El 18 de febrero de 2025, un Juez Penal condenó al exalcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez Ramírez a 4 años, 10 meses y 21 días por el contrato de las piscinas olímpicas de Ibagué que implicó diez años de espera, ocho empresas involucradas, 20 funcionarios investigados y millones de pesos invertidos.
Rodríguez Ramírez, elegido alcalde para el periodo 2012-2015 por una coalición de los partidos Liberal, Conservador y Alianza Verde, paga condena por la celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales firmados después de que el entonces presidente Juan Manuel Santos anunció el 23 de junio de 2012, que Ibagué sería la sede de la versión XX de los Juegos Nacionales, que se originaron en 1928 en Cali, programada para 2015.
Era la segunda vez que la capital musical de Colombia organizaba unos Juegos Nacionales. La primera vez, fue del 4 al 9 de diciembre de 1970 y en esa oportunidad, para cumplir ese compromiso, los ibaguereños decidieron construir la Unidad Deportiva de la Calle 42 compuesta por las Piscinas Olímpicas Hernando Arbeláez Jiménez y el Coliseo Menor.
Cuando apareció el compromiso de la ciudad con los Juegos Nacionales de 2015, los responsables y dirigentes políticos y deportivos de la ciudad, consideraron necesario modernizar la infraestructura disponible, especialmente las piscinas olímpicas, los escenarios para gimnasia y otros deportes.
En ese contexto, se firmó el Contrato de Obra 074 de 2015 por $ 1.198.689.910 de pesos para construcción, adecuación y/o remodelación de la Unidad Deportiva de la Calle 42 con Carrera 5 en Ibagué.
La reforma de las piscinas para competencias de natación, clavado y partidos de polo acuático fue accidentada, pues en 2014 no se tenía seleccionado el contratista, situación extraña por faltar solo un año para los Juegos Nacionales y así comenzó uno de los escándalos de corrupción más sonados en la capital del Tolima y que tuvo eco en el resto del país.
El Consorcio Unidad Deportiva 2015, que tenía como representante legal a Jorge Alexander Pérez Torres, fue seleccionado para ejecutar el Contrato de Obra 074 cuando faltaban ocho meses para iniciar los Juegos Nacionales.
A finales de 2015, el proyecto del Complejo Deportivo apenas llegaba al 41 % de la ejecución de la obra y se llevaron a cabo algunas competencias en medio de estructuras de acero cubiertas con lona.
La imagen de los deportistas en esas condiciones fue el símbolo del retraso, la falta de planeación y el anuncio de las investigaciones de los entes de control. La Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría tenía indicios de posibles casos de corrupción o negligencia.
En medio de las pesquisas legales, prorrogaron el contrato al Consorcio Unidad Deportiva 2015 hasta mitad de 2016. Algunas personas quedaron con dudas sobre si era buena idea dar más plazo a un Contratista que en apariencía había abandonado las obras de la Unidad Deportiva de la Calle 42.
Durante 2017, el entonces alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, hoy Ministro de Salud, proveniente del partido Mais, decidió liquidar de manera unilateral el contrato con Consorcio Unidad Deportiva 2015 y destinaron otros $ 2.000 millones para ajustar estudios y diseños de otros escenarios deportivos en Ibagué.
En ese momento, las autoridades tenían en la mira a más de 20 personas, entre ellos, el exalcalde Luis Hernando Rodríguez y el contratista Jorge Alexander Pérez Torres, apodado el Chatarrero.
En 2017, abrieron una nueva licitación y no se incluyó un rescate de las piscinas. Un año después, en 2018, se contrató el complejo acuático con la empresa Hidripav Ingenieros S. A. S., que tenía como representante legal a Óscar Eduardo Cárdenas, pero el contratista volvió a incumplir y no existió un avance real. La remodelación se siguió posponiendo. Entre 2018 y 2021, se declararon desiertas varias licitaciones.
Fuente: Alcaldía de Ibagué
Según Diana Cepeda, entonces gerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (Imdri), Hidripav no tuvo un avance óptimo en el Contrato de Obra No. 280 de 2018 y no cumplió con las obras de construcción de la Unidad Deportiva de la Calle 42, razón por la cual se le impuso una sanción por $ 2.918.000.000 de pesos, valor de la cláusula penal.
Los resultados fueron nefastos. Los pilotes no cumplían los estándares de seguridad, se debía demolir, corregir los erores heredados, enmendar las deficiencias e implementar soluciones. Una vez más fue necesario abrir procesos licitatorios.
Para 2022, el gobierno del alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, logró adjudicar un contrato para la construcción y adecuación del complejo de la Unidad Deportiva de la Calle 42. El proyecto llegó a un avance del 50 %.
A partir de ese año, la Contraloría General de la República estaba vigilando de cerca la construcción. El procedimiento estándar de levantar procesos judiciales y fiscales no estaba dando frutos. Desde 2022, la Contraloría buscó hacer más acompañamiento para sacar adelante la obra.
El último de los contratistas escogido fue La Unión Temporal Unidad Deportiva 2022, que debía manejar un contrato de 12.536.270.658 de pesos. El representante legal era John Fredy Osuna Mora.
Johana Aranda, actual alcaldesa de Ibagué, renunció al Partido Conservador el 28 de julio de 2022. Posteriormente, se presentó en las elecciones regionales de 2023 a la Alcaldía con el aval del Centro Democrático y su plan fue alcanzar un avance superior al 90 % en las obras. o terminar los trabajos.
El trabajo de la alcaldesa Aranda con la Contraloría dio frutos. Abrió y cerró diez frentes de trabajo para recuperar el tiempo perdido y el proyecto de las piscinas olímpicas llegó a buen término. Esta meta la logro en un trabajo conjunto con la gerente Departamental de la Contraloría, Lina María Laguna, el contratista, la Alcaldía de Ibagué, la comunidad y la veeduría.
Los funcionarios de la Contraloría General de la República lograron cumplir la meta el 25 de abril de 2025. Los diez años de espera se terminaron y la comunidad de la capital musical de Colombia conoció las nuevas piscinas de la Unidad Deportiva de la Calle 42.
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