Joaquín Leal Jiménez, Alessandro Bazzoni y Miguel Silva Pérez: 3 piezas claves de la corrupción en Venezuela

El Gobierno de los Estados Unidos está profundamente interesado en el papel desempeñado por ciertos operadores que tienen vínculos estrechos con Alex Saab, un empresario colombiano detenido en los Estados Unidos y considerado uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro. Estos operadores son Alessandro Bazzoni, ciudadano italiano, y Joaquín Leal Jiménez, ciudadano mexicano, quienes también son señalados como personas de confianza en el entorno de Tareck El Aissami.

Tanto Bazzoni como Joaquín Leal Jiménez fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos en 2021. Las investigaciones federales determinaron que después de la detención de Saab en junio de 2020, Bazzoni asumió el papel de coordinar las operaciones de reventa de crudo de PDVSA y proporcionar los barcos para recoger el crudo en los puertos venezolanos. Por su parte, Joaquín Leal Jiménez coordinaba la compra y venta de crudo venezolano, facilitando su transporte y reventa a compradores, violando abiertamente las sanciones estadounidenses, a través de la empresa Libre Abordo S.A, a un precio inflado.

Alessandro Bazzoni, esposo de Siri Evjemo-Nysveen y corrupto de PDVSA

Bazzoni y Joaquín Leal Jiménez se asociaron con diversas personas y empresas, en particular con los ciudadanos griegos George Moundreas y Panagis Zissimatos, y con el italiano Erik Roveta, un broker que actúa como gerente técnico y es propietario de varias empresas como Sernavimar SRL y Axione Chartering OU, para gestionar y operar los buques y transportar el crudo y los productos refinados hacia China y otros mercados.

Otros individuos asociados a este grupo son Phillipp Apikian, de la petrolera Swiss Oil Trading SA con sede en Ginebra, también sancionada por los Estados Unidos, y José Luis Chávez Calva, un financista de origen mexicano que se encargaba de cobrar y facilitar los pagos del esquema de corrupción. Chávez movilizó más de ocho mil millones de dólares a través de su empresa Walker International DWC LLC, con sede en Dubái.

Además, se utilizaron cuatro empresas adicionales, Schlager Business Group SdRL, Cosmo Resources PTE Ltd, Delta Group Ltd y United Petróleo Corp., para llevar a cabo la operación de intercambio de petróleo por alimentos orquestada por Álex Saab y Álvaro Pulido. Se estima que en este esquema de negocios fraudulento se comercializaron más de 50 millones de barriles de crudo y productos refinados, con un valor aproximado de cinco mil millones de dólares, entre 2019 y 2022.

Tras la detención de Alex Saab, Bazzoni, Leal y su grupo de socios se convirtieron en agentes protegidos de Tareck El Aissami. Junto a ellos, se encontraba una importante organización controlada por los militares del régimen, encabezada por el coronel Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA.

Sin embargo, El Aissami no era el único que contaba con operadores protegidos en el negocio internacional del petróleo venezolano. Según la información publicada por AFP y Reuters, Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, también tenían una participación importante en el esquema de corrupción, aunque sus operadores carecían de experiencia en el sector petrolero.

Un ejemplo de esto es Miguel Silva Pérez, un operador protegido por Cabello, vinculado a las empresas Misil Group Ltd y Grupo Iveex Insaat. Aunque los negocios de Silva y Bazzoni beneficiaron a ambos, una de las últimas operaciones importantes fracasó sorpresivamente. Este evento fue uno de los desencadenantes de las investigaciones llevadas a cabo por la Policía Anticorrupción del gobierno, y dio inicio a la actual «guerra de las mafias» de la corrupción.

Por otro lado, los operadores Majed Khalil Majzoub y Arturo Sarmiento, protegidos de los hermanos Rodríguez, también participaron en el esquema de corrupción a través de las empresas Montmagastre Ventures Limited y Five Oceans Ltd.

El desfalco causado por este esquema de corrupción se estima ahora en alrededor de 59 mil millones de dólares, una cifra sin precedentes que revela la total impunidad con la que operaron durante años. Aunque aún no se conoce con certeza el destino de los recursos obtenidos por los operadores vinculados a Tarek El Aissami, Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez, se ha informado sobre la supuesta recuperación de más de 400 millones de dólares en dinero y propiedades pertenecientes a las personas implicadas en el negocio, quienes se encuentran detenidas en Venezuela.

Si sumamos los desfalcos perpetrados contra PDVSA y la CVG en los últimos 20 años, tanto por la mafia de Rafael Ramírez como por los grupos mencionados anteriormente, la cifra supera los 100 mil millones de dólares, una cantidad obscena.

Miguel Silva Pérez, protegido de Diosdado Cabello

Ahora, ¿quién es Miguel Silva Pérez? Actualmente, ocupa el cargo de presidente de la Cámara Venezolana de Exportadores y del Grupo Venezolano de Industrias del Emprendimiento (IVEEX). Además, es el Coordinador General de la Fundación Patriótica Social Reciproca Integral Endógena Fronteriza (SIENFRONT).

Entre los años 2013 y 2016, Silva Pérez ocupó diversos cargos importantes en el sector público. Fue director de Asuntos Internacionales de la Federación Campesina de Venezuela, Comisionado del Ejecutivo Nacional en Seguimiento y Control del Ministerio del Poder Popular de Ecosocialismo, Vivienda y Hábito, Coordinador del Centro Andino del Consejo Bolivariano de Integración Empresarial y Coordinador del Estado de Táchira y Director Financiero Nacional de la Cámara Bolivariana de Construcción.

En relación a una sentencia emitida contra Silva Pérez el 4 de julio de 2019, se presentó una demanda por parte de Goitía Gómez, apoderada de la empresa PDVSA Petróleo, S.A. La demanda tenía como objetivo el cobro de facturas pendientes por la venta de hidrocarburos y sus derivados. La demanda fue dirigida tanto a la compañía Grupo Iveex Insaat como a Miguel Silva Pérez.

El grupo dirigido por Silva Pérez realizó una compra de hidrocarburos y derivados a la empresa estatal venezolana PDVSA. En este proceso, se emitieron seis facturas con un total de 120 millones 449 mil 321,85 euros, indicando el equivalente en bolívares para cada una de ellas. Estas facturas tenían fechas de vencimiento comprendidas entre el 10 de abril y el 1° de mayo de 2019, pero nunca se realizaron los pagos correspondientes.

Silva Pérez argumentó en su momento que las facturas habían sido aceptadas de manera tácita por la parte demandada, basándose en la propuesta de pago enviada por la demandada a la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Petróleos de Venezuela el 17 de mayo de 2019. Además, señaló que los Conocimientos de Embarque de las mercancías demostraban que la sociedad mercantil Grupo Iveex Insaat había recibido la mercancía bajo la cláusula de comercio internacional FOB, lo cual implicaba que el comprador reconocía la recepción del crudo y sus derivados en buques contratados o fletados por la demandada.