Julio Martín Herrera Velutini, también conocido en diversas publicaciones y documentos históricos como Julio Martín Herrera Kolster, ha pasado gran parte de su carrera transitando entre bancos, sociedades financieras, círculos políticos y controversias judiciales. Su historia se inició en una de las familias tradicionales de la banca venezolana, atravesó la crisis financiera de 2009 y culminó en un escándalo de corrupción que involucró a la Gobernación de Puerto Rico y, años después, al entorno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El episodio más reciente de su trayectoria presenta cifras difíciles de pasar por alto: 3,5 millones de dólares en aportes políticos realizados por su hija Isabela Herrera a un comité vinculado a Trump, otros 2,5 millones destinados para la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca y un contrato por más de 50 millones de dólares con Alina Habba, exabogada personal del presidente estadounidense.
Todo esto ocurrió mientras Herrera Velutini trataba de escapar de las consecuencias de un proceso penal federal por un supuesto esquema de sobornos destinado a interferir en la supervisión de su banco en Puerto Rico.
El 15 de enero de 2026, Trump le otorgó un indulto pleno e incondicional. La decisión también benefició a la exgobernadora puertorriqueña Wanda Vázquez Garced y al antiguo agente del FBI Mark Rossini, quienes estaban involucrados en el mismo expediente.
A pesar de que las investigaciones periodísticas no han probado que las aportaciones económicas o la contratación de Habba determinaran el indulto, la secuencia de acontecimientos ha reabierto el debate sobre la influencia de grandes fortunas en las decisiones del poder político estadounidense.
Herrera Kolster nació en Caracas el 15 de diciembre de 1971, según las biografías consultadas. Su contexto familiar estaba relacionado con los Herrera Uslar y los Velutini, apellidos asociados a la banca, las inversiones y los círculos empresariales venezolanos desde finales del siglo XIX.
La familia participó durante generaciones en la dirección del Banco Caracas, entidad que se vendió en 1998. Esa tradición financiera se convirtió en un elemento central de la identidad pública del banquero, quien suele presentarse como heredero de cinco generaciones dedicadas al negocio bancario.
Sin embargo, su árbol genealógico tiene una particularidad que varias publicaciones han resaltado: la conexión de su rama familiar con los Velutini proviene de una adopción.
De acuerdo con las reconstrucciones familiares publicadas en la prensa venezolana, José Herrera Uslar y Clementina Velutini adoptaron en Europa a tres hermanos que luego se establecieron en Caracas. Uno de ellos fue Julio Herrera Velutini, padre del banquero.
Por esta razón, algunas investigaciones han cuestionado la manera en que el empresario presenta su parentesco directo respecto a ciertas figuras históricas de la familia.
El otro apellido en su historia, Kolster, también está relacionado con un episodio judicial.
Su madre, Gilda Kolster, fue condenada en 2001 a 30 años de prisión por su participación como autora intelectual en el asesinato de su esposo Casto Martínez Garrido, ocurrido en diciembre de 1996, según los antecedentes judiciales.
Varios trabajos periodísticos sostienen que el banquero, antes identificado como Julio Martín Herrera Kolster, comenzó a utilizar el apellido Velutini en reemplazo del materno.
Las razones de este cambio no están documentadas. Algunas publicaciones lo vinculan al escándalo protagonizado por su madre, mientras que otras sugieren que pudo estar relacionado con sus posteriores controversias económicas. Ninguna de esas interpretaciones aporta una motivación definitiva.
Lo cierto es que Herrera Velutini convirtió su identidad familiar y la tradición bancaria asociada en elementos centrales de su proyección internacional.
Antes de establecerse en Puerto Rico y en el Reino Unido, Herrera Velutini desarrolló sus negocios en Venezuela.
Según sus biografías empresariales, comenzó su carrera en el mercado de valores de Caracas, pasó por Multinvest Casa de Bolsa y participó en compañías como Transbanca, Bolívar Banco y Financiera Venezolana.
Uno de sus negocios más significativos fue la adquisición del Banco de Desarrollo del Microempresario, institución que terminó operando bajo el nombre de Banco Real.
