Imputación a Ricardo Roa por Violación de Topes en Financiación de Campañas: El Rol Clave del Fiscal Elkin Ardila

Elkin Ardila, experto en delitos electorales y hombre clave de la Fiscalía, logró imputar a Ricardo Roa por la financiación de la campaña Petro

Dos veces la audiencia fue programada y dos veces tuvo que ser aplazada. La tercera fue la vencida. Este lunes, ante el juez 35 de control de garantías de Bogotá, Cidulfo Hernández Toro, el fiscal Elkin Ardila Espinosa logró por fin formalizar la imputación de cargos contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol que en este momento se encuentra por fuera de la dirección de la petrolera estatal en razón de unas vacaciones y una licencia no remunerada aprobada por la junta directiva. La imputación es por el delito de violación de topes de financiación de campañas políticas, en el marco de la investigación sobre la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de Colombia. Al cierre de la jornada, Roa se declaró inocente y no aceptó los cargos.

Detrás de esa imputación está un fiscal que no es precisamente un recién llegado al mundo de los delitos electorales. Elkin Ardila Espinosa es el coordinador de la oficina de delitos electorales de la Fiscalía General de la Nación y uno de los funcionarios con mayor acumulado en ese campo dentro de la institución. Llegó a la Fiscalía en 2016, cuando Néstor Humberto Martínez asumió como fiscal general, y desde entonces ha ocupado exactamente el mismo cargo que tiene hoy. Más de seis años construyendo expedientes electorales en una de las posiciones más técnicas y políticamente sensibles del aparato judicial colombiano.

Su formación es la de alguien que apostó por la especialización antes que por la generalidad. Es abogado egresado de la Universidad Libre, con dos especializaciones y una maestría. No es un perfil improvisado ni un funcionario que llegó al cargo por acumulación de años: Ardila hace parte de los fiscales de confianza de la fiscal general Luz Adriana Camargo y su nombre circula en los círculos judiciales como el de alguien que sabe exactamente qué busca cuando abre un expediente.

Su historial así lo confirma. Ardila fue el fiscal que llevó el caso contra Mario Castaño, el senador liberal caldense que murió hace dos años en la cárcel La Picota cumpliendo una condena de más de quince años dictada por la Corte Suprema de Justicia. Castaño había edificado durante años una red delincuencial de contratación con el Estado, el llamado cartel de Las Marionetas, que le reportó millones de pesos a él y a otros parlamentarios. Desmantelar ese entramado requirió paciencia, documentación y la capacidad de sostener una investigación compleja contra uno de los políticos regionales más arraigados del país y ahí estuvo el fiscal Ardila.

Hoy Elkin Ardila maneja simultáneamente varios de los expedientes electorales más relevantes del país. Además del caso Petro, con el que acaba de imputar al presidente de Ecopetrol, tiene a su cargo la investigación sobre las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín cuyo movimiento político Creemos perdió la personería jurídica por decisión del Consejo de Estado, lo mismo que le ocurrió a Todos Somos Colombia, el movimiento de la senadora Clara López.

En el desarrollo de estas investigaciones, Ardila ha sido el receptor de testimonios que han marcado el rumbo de los procesos. Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, declaró ante él durante tres horas sobre las reuniones sostenidas en campaña con el empresario conocido como Papá Pitufo. Y también ante él compareció Néstor Daniel García Colorado, cofundador y exsecretario general del Partido Alianza Verde, quien confesó haber sido el enlace entre Papá Pitufo y el asesor político catalán Xavier Vendrell, aunque aseguró desconocer las actividades delictivas del empresario, a quien tenía por un comerciante de San Andresito.

La imputación a Ricardo Roa es, en ese contexto, el resultado visible de meses de trabajo silencioso. La Fiscalía sostiene que durante la campaña presidencial de Petro se superaron los topes autorizados por la ley electoral colombiana, una conducta con consecuencias penales para quienes la cometen y para quienes la permiten. Hacia Roa, como exgerente de esa campaña, era donde apuntaba el expediente. Este lunes Roa escuchó sus acusaciones, las rechazó y se marchó. El fiscal Ardila, en cambio, tiene que sostener ahora en juicio la acusación que ha construido durante meses.