La administración Trump decidió abrir una investigación federal sobre el proceso de admisión en la Thomas Jefferson High School for Science and Technology (TJ), una prestigiosa escuela magnet del norte de Virginia. La medida volvió a encender un debate nacional sobre raza, mérito y acceso equitativo a la educación pública.
El anuncio llegó el jueves 22 de mayo, apenas un día después de que el fiscal general de Virginia, Jason S. Miyares, concluyera una investigación estatal de dos años. Según él, el distrito escolar de Fairfax violó tanto la Ley de Derechos Humanos de Virginia como la Ley de Derechos Civiles federal al modificar el sistema de admisiones para hacerlo más “holístico”.
“La política actual parece violar tanto la ley como el principio fundamental de que los estudiantes deben ser evaluados por su mérito, no por el color de su piel”,
Así lo declaró la secretaria de Educación, Linda McMahon, el 22 de mayo durante un comunicado oficial difundido por el Departamento de Educación. McMahon también confirmó que la Oficina para Derechos Civiles de la agencia ya comenzó a investigar el caso.
El distrito escolar de Fairfax reformó en 2020 el proceso de admisión de TJ con el objetivo de diversificar el estudiantado. Antes de los cambios, los estudiantes afroamericanos y latinos no superaban el 5% de la matrícula. La nueva política eliminó un examen de admisión considerado extremadamente difícil, una tarifa de $100 y reservó cupos para cada escuela intermedia del condado.
Los aspirantes aún debían mantener un promedio mínimo de 3.5, cursar materias avanzadas, redactar un ensayo de resolución de problemas y presentar una “hoja de retrato estudiantil”.
El resultado: aumentó el número de estudiantes negros, latinos, de bajos ingresos, aprendices de inglés y mujeres admitidas. Pero el porcentaje de estudiantes asiático-americanos bajó del 70% al 50%, lo que generó acusaciones de discriminación.
En 2021, un grupo de padres llamado Coalition for TJ demandó al distrito escolar, alegando que el nuevo sistema perjudicaba a estudiantes asiático-americanos. En 2022, un juez federal les dio la razón y calificó el proceso como “equilibrio racial” y “patentamente inconstitucional”.
Sin embargo, en mayo de 2023, un panel dividido del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito revirtió la decisión. El fallo indicó que el sistema no discriminaba, ya que los estudiantes asiático-americanos aún representaban la mayoría de los admitidos. Según los argumentos de la corte —incluidos en los documentos oficiales del tribunal—, los cambios se basaban en criterios neutros y no se diseñaron para perjudicar a ningún grupo étnico.
La Coalition for TJ apeló el caso ante la Corte Suprema de EEUU, que lo rechazó en febrero de 2024. Aunque no ofreció razones, los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas disintieron, diciendo que la corte inferior se equivocó.
El mismo día en que Miyares presentó sus hallazgos, el 21 de mayo, el grupo conservador Defending Education interpuso una queja federal contra el distrito escolar de Fairfax por sus políticas de equidad, incluida la de admisión en TJ. La acción llegó justo cuando Fairfax también enfrenta otra investigación por permitir que estudiantes usen nombres y baños conforme a su identidad de género, según reportó el Departamento de Educación.
Además, el fiscal Miyares señaló a The Washington Post que su oficina continúa investigando un escándalo en el que varias escuelas del condado notificaron con retraso a estudiantes sobre sus reconocimientos del National Merit. Algunos padres acusaron al distrito de ocultar la información para no destacar a ciertos alumnos. Sin embargo, una investigación interna del mismo distrito escolar de Fairfax concluyó que los retrasos no fueron intencionales.
El caso de TJ no ocurre en aislamiento. Muchos lo ven como el siguiente frente de batalla luego de que la Corte Suprema prohibiera en 2023 las admisiones conscientes de la raza en universidades como Harvard y UNC. La decisión echó atrás décadas de jurisprudencia.
Mientras tanto, otras divisiones escolares del norte de Virginia, incluida Fairfax, también enfrentan investigaciones federales por permitir que estudiantes usen nombres e instalaciones que coincidan con su identidad de género.
“Me postulé para proteger los derechos de todos los virginianos, incluido el derecho a ser juzgados por tu carácter, ética de trabajo y mérito, no por tu raza”.
Así afirmó Miyares en una rueda de prensa celebrada en un centro comunitario coreano del condado de Fairfax.
Por ahora, las investigaciones federales siguen en curso. La política de admisión de TJ, por su parte, continúa en vigor, con sus defensores celebrando una mayor diversidad y sus detractores insistiendo en que el cambio castiga la exelencia.
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