Una publicación de Reporte Diario de la Economía, fechada en octubre de 2007 y reproducida en el material facilitado, cuestionaba la orientación financiera de la entidad.
De acuerdo a aquel reportaje, apenas el 22% de sus activos se destinaba a créditos, mientras que una parte considerable estaba invertida en títulos valores. También se señalaba que el 72% de los depósitos del público provenía de entidades oficiales.
Si esas cifras son correctas, el banco mantenía una dependencia significativa de recursos públicos, a pesar de su origen como institución creada para financiar pequeños emprendimientos.
Aquellos cuestionamientos adquirieron mayor relevancia cuando Herrera Velutini comenzó a desarrollar operaciones para ampliar su presencia en el sistema financiero venezolano.
Entre sus proyectos figuraba la compra de Helm Bank y una negociación para adquirir el Banco Nacional de Crédito, propiedad del grupo encabezado por José María Nogueroles. La intención, según las reseñas publicadas, era integrar varias instituciones en una estructura bancaria más grande.
Pero el proyecto no se concretó.
En diciembre de 2009, durante una crisis que afectó a varias instituciones financieras venezolanas, la Superintendencia de Bancos intervino Banco Real. Helm Bank también fue implicado en las acciones del Estado venezolano.
La intervención se produjo en un contexto de cuestionamientos sobre liquidez, composición de activos y cumplimiento de las exigencias regulatorias.
Herrera Velutini fue citado por la Fiscalía venezolana, pero ya se encontraba fuera del país, según la prensa de la época. Distintas reseñas también mencionan una solicitud internacional de búsqueda que fue retirada posteriormente.
El banquero ha rechazado las acusaciones formuladas en Venezuela y ha sostenido que los procedimientos en su contra respondieron a motivaciones políticas.
Su salida del país, sin embargo, no marcó el final de sus actividades financieras. Fue el inicio de una nueva etapa internacional.
Herrera Velutini había fundado Bancrédito International Bank & Trust en Puerto Rico en 2008, antes de que estallara la crisis bancaria venezolana.
La institución operaba bajo el régimen de entidades financieras internacionales de la isla, diseñado para facilitar ciertos servicios bancarios transfronterizos.
Con el tiempo, Bancrédito comenzó a despertar el interés de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF), organismo que supervisa el sector.
Las autoridades examinaron operaciones financieras y debilidades regulatorias de la entidad. Algunas publicaciones puertorriqueñas también indicaron sospechas sobre posibles operaciones relacionadas con empresarios vinculados al gobierno venezolano, aunque las fuentes disponibles no permiten afirmar que Bancrédito lavara fondos de esos clientes.
La investigación administrativa dio inicio a un episodio que eventualmente llevaría a Herrera Velutini ante la justicia federal estadounidense.
Según la acusación presentada en agosto de 2022, el banquero participó en un esquema para proporcionar apoyo económico a la campaña de reelección de la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced, a cambio de que esta interviniera en la dirección del organismo que supervisaba su banco.
El funcionario cuya salida buscaban era George Joyner, quien en ese entonces era responsable de la OCIF.
Los fiscales argumentaron que Herrera Velutini pretendía reemplazarlo por alguien favorable a sus intereses y frenar el escrutinio sobre Bancrédito.
En la trama aparecieron Frances Díaz, vinculada a la administración del banco; John Blakeman, asesor político de Vázquez; y Mark Rossini, antiguo agente del FBI que trabajaba como consultor privado.
El expediente detallaba mecanismos de financiación política, pagos a consultores y gestiones destinadas a influir en el nombramiento del regulador.
El caso tuvo una relevancia particular ya que no se limitaba solo a un empresario que buscaba contratos públicos. La acusación sostenía que pretendía influir en la autoridad encargada de fiscalizar su propia institución financiera.
En agosto de 2025, el proceso dio un giro decisivo.
Tras años de litigio, los cargos graves fueron sustituidos mediante un acuerdo judicial por una infracción menor relacionada con contribuciones electorales de un ciudadano extranjero.
Herrera Velutini se declaró culpable de ese delito menor.
El documento presentado por la Fiscalía federal en octubre de 2025 es especialmente relevante porque recoge los hechos y motivaciones expuestos dentro del procedimiento.
