Informe de Human Rights Watch sobre Asesinatos Post-Electorales en Venezuela: Terror y Violaciones de Derechos Humanos

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Human Rights Watch: retratos del terror post-electoral

El último informe de la ONG internacional Human Rights Watch, Punished for Seeking Change, ofrece un análisis profundo de muchos de los abusos que hemos estado cubriendo y revisando en los últimos 10 meses: la represión que siguió al fraude electoral del 28 de julio, las mentiras del Consejo Nacional Electoral de Amoroso, desapariciones forzadas, las condiciones de los prisioneros políticos y la re-victimización de sus familias, muertes bajo custodia, y la detención arbitraria y clandestina de periodistas y defensores de derechos humanos.

Pero la parte más sorprendente del informe es cómo reconstruye en detalle técnico—utilizando entrevistas con familiares y testigos, certificados de defunción y material de redes sociales—los asesinatos de nueve jóvenes llevados a cabo por colectivos y fuerzas de seguridad entre el 29 de julio y el 4 de agosto.

Uno de ellos fue Isaías Fuenmayor González, un joven de 15 años en San Francisco, Zulia. Ni siquiera estaba protestando ese día. Regresaba a casa de un ensayo de baile para una fiesta de quinceañera cuando se cruzó con la Guardia Nacional estacionada frente a una manifestación, cerca de una escuela que había funcionado como centro de votación el 28 de julio, y cerca de una oficina del PSUV. Nunca llegó a casa.

HRW pudo geolocalizar la escena de la muerte de Fuenmayor al analizar dos videos publicados en redes sociales, que muestran a otro chico cargando su cuerpo frente a esa misma oficina del PSUV después de las 7:30 p.m. Se reporta que colectivos que habían llegado para asistir a la Guardia Nacional le dispararon en el cuello.

Luego está el caso de Aníbal “Pimpina” Romero Salazar, un obrero de la construcción de 24 años que estaba protestando en Carapita, al suroeste de Caracas, la tarde del 28 de julio. Los manifestantes habían estado enfrentándose con la policía en la Avenida Intercomunal en Antímano durante toda la tarde. Alrededor de las 7 p.m., Romero recibió un disparo en la frente.

Su muerte está documentada en una foto que lo muestra herido, tomada a 230 metros de la multitud. También está capturada en un video de YouTube publicado el 2 de agosto que muestra el momento en que cayó muerto, y en un video de TikTok que muestra a oficiales de la DAET disparando armas cerca de una iglesia. Maduro llegó al extremo de afirmar que Romero simuló su propia muerte, usando un video de un hombre que afirma estar vivo y pretendiendo ser Romero.

Otro caso es el de Rancés Yzarra Bolívar, un ingeniero civil de 30 años, y Jesús Tovar Perdomo, de 21. Ambos estaban protestando cerca del obelisco en Maracay cuando fueron asesinados desde un puesto de la Guardia Nacional.

Más información: El miércoles, la ONG local Provea también lanzó su informe de derechos humanos 2024, The Democratic Blackout in Venezuela. Registró 2,224 víctimas de trato cruel, inhumano o degradante el año pasado—un aumento del 88.1% en comparación con 2023. Al menos 60 personas reportaron haber sido torturadas. El año pasado también marcó un aumento increíble en las desapariciones forzadas—un incremento del 671.42% respecto a 2023. Y la violencia estatal por parte de fuerzas policiales y militares resultó en 522 muertes.

Día del Trabajo, con aumentos simbólicos

Previo a las protestas planificadas del Día del Trabajo el 1 de mayo, Maduro anunció un aumento en el “bono de guerra económica” para trabajadores activos, jubilados y pensionados—de $90 a $120, supuestamente indexado. Implicó que este pago se ajustaría mensualmente según el tipo de cambio oficial del BCV.

Como se esperaba, no mencionó el salario mínimo oficial—que permanece congelado desde marzo de 2022 en menos de $2 al mes, efectivamente inexistente.

Con el bono de alimentos aún en $40, Maduro afirmó que el “ingreso mínimo integral” para los trabajadores ahora suma $160. Además, anunció un aumento de $5 en las pensiones, de $45 a $50—también supuestamente indexado. Pero según El Pitazo, la cesta básica de alimentos para una familia de cinco cuesta actualmente $526.

“En otras ocasiones, han prometido similar indexación y nunca lo han cumplido—simplemente lo dejan colapsar,” dijo el activista digital Luis Carlos Díaz en X. “Y además, anuncian pensiones en dólares, pero no se pagan en dólares. La gente recibe bolívares, impresos mensualmente por el BCV. Es básicamente emisión monetaria para cubrir la nómina, lo que significa más inflación para todos.”

Más información: La semana pasada, el gobierno aumentó la tarifa mínima del transporte público a 23 bolívares (alrededor de $0.25 al tipo no oficial). Ahora, los sindicatos de transporte están pidiendo una tarifa base de al menos medio dólar—o aproximadamente 43 bolívares. Según El Impulso, la tarifa de 23 bolívares ni siquiera cubre los costos de mantenimiento de los autobuses. Los conductores dicen que están operando con pérdidas. Yelmira Jiménez, jefa de una asociación de conductores en Caracas, dijo al medio que la flota de autobuses operativos se redujo en un 70% en el primer trimestre de 2025.

Lecturas recomendadas:

Runrunes: Juan Requesens lanza su campaña para gobernador de Miranda con el eslogan “Me niego a rendirme,” prometiendo no avanzar más desde la victoria de Edmundo González en las elecciones presidenciales.

Crónica Uno: Residentes de Antímano promueven la organización de actividades políticas y cívicas para superar la apatía provocada por el fraude electoral.

Diario de los Andes: En un evento en Altamira, Diosdado Cabello marcó seis años desde el fallido levantamiento militar del 30 de abril de 2019, acusando también a líderes chavistas “infiltrados” de colaborar con los rebeldes.

Efecto Cocuyo: Venezuela Sin Filtro, una iniciativa de la ONG Conexión Segura, exige respuestas de Movistar tras la filtración de datos personales de 3.2 millones de usuarios—incluidos nombres, números de teléfono, números de identificación y direcciones—en un foro público en línea.