” en la compra de tres helicópteros.
Díaz mencionó entonces como posible intermediario en el intento de soborno al coronel Eduardo Mejía, también retirado, quien trabajaba para Camilo y Ángela Benedetti, hermanos del ministro del Interior Armando Benedetti. El viceministro dijo haber oído con insistencia que en ese negocio tenía especial interés la primera dama.
A las pretendidas denuncias de Camilo Enciso, fundador del Instituto Anticorrupción, se suman las voces de dos de los principales aspirantes presidenciales de la derecha: Abelardo de la Espriella y María Fernanda Cabal.
Abelardo de la Espriella, quien marca alto en las primeras encuestas de opinión conocidas, pidió al gobierno de Estados Unidos que impongan temporalmente un veto a la compra de 17 aeronaves, por lo menos hasta que asuma el próximo gobierno colombiano que será elegido entre mayo y junio de 2026.
.@POTUS @SecWar @SecRubio @USEmbassyBogota
Solicito formalmente que los Estados Unidos impongan temporalmente un veto a la compra de 17 aeronaves SAAB, las cuales incluyen como componente fundamental los motores General Electric F414G de fabricación estadounidense —estándar en… https://t.co/OfE2WVoNKe
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 17, 2025
Según su propuesta, después del 7 de agosto de 2026 serían revisados aspectos del acuerdo de la negociación, con el acompañamiento del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, con el fin de garantizar que el precio individual de las aeronaves y el offset (ventajas adicionales ofrecidas por el vendedor) reflejen los intereses estratégicos vitales de Colombia y su papel como socio global clave de la OTAN y aliado de Washington.
Según el precandidato, ese veto temporal -soportado en el hecho de que Estados Unidos es el fabricante de las turbinas de los aviones- evitaría que las próximas elecciones legislativas y presidenciales fuesen ilegalmente influenciadas por dineros fruto de la corrupción.
María Fernanda Cabal, a su vez, se ha centrado en razones de conveniencia. Según ella, no resulta razonable que Colombia tenga que pagar un precio muy superior al que pagó Tailandia por aviones iguales comprados al mismo fabricante. Para ella la confrontación de los precios demostraría un sobrecosto. La diferencia sería del 55 por ciento.
Tras cuestionar la opacidad del proceso de compra, Cabal se dirigió a la Contraloría y a la Procuraduría para que le exijan al gobierno información detallada sobre el contrato, incluyendo el costo unitario de las aeronaves, los compromisos financieros adquiridos y los estudios técnicos que debieron anteceder a la negociación. Los órganos de control ya actuaron en consecuencia.
Sus argumentos son similares a los esbozados por el presidente Petro cuando era senador y se oponía a la renovación de la vieja flota de aviones K-Fir: la situación de estreches fiscal del país y la necesidad de priorizar el gasto público para darle mayor vigor a la inversión social.
El gobierno de Estados Unidos no estaría lejos de intervenir en la operación, a juzgar por algunos movimientos de aproximación que ya estaría haciendo. Uno de ellos es su intención de revivir los cuestionamientos contra el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien hace nueve años fue procesado bajo de cargos de haber incurrido en tráfico de influencia para que la firma sueca Saab fuera favorecida en el proceso de compra de 36 aviones de combate Gripen.
Si bien Lula fue absuelto, Estados Unidos le pidió a Saab Norteamericana información específica sobre las condiciones en las que se dio esa negociación, algo a lo que la empresa ya accedió.
La compra militar sigue en camino de convertirse en Colombia en tema de la campaña electoral, pese a que voces como la del expresidente Álvaro Uribe han recomendado no insistir más en las denuncias contra Petro para no caer en la trampa de la estrategia que tendría el mandatario: victimizarse ante un alud de ataques en su contra.
El presidente Petro, por su puesto, ha defendido la compra de los aviones y la ha presentado en el escenario de una estrategia disuasiva en beneficio de la paz. También ha destacado que la operación tiene varias ventajas comparativas en relación con compras de gobiernos anteriores.
Los Gripen en vuelo se pudieron observar en la revista aérea en el aereopuerto de Rionegro hace unos meses.
Ha destacado también que la operación de compra de los aviones de combate Saab 39 Gripen a Suecia viene acompañada de un paquete de compensación social que incluye proyectos de inversión social en el país.
Uno de los beneficios sociales que se esperan de este acuerdo es la Instalación de agua potable en comunidades marginadas. Se planea llevar agua potable a varias poblaciones del departamento de La Guajira, uno de los departamentos con los mayores índices de mortalidad infantil asociada al consumo de aguas contaminadas.
También está prevista la fábrica de paneles solares flexibles. Suecia está comprometida a hacer la transferencia de tecnología para que una de esas fábricas esté montada en el departamento de Córdoba, tierra natal de Petro, con el doble propósito de facilitar la transición energética y la generación de empleo.
Otro beneficio social derivado de la compra de las naves de guerra será la modernización del Hospital San Juan de Dios, una de las banderas de Petro desde que se desempeñó como alcalde Bogotá. Se restaurará la torre central y se instalarán equipos médicos de última tecnología en este emblemático centro hospitalario.
De cualquier forma, la compra de los aviones de guerra parece haberle puesto dinamita a la campaña militar.
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