Según ese escrito, Herrera Velutini buscaba obtener el favor de Wanda Vázquez a través de contribuciones políticas, entre cuyos objetivos figuraban poner fin a una auditoría de Bancrédito y lograr la designación de Víctor Rodríguez Bonilla al frente de la OCIF.
El expediente también describe la contratación de servicios de investigación de opinión pública y mecanismos de financiación de actividades electorales.
La reducción de los cargos suscitó cuestionamientos judiciales. La jueza federal Silvia Carreño Coll expresó reservas sobre la liviandad de la sanción propuesta frente a la gravedad de las acusaciones originales.
El acuerdo evitó que el caso avanzara hacia un juicio por los delitos graves inicialmente imputados.
No obstante, la declaración de culpabilidad por la infracción electoral y la documentación incorporada al procedimiento dejaron evidencia de una actuación dirigida a obtener ventajas ante la autoridad que supervisaba Bancrédito.
Mientras sus problemas judiciales se desarrollaban en Puerto Rico, Herrera Velutini había construido una presencia empresarial en el Reino Unido.
Entre las compañías relacionadas con su trayectoria destaca Britannia Financial Group, grupo de servicios financieros con sede en Londres.
Su expansión británica estuvo acompañada de contactos políticos y contribuciones al Partido Conservador.
Investigaciones de medios como The Guardian y la BBC, citadas en las reseñas proporcionadas, informaron sobre donaciones de aproximadamente 500.000 libras esterlinas al partido.
Los conservadores defendieron en ese momento que las contribuciones habían sido declaradas y cumplían con las normas electorales.
La controversia no consistía únicamente en la legalidad formal de esas aportaciones. También surgieron preguntas sobre el acceso político que grandes donantes podían conseguir gracias a sus relaciones financieras.
El patrón adquirió una nueva dimensión cuando Herrera Velutini empezó a trasladar sus esfuerzos de influencia al entorno político estadounidense.
Tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, la situación judicial de Herrera Velutini comenzó a cambiar.
En agosto de ese año, el banquero alcanzó un acuerdo que redujo los cargos graves a una infracción electoral menor. Pero, según la investigación publicada por The New York Times el 20 de octubre de 2026, el empresario aún buscaba obtener un perdón presidencial completo.
Para lograrlo, contaba con la representación del abogado Christopher Kise, quien también había sido parte del equipo legal de Trump.
Paralelamente, su hija Isabela Herrera hizo contribuciones por un total de 3,5 millones de dólares a MAGA Inc., un comité de acción política que apoyaba al presidente.
Las contribuciones llamaron la atención de Campaign Legal Center, organización especializada en legislación electoral, que presentó una denuncia ante la Comisión Federal Electoral.
La organización solicitó examinar si Isabela Herrera había actuado como intermediaria de su padre, quien, por su condición de extranjero, tenía restricciones legales para hacer ciertas contribuciones políticas.
La denuncia no constituye una determinación de culpabilidad. Hasta la información disponible, no se ha acreditado una resolución definitiva que confirme esa hipótesis.
No obstante, las aportaciones fueron solo una parte de los compromisos económicos que rodearon el caso.
El 15 de octubre de 2026, The Washington Post publicó una investigación basada en documentos internos de la recaudación de fondos para el salón de baile impulsado por Trump en la Casa Blanca.
Entre los donantes identificados figuraba Isabela Herrera.
Según los registros obtenidos por el periódico, la hija del banquero se comprometió el 23 de septiembre de 2025 a aportar 2,5 millones de dólares al proyecto.
El 14 de octubre de ese año realizó un primer desembolso de 835.000 dólares.
La aportación se produjo luego del acuerdo judicial de su padre, pero antes de que este recibiera el indulto presidencial.
La investigación del diario identificó compromisos privados por aproximadamente 333 millones de dólares para el proyecto y examinó la presencia de donantes con intereses económicos o regulatorios ante la administración.
El periódico aclaró que sus hallazgos no demostraban que las contribuciones habían causado decisiones favorables del Gobierno.
En el caso de Herrera, la coincidencia temporal adquirió mayor relevancia tras conocerse otra operación millonaria.
