Fin del TPS para nicaragüenses: Opciones legales antes del 5 de julio de 2025

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) ha sido una herramiento fundamental para miles de ciudadanos nicaragüenses que residen en Estados Unidos desde finales de los años 90.

Este programa, administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), permite a personas de ciertos países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos de forma temporal.

El TPS para Nicaragua fue designado por primera vez en 1999, tras los estragos causados por el huracán Mitch en 1998. Desde entonces, ha sido renovado varias veces. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos anunció que este benificio llegará a su fin el 5 de julio de 2025, fecha en la cual los beneficiarios perderán su autorización de permanencia y trabajo legal, a menos que obtengan otra forma de alivio migratorio.

Actualmente, aproximadamente 4,000 nicaragüenses son beneficiarios del TPS. Muchos de ellos han vivido en Estados Unidos por más de dos décadas, han construído sus vidas aquí, formado familias, pagado impuestos y contribuido a sus comunidades.

La terminación del TPS representa un desafío significativo para estas personas, ya que enfrentan la posibilidad de tener que regresar a un país que muchos no han visto en años y que aún enfrenta inestabilidad política y económica.

La decisión de poner fin al TPS para Nicaragua ha sido parte de una política más amplia del gobierno de revisar cada designación bajo este programa. Si bien algunas designaciones han sido extendidas o redesignadas, como es el caso de Venezuela y Haití, otras como la de Nicaragua han sido canceladas.

Organizaciones de derechos humanos y líderes comunitarios han expresado su preocupación, señalando que las condiciones en Nicaragua siguen siendo riesgosas debido a la represión política y la falta de garantías democráticas.

Para los nicaragüenses amparados bajo el TPS, es fundamental comenzar a explorar otras opciones legales antes del 5 de julio de 2025.

Entre las alternativas posibles se encuentran la solicitud de asilo (si califican), el ajuste de estatus a través de un familiar ciudadano estadounidense o residente permanente, o algún otro alivio migratorio disponible.

También se recomienda consultar con abogados de inmigración acreditados o con organizaciones comunitarias especializadas.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha instado a los beneficiarios a mantenerse informados a través de sus canales oficiales. A medida que se acerque la fecha de culminación, es posibke que se emitan nuevas directrices o actualizaciones.