Una decisión judicial de último minuto frenó un plan del gobierno de Trump para deportar a cientos de niños guatemaltecos, una acción que provocó un tenso enfrentamiento legal que se desarrolló desde las pistas de un aeropuerto en Texas hasta los tribunales de Washington, DC. El fallo, emitido por la jueza federal Sparkle Sooknanan, detuvo la partida de aviones que ya estaban listos para despegar con los menores a bordo.
El Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) presentó la demanda el domingo por la mañana, en un esfuerzo por bloquear la deportación de 10 niños de entre 10 y 17 años que, segun la organización, enfrentaban la deportación en cuestión de horas. El centro legal afirmó que el gobierno de Trump había identificado a más de 600 niños guatemaltecos para su posible deportación, como parte de un «programa piloto» acordado con el gobierno de Guatemala. Los abogados del NILC argumentan que los niños a los que representan enfrentan abuso, negligencia, persecución o tortura si regresan a su país.
La jueza Sooknanan, nominada por el presidente Biden, emitió una orden de restricción temporal que prohibía las deportaciones por 14 días y que se aplicó a todos los niños identificados para la deportación.
En una audiencia, la jueza expresó su sorpresa por las acciones del gobierno. «Tengo al gobierno tratando de sacar a niños menores del país a altas horas de la madrugada en un fin de semana festivo. Eso es sorprendente», declaró. La jueza se refirió al hecho de que, sin su intervención, todos los niños habrían regresado a Guatemala, «potencialmente a situaciones muy peligrosas».
La administración de Trump sostiene que busca reunir a los niños guatemaltecos con sus padres en su país de origen. Sin embargo, los abogados de los menores califican esta afirmación de absurda. El abogado del NILC, Efrén Olivares, indicó que, en algunos casos, los padres en Guatemala recibieron llamadas extrañas que les informaban sobre la deportación de sus hijos. Otros niños, identificados solo por sus iniciales en documentos judiciales, afirmaron que sufrieron negligencia, abandono o abuso físico en Guatemala.
Por otro lado, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, afirmó en X: «Los menores han declarado que sus padres están en casa en Guatemala. Pero un juez democrata se niega a permitir que se reúnan con sus padres».
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, afirmó que su gobierno se preparaba para recibir a unos 150 niños por semana y que el objetivo era «rastrear a las familias y regresarlos de manera segura». La declaración del gobierno guatemalteco indica que se reforzaron «acciones coordinadas para contribuir a su reunificación familiar en Guatemala».
Este caso es el más reciente de una serie de enfrentamientos entre la administración de Trump y los tribunales sobre su política de inmigración. La orden de la jueza Sooknanan es un recordatorio de las protecciones legales que existen para los menores no acompañados. NBC News explicó que, por ley, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) debe hacerse cargo de los menores no acompañados que son detenidos en la frontera. La ley de 2002 indica que a los menores no se les debe deportar sin un proceso de inmigración completo.
El NILC dijo en un comunicado: «En la oscuridad de la noche de un fin de semana festivo, la administración de Trump arrancó a niños vulnerables y asustados de sus camas e intentó regresarlos al peligro en Guatemala». La organización y otros grupos defensores de los derechos de los inmigrantes se movilizaron rapida mente, ya que detectaron que las audiencias de inmigración de sus jóvenes clientes se cancelaban y agentes de la Seguridad Nacional entrevistaban a los menores en las instalaciones del ORR.
El caso subraya la complejidad y el riesgo de la política de inmigración, y el papel crucial que el sistema judicial juega en la protección de los derechos de los más vulnerables.
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