La Justicia Federal de Argentina ordenó este lunes el arresto de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros jerarcas del régimen chavista, quienes son acusados de cometer crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La decisión fue adoptada por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, de la Sala I de Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, como parte de la causa abierta tras la denuncia penal presentada en enero de 2023 por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), basada en el principio de jurisdicción universal que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad de los perpetradores o sus víctimas.
El FADD -que integran políticos, académicos, periodistas, diplomáticos y defensores de derechos humanos argentinos- calificó de “histórica” la decisión. “La Justicia argentina ha dado un paso crucial en la lucha contra la impunidad de los dictadores”, celebró la organización no gubernamental en un comunicado.
Tomás Farini Duggan, representante legal del FADD, agradeció a los jueces por hacer lugar al pedido de la querella y de la Fiscalía, que en una audiencia realizada el pasado martes solicitaron al tribunal que se citara a indagatoria y se ordenara el arresto de Maduro y otros cabecillas del régimen chavista.
El abogado destacó que esto “es un logro de las valientes víctimas que, con coraje, han testificado sobre la persecución, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las torturas sufridas bajo la dictadura venezolana”.
Waldo Wolff, presidente del FADD y ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, reafirmó “el compromiso de seguir acompañando a los venezolanos en este camino hacia la justicia y la reparación. Soñamos con el día en que Venezuela también pueda decir, con fuerza y convicción: ¡Nunca más dictadura!”.
Elisa Trotta, secretaria general del FADD, destacó que “a partir de ahora, Maduro se ha convertido en un prófugo de la justicia y el mundo se ha vuelto cada vez más pequeño para quienes han cometido crímenes atroces”, dijo.
La activista recordó que, además, el régimen de Maduro también enfrenta una investigación en la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad cometidos, al menos, desde febrero de 2014. “Esta decisión de la Justicia argentina envía un fuerte mensaje al fiscal de la CPI, Karim Khan, de que ya es el momento de hacer lo que corresponde y avanzar con órdenes de captura internacional para poner fin a la impunidad en Venezuela. Se debe castigar a los responsables por los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última década”, dijo Trotta.
Rigoberto Lobo, una de las víctimas que declaró ante el tribunal, aseguró que su testimonio «refleja la realidad de otros colegas defensores de derechos humanos, que vivimos bajo la amenaza de represión, incluida la transnacional, por parte del régimen autoritario de Maduro, clara estrategia para intentar desmantelar el tejido organizativo que representa una amenaza para su permanencia en el poder».
El exprisionero político y sobreviviente del centro de torturas El Helicoide, Víctor Navarro, quien es querellante en la causa, manifestó que esta decisión es «un paso trascendental para lograr justicia para todas las víctimas, y nos inspira a seguir luchando para lograr que sean liberados todos los presos políticos y sean clausurados los centros de tortura que funcionan actualmente en Venezuela».
La decisión se conoce una semana después de que la Misión Internacional Independiente de la ONU para la Determinación de Hechos denunció, desde Ginebra, una “brutal represión” y una “violencia sin precedentes” en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Los expertos de Naciones Unidas acusaron al régimen de Maduro de cometer el delito de lesa humanidad de “persecución por motivaciones políticas”, al contabilizar más de 2.000 detenidos, entre ellos más de 150 niñas, niños y adolescentes, varios de los cuales han sufrido torturas, tratos crueles y violencia sexual durante su encarcelamiento.
Uno de los antecedentes más importantes de la aplicación del principio de jurisdicción universal sucedió en octubre de 1998, cuando el exdictador chileno Augusto Pinochet fue detenido en Londres, tras una orden de arresto emitida por la Justicia española como parte de una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en Chile.
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