En el contexto de las continuas violaciones de derechos humanos en Venezuela, muchos se hacen la pregunta: ¿cuánto tiempo deben esperar las víctimas para que se haga justicia? El caso venezolano, que se extiende desde 2014 hasta 2024, plantea serios desafíos sobre el diseño del sistema de justicia internacional y, en particular, de la Corte Penal Internacional (CPI).
El reciente discurso del secretario general de la OEA durante el Consejo Permanente para abordar la situación de Venezuela, el 28 de agosto de 2024, advierte sobre la imperiosa necesidad de que la justicia internacional debe actuar a tiempo. En la misma sesión se presentó un informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que reafirma lo que numerosas organizaciones internacionales han denunciado durante años: la existencia de violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela.
El principio de complementariedad de la CPI busca resolver las deficiencias del sistema judicial en países donde la falta de justicia es constante. En Venezuela, distintas entidades vinculadas con DDHH señalan que la impunidad interna es evidente, lo que hace imperativo la activación de este principio.
Las preguntas para evaluar el sistema son: ¿cuánto tiempo es razonable esperar?, ¿es justo para las víctimas y sus familias seguir esperando por una justicia interna que nunca va a llegar ?
En Venezuela, según reiterados informes de ONU y OEA, el sistema de justicia se ha convertido en un instrumento de persecución política. En su discurso Luis Almagro señala que es ilógico esperar que el mismo sistema que garantiza la impunidad de los altos funcionarios del régimen sea capaz de impartir justicia.
El paso del tiempo solo beneficia a los estados agresores. Mientras se espera, las evidencias se borran, los testigos desaparecen o son encarcelados, y se perpetúan nuevos crímenes. Es momento de que el principio de complementariedad signifique acción y no inacción.
La comunidad internacional, y especialmente la Corte Penal Internacional, debe considerar:
La imputación de cargos y órdenes de aprehensión contra los principales responsables.
La aplicación efectiva del principio de complementariedad para resolver la impunidad sistémica.
La consideración del factor tiempo: una década de espera es excesiva para las víctimas y sus familias.
La prevención de nuevos crímenes a través de una acción internacional decidida.
En graves casos como Ruanda y los Balcanes o guerras yugoslavas, vemos que la demora en la justicia no solo prolonga el sufrimiento de las víctimas, sino que también permite la perpetuación de la violencia y la inestabilidad. Estos ejemplos subrayan la importancia de una respuesta rápida y efectiva de la justicia internacional para prevenir futuras atrocidades.La justicia retrasada es una justicia denegada. Este principio encapsula la urgencia de actuar sin demoras en los sistemas legales, donde la lentitud equivale a negar el derecho a las víctimas. Cada minuto de espera perpetúa la agresión y socava la fe en la equidad del sistema judicial.
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