Mientras Colombia concentra cerca del 10% de las especies del planeta, el presupuesto ambiental históricamente no supera el 1% del Presupuesto General
Entre el segundo semestre de 2022 y 2026, la Contraloría General de la República, por medio de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, realizó 174 actuaciones de control fiscal sobre los recursos destinados al sector ambiental. Las revisiones dejaron 1.991 hallazgos administrativos y, dentro de ese universo, 135 tuvieron incidencia fiscal por un valor cercano a $56.890 millones.
El resultado adquiere relevancia frente al tamaño de los recursos disponibles. Históricamente, la asignación ambiental dentro del Presupuesto General de la Nación no ha superado el 1 %, mientras que para 2025 se apropiaron $4,7 billones para inversión. Sin embargo, cerca del 80 % de ese monto dependía de recursos propios de las Corporaciones Autónomas Regionales.
A esto se sumó otro dato registrado en la rendición de cuentas: la ejecución presupuestal promedio del sector se ubicó alrededor del 71 %. Es decir, además de contar con una participación limitada dentro del presupuesto nacional, los recursos asignados no llegaron a ejecutarse en su totalidad durante el periodo revisado.
Con ese escenario como punto de partida, la vigilancia fiscal se extendió a algunos de los proyectos y ecosistemas que concentran buena parte de los recursos y de la atención ambiental del país.
Uno de los frentes de seguimiento fue La Mojana. Después de una auditoría de cumplimiento correspondiente a las vigencias 2022-2024, la Contraloría emitió una Advertencia Ordinaria al Ministerio de Ambiente, la UNGRD y el Fondo Adaptación por riesgos en la inversión pública y el manejo hidráulico de esta ecorregión. Actualmente, el organismo adelanta mesas de “Diálogo Participativo” para hacer seguimiento a las inversiones y obras en la zona.
Otro caso estuvo relacionado con el cierre anticipado de las minas La Jagua y Calenturitas, operadas por Prodeco. En julio de 2022, la Contraloría emitió una Alerta de Control Interno a la ANLA por los impactos y deficiencias ambientales asociados al cierre. Posteriormente, durante una auditoría financiera, se configuró un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria por los retrasos en los planes de compensación ambiental.
El Canal del Dique también quedó dentro del radar. En mayo de 2023, la Contraloría emitió un informe de seguimiento en el que identificó deficiencias en las evaluaciones realizadas por la ANLA y planteó dudas sobre la aplicación del régimen de transición a las obras. Desde entonces, el proyecto ha continuado bajo monitoreo mediante reuniones y solicitudes de información.
La vigilancia no se limitó a proyectos específicos. Las alertas preventivas también abordaron emergencias climatológicas asociadas a la variabilidad climática, entre ellas las inundaciones registradas a comienzos de año, con el objetivo de identificar riesgos relacionados con fenómenos como la deforestación y la pérdida de ecosistemas.
Los páramos ocuparon otro lugar central en la estrategia de control. Colombia concentra cerca del 50 % de los páramos del planeta y de estos ecosistemas depende el abastecimiento de agua potable de más del 70 % de la población colombiana. En ese contexto se desarrolló la estrategia “Páramos en la Cima del Control – Un Nuevo Ciclo”.
Entre 2024 y 2026 se realizaron 28 auditorías al Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales Naturales y autoridades regionales, además de dos seguimientos permanentes a los complejos de páramos de Chingaza, Cruz Verde-Sumapaz, Pisba y Chilli Barragán.
La estrategia también incorporó participación territorial. La Contraloría realizó Evaluaciones Concertadas con comunidades de 26 municipios de Cundinamarca, Boyacá y Meta y participó en mesas multilaterales con entidades fiscalizadoras superiores de Ecuador, Venezuela, Perú, Costa Rica y Panamá. A esto se sumó el Geovisor de Páramos, que cruza en tiempo real información sobre hallazgos fiscales, títulos mineros y frontera agrícola.
El balance 2022-2026 también incluye el fortalecimiento del Observatorio de Control Fiscal Ambiental (OCFA), creado como herramienta para organizar y divulgar conocimiento sobre las políticas públicas ambientales y el desarrollo sostenible. El observatorio reúne información sobre agua, suelo, biodiversidad, cambio climático, ecosistemas estratégicos e instrumentos de gestión.
Además, en articulación con INTOSAI, Colombia implementó ClimateScanner, una herramienta para evaluar rápidamente las acciones climáticas en materia de gobernanza, políticas públicas y financiamiento. Sus resultados fueron incorporados al Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales 2025-2026, cuyo contenido se centró en el cambio climático.
Así, entre 2022 y 2026, la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente concentró su rendición de cuentas en una combinación de auditorías, alertas preventivas, seguimiento a megaproyectos, vigilancia de ecosistemas estratégicos y nuevas herramientas tecnológicas. El balance deja como principales cifras 174 actuaciones de control, 1.991 hallazgos administrativos y 135 con incidencia fiscal por cerca de $56.890 millones.
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