La polémica jueza María Daniela Ayala continúa atornillada al caso Magnicidio FV. Mientras el Consejo de la Judicatura “olvida” resolver la declaratoria jurisdiccional por dolo y negligencia manifiesta del 16 de enero pasado, sigue adelante un proceso de recusación a la jueza iniciado por Fiscalía. Ya se dio la audiencia de recusación el 18 de febrero pasado, pero se suspendió y se retomará este 3 de marzo.
Así, a pocas semanas de que termine la instrucción fiscal, la jueza Ayala sigue generando controversia. Esta vez, por cómo decidió asumir su defensa frente a la recusación de Fiscalía.
El pasado 18 de febrero, Daniela Ayala, junto con su abogada Ximena Delgado, fueron protagonistas de una jornada peculiar, durante su audiencia de recusación. Hay que recordar que la jueza Ayala ha sido cuestionada porque fue gerente de la empresa Todernant, de Juan Carlos Patiño Herdoíza y abogada de Conto Patiño, enjuiciados en el caso Sinohydro y que fueron denunciados por Fernando Villavicencio.
En la audiencia de recusación llamó la atención que sea la abogada Ximena Delgado, experta en temas de pensiones alimenticias y multas por radar, quien acompañe a Ayala. Es que Ximena Delgado también tuvo una relación con Recorsa de Conto Patiño.
Incluso fue parte de los 37 procesados en el caso y la Fiscalía pidió prisión domiciliaria para ella, que era de la tercera edad. Delgado fue allanada y se encontraron documentos relacionados con pagos por $ 57.000 por parte de Patiño, según reportó Primicias en su momento. En todo caso, en la etapa de llamado a juicio esta abogada ya no fue tomada en cuenta.
Ya en la audiencia de recusación, la abogada se limitó a leer un documento elaborado por la propia jueza Ayala, pero en primera persona. De tal manera que a momentos no se sabía quién hablaba en el escrito: si la abogada o la jueza Ayala. La abogada en varias ocasiones debió aclarar que cuando decía “yo” significaba: “mi defendida”.
Así, la abogada de la jueza Ayala – tal vez por falta de conocimiento- leyó de corrido todo el texto, incluyendo el anuncio probatorio, aunque esto no correspondía en este primer momento.
De acuerdo con Patricio Rosero, abogado y defensor de las víctimas del caso Magnicidio, Amanda y Tamia Villavicencio, hubo varias irregularidades en la audiencia de recusación que merecen ser mencionadas.
Apenas se dio inicio, algunos funcionarios de la Judicatura (no se sabe por orden de quién) sacaron a medios de comunicación. El juez que llevaba el caso se molestó porque aclaró que era una audiencia pública y pidió que se abran las puertas del salón. Lamentablemente, muchos medios ya se habían ido.
Adicionalmente, Rosero considera que la jueza Ayala y su abogada trataron en varias ocasiones inducir al error al juez.
Ayala dijo que estaba mal el número de la causa y, por eso mismo, argumentaba que no se le podía recusar de una causa que ni siquiera conocía. Sin embargo, esto no era cierto, pues el número de la causa del caso Magnicidio FV era el correcto. Entonces el hecho de que la jueza Ayala asegure que ella no conocía el caso Magnicidio FV, se constituye una deslealtad procesal, dice Rosero.
Ayala también desestimó la declaratoria jurisdiccional previa, por dolo y negligencia manifiesta que existe en su contra, dictada por un tribunal. Aseguró que ella ha interpuesto una acción de protección. Para Rosero, este argumento no es válido.
En primer lugar aclara que luego de la declaración jurisdiccional no hay apelación posible. Sobre la acción de protección pedida por Ayala, explica que existe una sentencia de la Corte Constitucional (CC) que indica que las causas administrativas deben ir al Contencioso Administrativo y no a la CC. Toda esta narrativa de la jueza Ayala, en proceso de recusación, estaría buscando también inducir al error al juez Máximo Ortega, opinó Rosero.
Ayala además quiso convencer al juez encargado de conocer su recusación, de que los argumentos presentados por Fiscalía no eran válidos. Dijo que a ella se le debió recusar por enemistad manifiesta con la Fiscalía. De manera tácita reconoce que existe esta situación de enemistad, por lo que al final da la razón a la entidad que recusa.
No es la primera vez que Ayala muestra públicamente sus desafectos, pese a que en teoría un juez debería ser imparcial. Cuando las hijas de Fernando Villavicencio le pidieron se excusara, ella desestimó el pedido de Amanda y Tamia Villavicencio, pero sí aseguró que se excusaba con base a sus propios argumentos. Uno de ellos es que ella no podía ver a Amanda Villavicencio como víctima, sino como su agresora.
Sin embargo, esa excusa mal planteada fue rechazada por la jueza Luz María Ortiz, por lo que Ayala continuó en el caso.
Adicionalmente en su escrito, Ayala se refirió a unos correos en los que ella quiso seguir influyendo en el caso Magnicidio FV, mientras estaba suspendida. Sin embargo asegura que esos documentos fueron obtenidos de manera ilegal. Esto tampoco es cierto, pues se los compartió de manera oficial desde la Judicatura a la Fiscalía.
Tras un pedido de la Fiscalía, la audiencia se retomará el próximo 3 de marzo.
Este 24 de febrero del 2026, el Consejo de la Judicatura, presidido por Damián Larco, destituyó a los jueces anticorrupción Christian Quito Carpio y Gabriela Lara Tello por una infracción disciplinaria. Estos magistrados habrían buscado favorecer al grupo delictivo Comandos de la Frontera, en el caso Fachada.
De otro lado, la Judicatura deja pasar cada vez más tiempo y no avoca conocimiento del caso de Ayala. De esta manera se estaría dejando una puerta abierta a la impunidad en este caso.
La permanencia de Ayala al caso Magnicidio FV podría significar que una magistrada con relaciones con acusados del caso Sinohydro, que ve a una víctima del caso de este vil asesinato (Amanda Villavicencio) como su agresora, tenga poder de decisión sobre el mismo. No parece que pudiera guardar imparcialidad.
Rosero también ve riesgos en que Ayala siga adelante. Antes de que empiece la etapa de juicio, los investigados podrían pedir una revisión de medidas. Ahora tienen prisión preventiva, pero la jueza ya demostró ser partidaria de medidas más laxas como la presentación en un consulado.
También resultaría grave que una magistrada tan cuestionada sea la que lleve adelante la evaluación de las pruebas en el caso.
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