Más de 1.000 horas en trámites burocráticos y una inversión de hasta $5.000 son necesarias para establecer legalmente una empresa, por lo que muchos comerciantes optan por permanecer en el terreno de la informalidad. Un nuevo marco jurídico que regule el comercio electrónico e incentive las inversiones comerciales podría cambiar por completo la dinámica informal
El comercio electrónico es uno de los sectores económicos que mayor crecimiento ha tenido en el último lustro en Venezuela, con tasas de incremento de la actividad de 1.200% en 2020, 2.000% en 2021 y 500% en 2022, pero este rendimiento ha quedado al margen del marco regulatorio venezolano y se expande de forma descontrolada, contribuyendo al auge que experimenta el comercio informal.
Para el gremio comercial, este problema no es nuevo y sus principales voceros ya han advertido sobre esta situación, con un llamado al Gobierno para que regule el mercado informal que prolifera en el mundo digital.
Tiziana Polesel, expresidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) para el período 2021-2023 lo denunció durante la Asamblea Anual de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), frente a un puñado de funcionarios del Gobierno, mientras discutía sobre fórmulas para atacar el contrabando.
«El contrabando no es sino resultado de un desequilibrio. Tenemos que abordar ese desequilibrio, buscar la manera de que no ocurra. El ilícito está vinculado directamente a la informalidad, y allí es donde tenemos que atacar el problema. El informal ya no es solo el señor que pone una sábana en una acera, ahora lo hace desde su casa por medios electrónicos ¿Por qué el Estado no lo empieza a buscar y a atacar?», cuestionaba.
Esta última pregunta hecha por Polesel genera un eco particular, porque el Estado, a través del Poder Legislativo, ya ha adelantado el terreno para una regulación, pero ha tardado más de tres años en concretar tan siquiera el segundo paso.
La Asamblea Nacional electa en 2020 (AN-2020), controlada por el chavismo, asomó en mayo de 2021 que un proyecto de ley que regularía el comercio electrónico entraría en primera discusión en el transcurso de esas semanas. Casi tres años más tarde, se sigue esperando que esa primera discusión finalmente se produzca en el Parlamento.
De hecho, en enero de 2023 volvió a anunciarse el desarrollo de este proyecto —como si no se tratase de una deuda antigua—, que estaría a cargo de las comisiones permanentes de Ciencia y Tecnología y de Economía y Finanzas, pero en el transcurso de todo el año no hubo avance alguno.
Desde la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e), las expectativas están puestas en que esta reforma jurídica para el sector se concrete finalmente en 2024 y empiece a corregir diversas distorsiones que afronta esta industria en un contexto de franco crecimiento.
El presidente de Cavecom-e, Richard Ujueta, explicó a TalCual que desde al menos una década se ha pedido la publicación de una ley que regule el sector. Este marco regulatorio estuvo a punto de definirse en 2014, tras ser discutido por el Parlamento —que en ese entonces también controlaba el chavismo—, pero se trataba de una normativa con un perfil sancionatorio que no incentivaba las inversiones.
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Ahora que el Gobierno cambió su política económica y dejó —al menos parcialmente— de lado las sanciones, Ujueta considera que es tiempo para dar un «salto cuántico» en el sector, con una ley que sí pueda incentivar la inversión e integrar a la actividad formal a todos esos comerciantes informales que utilizan plataformas digitales para ofrecer sus bienes y servicios.
«Pedimos una ley de comercio electrónico. Debe ser una ley inclusiva, en la que participen todos los actores. Involucra todo lo que tiene que ver con el comercio gubernamental en todos sus niveles, industrias, distribuidores y consumidor final. Son distintos niveles de comercio que se ven limitados y necesitan estar normados para que el comercio electrónico crezca de forma sana. No podemos hacer una ley a la ligera», razonó.
Desde este gremio ya se enviaron propuestas concretas tanto al Ministerio de Comercio como a la AN-2020, pero la espera por medidas concretas se sigue manteniendo y la formalidad pierde cada vez más terreno ante la actividad comercial no regulada.
De acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (Encovi), publicada a finales de 2022, aproximadamente 44% de la masa laboral del país se definía como «trabajador por cuenta propia», al margen de lo que se considera «empleo formal».
Una década atrás, este porcentaje se ubicaba en torno a 30%; aunque marca una mejora con respecto a 2021 cuando la tasa alcanzó un pico de 51,7%, probablemente impulsada precisamente por un despunte del comercio informal que se presentó en el contexto de la pandemia, con decenas de negocios temporales que funcionaban gracias a plataformas virtuales.
Este porcentaje no es el único que demuestra la prominencia de la informalidad en el país. Datos de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Emprendedores y Microempresarios de Venezuela (Atraem) sugieren que el sector informal «acapara la mitad» de la masa laboral del país.
En esta misma línea, estudios hechos por la consultora Datanálisis sobre el comportamiento del comercio en centros comerciales sostienen que alrededor de 58,5% de las operaciones comerciales del país se efectúan en las calles, contra 41,5% de compras en centros comerciales.
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Estos datos no son más que una demostración de que en Venezuela se mantiene un sistema económico que favorece la informalidad, en gran parte por las dificultades que afronta un comerciante para establecerse en el sector formal, a pesar de que esta sea la intención de muchos que hoy en día operan al margen de las regulaciones.
«Nos entrevistamos con varios de los actores que venden por estas redes, por Whatsapp, por MarketPlace; lo primero que nos dicen es que quisieran estar formales, pero el registro de una empresa cuesta dinero», acotó Ujueta.
