La catástrofe que llevó a Venezuela al borde de perder la propiedad de Citgo

La que por muchos años fue una de las compañías más valiosas para Venezuela, hoy yace sumida en multimillonarias deudas en una subasta de la justicia estadounidense. Desde el gobierno de Hugo Chávez, la administración de la refinería Citgo es catastrófica. Mientras Nicolás Maduro culpa al imperialismo y a la oposición venezolana, Venezuela está a punto de perder la propiedad de uno de sus activos más importantes

 

Tras 34 años siendo propietarios de Citgo, Venezuela hoy se encuentra en peligro de perder la valiosa empresa estadounidense de refinación de petróleo y comercialización de gasolina, valorada en 13.000 millones de dólares.

 

Adquirida en 1990 por el Estado venezolano, fue por mucho tiempo uno de los activos más importantes de la nación.

 

En una nota del diario El País, agentes económicos, políticos y analistas financieros consideran esta pérdida como catastrófica para el país caribeño.

 

El plazo para recibir ofertas para la adquisición de Citgo concluyó la semana pasada, en una segunda ronda de licitaciones abierta por el Tribunal de Delaware, quien lleva el caso.

 

Hace un mes, el juez federal de distrito, Leonard Stark, autorizó la recepción de ofertas y rechazó las últimas apelaciones del gobierno de Nicolás Maduro.

 

Un total de 18 acreedores internacionales, entre grandes y medianas empresas, reclaman 21.300 millones de dólares a Venezuela por expropiaciones e impagos durante el gobierno de Hugo Chávez.

 

Pedro Tellechea, presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) y ministro del Petróleo, solicitó a la justicia norteamericana que se detenga la subasta, calificándola como consecuencia de un proceso legal tortuoso derivado del conflicto crónico en Venezuela.

 

El ministro expresó su indignación y afirmó que la venta de Citgo sin autorización venezolana constituye un robo, argumentando que no dejaron al país defenderse debido a la falta de reconocimiento como nación soberana.

 

Desde los medios allegados al oficialismo califican la situación como un «despojo imperialista» y responsabilizan a Estados Unidos y a la oposición venezolana.

 

Según esta narrativa, la responsabilidad recae en el extinto «Gobierno interino» de Juan Guaidó, que entre 2019 y 2021 impugnó la legalidad chavista y los resultados electorales de las elecciones presidenciales de 2018, creando una administración paralela con ayuda estadounidense que tomó control de los activos nacionales en el extranjero, incluyendo Citgo.

 

El juzgado determinó que la administración de Guaidó utilizó recursos de Citgo para financiar actividades políticas, lo que generó rumores sobre malos manejos. Francisco Rodríguez, economista y profesor, explicó que la corte concluyó que Guaidó incurrió en «control extensivo», violando la doctrina del alter-ego, lo que ha generado riesgos legales para la nación.

 

Durante la disputa entre la oposición y Maduro, las propiedades venezolanas en Estados Unidos fueron administradas por funcionarios de Guaidó y estuvieron protegidas por resoluciones especiales del Departamento del Tesoro. Horacio Medina, presidente de Pdvsa ad hoc, rechazó las conclusiones del juez Stark, defendiendo la gestión de Citgo como superavitaria y honesta, con diez trimestres consecutivos de beneficios.

 

Aunque no se mencionó dolo, se concluyó que la estrategia opositora no logró sus objetivos, lo que contribuyó a la percepción de Stark.

La pérdida de Citgo está vinculada al agresivo proceso de expropiación que Chávez planteó entre 2007 y 2012.

 

Rodríguez sostiene que la responsabilidad fundamental recae en la “revolución bolivariana”, aunque reconoce que las sanciones internacionales impiden la reestructuración de la deuda acumulada.

 

En 2016, Maduro entregó el 100 % de las acciones de Citgo como garantía a la petrolera rusa Rosneft y a los accionistas de los Bonos Pdvsa 2020, sin la aprobación requerida de la Asamblea Nacional para ello.

 

En 2017, Venezuela declaró su insolvencia, complicando aún más la situación. Alejandro Grisanti, economista y consultor internacional, cree que la estrategia contra los bonistas fue demasiado hostil y que se debió negociar con ellos.

 

VF