Este es el tercer y último artículo de la serie dedicada a las fases del cambio político propuestas por Marco Rubio. Sale con algunos días de retraso. Decidí escribirlo después de la audiencia del secretario de Estado ante el Senado de los Estados Unidos, convencida de que ese intercambio ofrecía insumos relevantes para reflexionar sobre el momento que atraviesa Venezuela.
Antes de avanzar, es necesario reafirmar una idea central: nuestro proceso político está en construcción. Es inestable, volátil y profundamente condicionado por factores externos e internos. Algunos análisis lograrán trascender; otros quedarán rápidamente superados por la realidad. Aun así, nada de este esfuerzo colectivo será inútil. Cada reflexión aporta a los consensos que tendremos que construir cuando llegue el momento decisivo de la tansición.
La tercera etapa del plan de Rubio -la transición- no llegará por inercia. La transición, entendida como el paso de la dictadura a la democracia, no es un hecho consumado ni una consecuencia automática del colapso del régimen. Es un momento político que debe ser impulsado y construido, con realismo, a partir de los insumos que ofrece la realidad.
Por ello, los actuales tiempos de estabilización y recuperación no pueden vivirse como una pausa pasiva. Deben convertirse en una etapa de acumulación de capacidades políticas y sociales que hagan posible el salto democrático. En esta fase, tres dimensiones resultan clave: Constitución, representación y participación.
Constitución
Las fases planteadas por Rubio requieren un marco constitucional claro. El itinerario propuesto necesita encontrar una ruta institucional que permita incorporar, de manera ordenada y legítima, la voz de los venezolanos al proceso de cambio político.
Sin ese cauce, la transición corre el riesgo de naufragar. Por un lado, el régimen -experto en dilatar y manipular los tiempos- podrá utilizar la indefinición a su favor. Por otro, el país podría caer en una peligrosa lógica de apaciguamiento, confundiendo estabilidad con resignación.
Definir y asumir una ruta constitucional no es un asunto técnico ni secundario. Es una condición política irrenunciable. Sin Constitución no habrá transición; habrá, en el mejor de los casos, una administración prolongada de la crisis.
Representación
El liderazgo político que ha permitido llegar hasta este punto debe ser cuidado y fortalecido. María Corina Machado ha sido -y sigue siendo- la figura central en el camino hacia la democracia. Su legitimidad proviene del respaldo ciudadano y del sacrificio político sostenido. Ella nos representa.
Por eso, debemos preguntarnos como acompañarlo y contribuir al proceso de transición. La respuesta pasa, inevitablemente, por la fortaleza de los partidos políticos y por una sociedad civil activa y organizada.
Años de dictadura han erosionado profundamente la capacidad de representación de los partidos venezolanos. La persecución, los presos políticos, el exilio forzado, los errores estratégicos y las fracturas internas han dejado huellas difíciles de borrar. Reconocer nuestras debilidades resulta incómodo, pero es indispensable.
La ausencia de elecciones libres ha eliminado los mecanismos tradicionales para medir fuerza política. En ese vacío, debemos atender otros indicadores de solidez: despliegue territorial, capacidad de acción política en el terreno, coherencia discursiva, conexión social y testimonio democrático sostenido.
La fortaleza -o debilidad- de los partidos incide directamente en la eficiencia de la unidad opositora. La unidad es una variable importante, pero no puede ser entendida como un fin en sí mismo. No basta con invocarla: hay que dotarla de contenido, propósito y funcionalidad.
El desafío consiste en repensar qué tipo de unidad se necesita en esta etapa y para qué sirve. Sin una revisión estratégica, la unidad corre el riesgo de volverse inoperante y perder peso específico en el proceso político más exigente que enfrentamos: la transición.
Partidos débiles producirán una unidad frágil; partidos fuertes, una unidad robusta. Por eso, este momento exige fortalecimiento interno, disciplina política y capacidad real de representación. Solo así la transición podrá sostenerse en el tiempo.
Participación
El anuncio de una Ley de Amnistía por parte de Delcy Rodríguez constituye un punto de inflexión en el proceso político venezolano. Más allá de su alcance concreto, abre una fisura en el esquema de poder vigente.
Esa fisura puede -y debe- convertirse en el boquete por el cual la sociedad venezolana se inserte activamente en el plan de Rubio. Se abre así una oportunidad concreta para la movilización ciudadana, con agenda clara, objetivos precisos y sentido estratégico. Sin improvisaciones.
La participación ciudadana es indispensable, pero no neutral. Sin dirección política, puede convertirse en un factor de desestabilización que termine bloqueando las reformas o tensando innecesariamente las relaciones internacionales. Por eso, el rol del liderazgo es central: dirigir no es contener indefinidamente, sino abrir cauces, ordenar demandas y conducir el descontento hacia objetivos democráticos.
Los riesgos existen y deben asumirse con responsabilidad. La historia demuestra que las transiciones no se producen en silencio. El caso español es ilustrativo: entre 1975 y 1978, la movilización social fue la palanca que permitió derrotar el inmovilismo del antiguo régimen. Sin presión ciudadana organizada, las reformas no habrían avanzado.
Es tiempo de movilizar con sentido político. Sin participación, no habrá transición.
Seguiré escribiendo sobre este proceso. Es mi principal aporte al país en este momento: pensar, ordenar, advertir y acompñar, desde la palabra y desde la acción, un cambio político que aún está en construcción. Nos seguimos leyendo y, si Dios quiere, pronto nos veremos en Caracas.
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