El «One Big Beautiful Bill» ha sido firmado como ley por el presidente Donald Trump, trayendo consigo un conjunto de cambios significativos que afectan al mercado inmobiliario. Según el informe original, este paquete de reformas busca revitalizar diversos aspectos del sector de la vivienda, desde deducciones fiscales hasta créditos para viviendas de bajos ingresos.
Una de las disposiciones destacadas es la restauración de las deducciones fiscales para el seguro hipotecario, proporcionando un alivio significativo para los compradores de vivienda que efectúan pagos iniciales reducidos. Además, la ley ha incrementado la deducción estándar a $15,750 para declarantes solteros, $23,625 para jefes de familia y $31,500 para declarantes conjuntos, lo que podriá impactar el uso de deducciones detalladas como los intereses hipotecarios.
La legislación también busca abordar la crisis de vivienda asequible mediante la expansión del crédito fiscal para constructores que desarrollen propiedades de alquiler a precios razonables. Este cambio se espera que genere o mantenga más de un millón de opciones de vivienda de alquiler para familias de bajos ingresos entre 2026 y 2035, fortaleciendo así el suministro de viviendas asequibles en Estados Unidos, segun David Dworkin de la National Housing Conference.
Otro aspecto crucial de la ley es el aumento de las deducciones de impuestos estatales y locales (SALT) de $10,000 a $40,000, una medida que permanecerá vigente hasta 2030, beneficiando en particular a los contribuyentes en áreas con altos impuestos locales. El Bipartisan Policy Center señala que esto podría revertir parte del deseplazamiento de la demanda de vivienda fuera de estas zonas que se observó tras la implementación del TCJA en 2017.
Finalmente, la ley ha hecho permanentes varias disposiciones que impactan positivamente el mercado inmobiliario. Entre ellas, se encuentran las Zonas de Oportunidad, diseñadas para incentivar el desarrollo en regiones de bajos ingresos, así como deducciones fiscales para gastos comerciales calificados y una reducción de intereses para transacciones inmobiliarias. Estas medidas, respaldadas por la opinión de expertos en el sector, apuntalan la estructura de la economía inmobiliaria actual.
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