La Cámara de Comercio de Lara advirtió que, al menos hasta marzo de 2022, era necesaria una inversión de entre $3.000 y $5.000 únicamente para cumplir con los trámites y exigencias necesarias para abrir una empresa formal.
Estos gastos abarcan más de 10 trámites legales distintos, entre los cuales se encuentran la compra de una máquina fiscal, reservar el nombre de la empresa y su inscripción, el acta constitutiva, la adquisición del punto de venta, entre otros.
Esta inversión requiere un músculo financiero propio, pues prevalece la sequía crediticia en el sistema bancario nacional, con lo que no es posible ni siquiera pedir un préstamo para cumplir con estos compromisos.
Debido a estas condiciones, muchos comerciantes, incluso teniendo el dinero, prefieren invertir en reposición de inventario antes que hacer todos estos trámites.
Dejando de lado el dinero, la burocracia también supone una barrera importante. Según el Índice de Burocracia de Cedice Libertad, hasta el cierre de 2022 se requería invertir alrededor de 1.062 horas al año en trámites burocráticos para establecer una empresa legalmente, una cantidad de horas que muchas veces guarda relación con la corrupción interna de las instituciones públicas.
«Si debemos registrar una empresa, lo ideal es hacerlo de manera rápida y eficiente; sin embargo, en nuestro país algunos funcionarios públicos están conscientes de esa urgencia y se aprovechan de la misma, ya que abusan de su poder y es donde se exacerban hechos de corrupción», explicaba Christi Rangel, investigadora de la Universidad de Los Andes que participó en este estudio.
Entre 842 y 1138 horas, dependiendo del tipo de empresa, se requieren en trámites burocráticos para operar legalmente
En noviembre de 2021, la AN-2020 aprobó la Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos, un documento que supuestamente buscaba eliminar la burocracia y agilizar los trámites para que los emprendedores pudiesen dedicarse a sus actividades comerciales con inmediatez y una inversión reducida.
Para el momento en el que se aprobó la ley, TalCual publicó un trabajo titulado «Recién aprobada Ley de Emprendimiento aún carece de condiciones para su aplicación» en el cual advirtió que no estaban dadas las condiciones para aplicar todos los elementos que contemplaba este instrumento.
Pese a que el gremio de los emprendedores hizo algunas observaciones, en general la ley se recibió con beneplácito, pero su aplicación no ha sido lo que se esperaba y tras haber cumplido tan solo dos años, ya piden una reforma.
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El propio Ujueta señala que la ley «nació con un tiro en el ala», porque no aborda al comercio electrónico a pesar de que 95% de las actividades comerciales realizadas por estos nuevos emprendimientos se hacen a través de las plataformas digitales.
«Estas empresas tienen su certificado de emprendimiento por dos años pero no pueden incursionar de una manera legal con base digital. Tienen que entrar en la ilegalidad porque enviar una factura física al comprador a distancia es inviable. El costo del courrier muchas veces es más caro que el del bien o servicio vendido», destacó.
Para la industria del e-commerce en Venezuela, la facturación electrónica es una suerte de santo grial que solucionaría muchos de los problemas que afrontan los comerciantes que operan en este sector. Sin embargo, los insistentes llamados del gremio para que este mecanismo se termine de establecer en el país no han sido escuchados.
Según Ujueta, ya la tecnología, el ecosistema y el esqueleto normativo para implementar la facturación electrónica en el país están preparadas, al punto de que un puñado de empresas grandes ya utilizan esta herramienta. Lo único que falta es la autorización del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) para flexibilizar las normas, y así permitir la inclusión de más comercios en esta práctica que permite ahorrar costos, agilizar procesos y fiscalizar las operaciones del comercio electrónico.
La norma que mantiene el Seniat actualmente indica que solo las empresas que generen más de 10.000 facturas al mes pueden recurrir a la facturación electrónica.
Es por eso que gigantes de la talla de Yummy, Movistar, Digitel, Ridery o SimpleTV, que ofrecen servicios masivamente a la población, pueden aprovechar este mecanismo.
Sin embargo, todas estas empresas suelen facturar montos pequeños en cada factura y las elevadas cantidades de dinero que reportan se debe al cúmulo de transacciones. Ujueta advirtió que en el comercio electrónico que no está regulado hay operaciones de decenas o cientos de miles de dólares que nunca son facturadas, por lo tanto, no pagan impuestos y no generan provecho para el Estado.
«Ya los grandes facturadores están trabajando con factura digital, pero representan un porcentaje pequeño de lo que se factura aguas abajo, donde se evaden todos estos impuestos. Un facturador de cualquiera de estas empresas hace facturas de 10 o 30 dólares, mientras que aguas abajo podrían hacerse facturas de hasta 100.000 dólares. Ese dinero se desaparece y no se declaran los impuestos», subrayó.
Una mayor penetración de los servicios de internet y también de su velocidad gracias a la ampliación de la red de fibra óptica en el país por parte de empresas privadas puede servir como base para el comercio electrónico, especialmente al tomar en cuenta que Venezuela es uno de los países con mayor grado de bancarización en la región, pues según el Banco Mundial, aproximadamente 84% de la población posee al menos una cuenta bancaria.
Con este contexto, el gremio del comercio electrónico queda a la espera de que el Parlamento, el Seniat y demás autoridades que guardan relación con el comercio se pongan manos a la obra en 2024, tras al menos tres años de inacción frente a los llamados de los comerciantes.
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Esta es una traducción de El Tiempo Latino. Puedes leer el artículo original en Factcheck.org. Escrito…