La investigación publicada por The New York Times el 20 de octubre de 2026 reveló que la familia Herrera había acordado contratar a Alina Habba, antigua abogada personal de Donald Trump y figura cercana a su administración.
La contratación se realizó mediante Concord Partners, una empresa constituida en Florida por Isabela Herrera en octubre de 2025.
El contrato contemplaba una remuneración de 10 millones de dólares anuales durante cuatro años, además de bonificaciones que elevaban la compensación garantizada por encima de 50 millones de dólares.
Habba asumiría funciones como asesora jurídica principal de la compañía.
Uno de los aspectos más llamativos era que, según la investigación, Concord Partners carecía de una actividad comercial públicamente definida que explicara claramente la magnitud de la contratación.
El acuerdo fue negociado mientras Habba todavía tenía responsabilidades dentro del Departamento de Justicia estadounidense.
La abogada comenzó formalmente su relación laboral con Concord Partners el 1 de enero de 2026.
Catorce días después, Trump concedió el indulto a Herrera Velutini.
Habba negó haber intervenido en las gestiones para conseguir el perdón presidencial. También aseguró que su contratación privada había sido revisada conforme a las normas aplicables.
La Casa Blanca rechazó que el contrato hubiera influido en la decisión de Trump, y el Departamento de Justicia afirmó que Habba no había participado en conversaciones sobre el indulto.
La investigación periodística no estableció que el contrato fuera una compensación por la clemencia presidencial.
La secuencia, sin embargo, reúne tres hechos documentados: una contratación extraordinariamente lucrativa de una persona cercana al presidente, aportaciones políticas millonarias de la familia del solicitante y un perdón presidencial concedido pocas semanas después.
El 15 de enero de 2026, Donald Trump firmó el indulto pleno e incondicional de Julio Martín Herrera Velutini.
El documento oficial de clemencia identifica explícitamente al banquero y el procedimiento federal relacionado con Wanda Vázquez Garced.
La decisión también benefició a Vázquez y Rossini.
La Casa Blanca defendió los indultos bajo el argumento de que los procesos habían tenido motivaciones políticas.
El perdón presidencial permitió finalizar las consecuencias penales federales comprendidas en la medida. No significó, no obstante, que un tribunal hubiera determinado la falsedad de todas las acusaciones originales.
Tampoco resolvió las preguntas planteadas por las investigaciones sobre las relaciones económicas de su familia con personas cercanas al poder presidencial.
La trayectoria de Herrera Velutini muestra una constante que atraviesa tres escenarios distintos.
En Venezuela, su actividad bancaria terminó involucrada en la crisis financiera de 2009 y en actuaciones de los organismos reguladores.
En Puerto Rico, la supervisión de Bancrédito desembocó en un expediente federal que documentó contribuciones electorales ilegales y gestiones para obtener ventajas ante el organismo encargado de fiscalizar la institución.
En Estados Unidos, cuando buscaba cerrar definitivamente ese capítulo judicial, su familia realizó aportaciones políticas millonarias y contrató a una antigua abogada del presidente mediante un acuerdo de más de 50 millones de dólares.
Son episodios distintos, ocurridos bajo marcos jurídicos diferentes. No permiten afirmar que todas sus actividades empresariales respondieran a un mismo esquema delictivo. Pero sí muestran por qué su trayectoria ha generdado un escrutinio recurrente sobre la relación entre negocios financieros, regulación bancaria e influencia política.
Herrera Velutini ha rechazado distintas acusaciones a lo largo de su carrera y ha cuestionado las motivaciones de algunos procedimientos en su contra.
Su indulto es un hecho consumado. También lo son la acusación federal de 2022, el acuerdo judicial de 2025 y las aportaciones documentadas por la prensa estadounidense.
La pregunta que permanece abierta no es si Trump tenía facultades constitucionales para perdonarlo, sino qué papel desempeñaron las relaciones políticas y económicas que rodearon la concesión de ese perdón.
Para un banquero que comenzó su carrera bajo el peso de uno de los apellidos más reconocidos de las finanzas venezolanas, el desenlace resulta significativo: después de años de controversias regulatorias y judiciales, su capítulo penal estadounidense terminó no con una absolución en juicio, sino con una decisión personal del presidente de Estados Unidos.
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