La administración Trump anunció una reestructuración histórica del Departamento de Educación que afectará tanto a la educación K-12 como a la superior en Estados Unidos, incluyendo la región del Área Metropolitana de Washington, DC. Entre los cambios más importantes se encuentra la transferencia de programas y responsabilidades a agencias como Trabajo, Salud y Servicios Humanos, Interior y Estado, mientras el Departamento de Educación mantendrá la gestión de préstamos estudiantiles y acreditaciones, con un portafolio de $1.6 billones. Estos movimientos podrían transformar tanto la educación pública como el acceso universitario para estudiantes de bajos ingresos.
La secretaria de Educación, Linda McMahon, defendió los cambios diciendo que buscan “romper la burocracia federal y devolver la educación a los estados”, así como “centrarse en los estudiantes, familias y escuelas”. La administración sostiene que estas medidas ayudarán a los estudiantes a recuperarse del impacto de la pandemia de COVID-19, que afectó de manera profunda la instrucción y el aprendizaje.
Sin embargo, expertos alertan sobre los riesgos. La Annie E. Casey Foundation señaló que la pandemia “dramáticamente redujo el tiempo de instrucción y dificultó la comprensión de los estudiantes”, mientras que John King, exsecretario de Educación, considera que la reestructuración es “lo opuesto a enfocarse en la recuperación académica” y que “nuestro desempeño hoy está por debajo de los niveles previos a COVID”.
En el DMV, los distritos escolares y las universidades comunitarias podrían enfrentar confusión y retrasos administrativos. La transferencia de programas de educación técnica al Departamento de Trabajo ya ha ralentizado la distribución de fondos y generado incertidumbre para educadores y estudiantes. Además, el cierre de oficinas regionales de derechos civiles limita los recursos disponibles para quienes sufren discriminación por raza, sexo o discapacidad.
La ACLU advirtió que estas medidas “socavan la misión del Departamento de Educación y ponen en riesgo los derechos civiles de los estudiantes”. Kimberly Conway, asesora senior de políticas, añadió que “transferir estas oficinas a agencias sin experiencia educativa elimina apoyos académicos, debilita la supervisión de derechos civiles y pone a millones de estudiantes en riesgo”.
A la par, una nueva ley permite que estudiantes inscritos en programas cortos y vocacionales, como asistentes de salud, técnicos en HVAC o soldadores, puedan usar subvenciones federales para pagar matrícula. Esta medida es particularmente relevante para Washington, DC, donde muchas famílias de bajos ingresos dependen de opciones educativas rápidas y con salida laboral inmediata.
Expertos destacan que estos programas “stackables” pueden permitir que los estudiantes acumulen créditos que eventualmente conduzcan a certificados avanzados o grados universitarios, creando rutas flexibles hacia la educación superior y el empleo estable.
Para el DMV, la reestructuración del Departamento de Educación y la nueva ley de acceso a programas cortos representan un panorama mixto. Por un lado, abren oportunidades concretas para estudiantes de bajos ingresos mediante programas técnicos; por otro, generan incertidumbre sobre becas, préstamos y derechos civiles. La clave será como las instituciones locales gestionen estos cambios para que los estudiantes puedan aprovechar las oportunidades sin perder protecciones esenciales.
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