La presunta negligencia en el suministro de una droga vital para la supervivencia de Ana Cuesta llevó al Superintendente de salud Helver Rubiano a una investigación.
Ana María Cuesta pidió por meses a la EPS Famisanar los medicamentos vitales que le habían sido prescritos para el tratamiento de una enfermedad grave que padecía desde 2006. No había cumplido los 20 años cuando Ana María Cuesta fue diagnosticada de hipertensión pulmonar (más tarde
entendería que estaba asociado a un lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune que genera un ataque del cuerpo a sus propios órganos y tejidos sanos).
Durante casi veinte años manejó la enfermedad con medicamentos y controles médicos con los que pudo llevar una vida profesional normal, comprometida en la defensa de los derechos humanos, e incluso desde el 2 de noviembre de 2023 fue nombrada por la alcaldesa Claudia López directora
del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. Llegó tras la renuncia de José Antequera Guzmán, quien estuvo en el cargo durante cuatro años.
Cuesta estuvo allí hasta que la enfermedad se descontroló. La prescripción médica indicaba la necesidad del medicamento Ambrisentan, que le entregaba la EPS Famisanar, entidad de salud que está intervenida por el gobierno desde el 15 de septiembre de 2023. Para la época se habló únicamente de un año de intervención a la EPS.
Se trataba de un tratamiento con un medicamento costoso; pero de urgencia vital, y Famisanar empezó a no responder y Ana María, como tantos pacientes en Colombia, interpuso el recurso de la tutela para que la justicia intercediera. Como efectivamente lo hizo y un juez le ordenó a Famisanar en 2020 entregar los medicamentos prescritos por el médico en las siguientes 48 horas. La paciente no recibió de manera continua su medicina y la enfermedad se complicó.
Todo fue en vano, en la madrugada del 11 de junio del 2025, la directora del Centro Memoria murió a los 39 años. Por su muerte, el presidente Gustavo Petro expresó la necesidad de una investigación. Famisanar, que estaba intervenida desde 2023.
El presidente Gustavo Petro pidió investigar la muerte de Ana María Cuesta, directora del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, ante versiones que señalan que se le habría negado un medicamento esencial para tratar el lupus. También solicitó una auditoría al… pic.twitter.com/drPA8bKfQl
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 18, 2025
El Superintendente de salud, el médico Giovanni Rubiano, egresado de la Universidad Juan M Corpas quien está al mando de la entidad desde el 6 de noviembre de 2024, actuó con firmeza. Ordenó
una investigación para indagar la responsabilidad que pudo haber tenido Famisanar en la muerte de Ana María Cuesta.
La EPS Famisanar está, desde el 26 de junio en cabeza de Cris Encarnación Reyes, quien es abogada con un magister y especialización en Administración en Salud y fue designada como nueva interventora por el Superintendente Rubiano.
Pero quien tendrá que responder por este lamentable hecho es la primera interventora Sandra Milena Jaramillo, designada por el primer Superintendente de salud del gobierno Petro, el barranquillero Ulahi Beltrán López, quien tiene cuestionamientos por sus actuaciones como gerente del Hospital universitario Cari de Barranquilla. Las dudas derivaron en una sanción disciplinaria y suspensión por 8 meses por parte de la Procuraduría.
Famisanar fue la primera de las grandes EPS intervenidas por el gobierno Petro; sus 2.8 millones de afiliados desde septiembre de 2023 están en manos del gobierno. El superintendente Rubiano acaba de prorrogar su intervención hasta septiembre del 2025 porque aún no consigue el equilibro financiero. Pero la investigación que acaba de ordenar el Superintendente Rubiano, quien cambió a la primera interventora, reviste de mucha mayor gravedad por tratarse de una presunta negligencia que pudo ocasionar la muerte de una paciente, Ana María Cuesta, quien además se desempeñaba como funcionaria pública en la dirección del Centro de Memoria Paz y Reconciliación de Bogotá.
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