Fuerza del Pueblo exige claridad sobre el uso de multas de tránsito y denuncia deficiencias en movilidad vial en RD

Santo Domingo – El Partido Fuerza del Pueblo (FP) exigió al gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) explicar el destino de lo que se obtiene en el país por multas de tránsito.

Denunció, a través de su Secretaría de Seguridad Vial, que tras casi cinco años de gestión, persisten graves deficiencias en la movilidad vial del país, sin que se evidencie una inversión de esos recursos en el fortalecimiento del sistema de transporte.

RECURSOS NO FORTALECEN ORGANISMOS

Dijo que los recursos generados por infracciones no están fortaleciendo a los organismos responsables como el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).

A su juicio, esto limita seriamente “la implementación de un régimen de consecuencias efectivo para reducir la alta tasa de siniestralidad vial que afecta a la población dominicana”.

Opina que durante la reciente comparecencia del director del INTRANT, Ing. Milton Morrison, ante el Senado, quedó evidenciada una “profunda crisis de autoridad en la gestión del tránsito, caracterizada por la fragmentación insitucional, recursos insuficientes y la ausencia de una estrategia articulada”.

“El sistema de movilidad enfrenta una parálisis funcional: las competencias se solapan, la colaboración entre instituciones es débil, y ninguna entidad parece asumir plenamente el liderazgo que la situación requiere”, expresa.

SERIAS LIMITACIONES EN LOS MUNICIPIOS

Advierte que los municipios, claves en la ejecución local de políticas de tránsito, enfrentan serias limitaciones técnicas y financieras, lo que impide una gestión territorial efectiva del transporte.

De igual manera, asegura que la DIGESETT, órgano responsable de la fiscalización y control en las vías, continuán recurriendo a medidas represivas, muchas veces exacerbadas y poco efectivas, debido a la falta de entrenamiento del personal y a que los fondos recaudados por infracciones no se utilizan para su fortalecimiento institucional.