Un panel de defensores de derechos humanos instó este miércoles 23 de octubre a la Corte Penal Internacional (CPI) a avanzar con la emisión de órdenes de arresto contra Nicolás Maduro y otros jerarcas del régimen chavista por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, al menos, desde el año 2014.
Durante un foro en Madrid, organizado por el World Jurist Association, Voces de la Memoria, Defiende Venezuela, Human Rights Foundation, Foro Argentino por la Defensa de la Democracia y el World Liberty Congress, los expertos destacaron la necesidad de que el fiscal de la CPI, Karim Khan, formalice imputaciones contra los máximos responsables de la persecución política, las detenciones arbitrarias, las torturas y los asesinatos ocurridos en Venezuela.
En el evento, Paolina Massidda, abogada principal de la Oficina Pública para la Defensa de las Víctimas de la CPI, afirmó: “Las víctimas venezolanas tienen derecho a la justicia por todos los crímenes que sufren y la Corte Penal Internacional debe desempeñar un papel en la lucha contra la impunidad. Ha llegado el momento de hacer justicia. Las víctimas ya no pueden esperar más”.
El abogado Tomás Farini Duggan, representante legal del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), resaltó la importancia del paso dado por la Justicia Federal de Argentina, que el pasado mes de septiembre emitió órdenes de captura contra Maduro, el ministro de Interior Diosdado Cabello y un grupo de militares venezolanos sobre la base del principio de jurisdicción universal de los derechos humanos, que permite juzgar crímenes de lesa humanidad sin importar el lugar donde se cometieron o la nacionalidad de las víctimas y los perpetradores.
Elisa Trotta, secretaria general del FADD, consideró que “el fiscal Karim Khan debe seguir el ejemplo dado por la Justicia argentina, que ha reafirmado que la defensa de los derechos humanos no tiene fronteras. Luego de tres años de investigaciones sobre la situación de Venezuela, ya es hora de que la Corte Penal Internacional cumpla su deber y avance contra los responsables de estos crímenes”, dijo Trotta.
A propósito de este tema, desde La Gran Aldea se realizó recientemente el foro «Venezuela: Jurisdicción Universal y Justicia«, en el que se abordaron preguntas como si la decisión de la Cámara Federal de Buenos Aires es solo simbólica o si es posible concretarla mediante alertas rojas de Interpol. Participaron Elisa Trotta; Tomás Farini Duggan, abogado querellante en la causa argentina; Zair Mundaray, exfiscal del Ministerio Público venezolano; y Walter Molina como moderador. En este foro se destacó la importancia de la jurisdicción universal como un medio para enfrentar la impunidad en Venezuela.
El proceso judicial en Argentina se apoyó en testimonios y documentos de organizaciones internacionales, probando que en Venezuela se cometen delitos de lesa humanidad con el fin de generar terror. Además, se demostró que no existe una justicia independiente en el país, lo que justifica la intervención internacional.
Víctor Navarro, exprisionero político sobreviviente del centro de torturas El Helicoide, afirmó que el paso dado por la Justicia argentina es un reconocimiento a las víctimas. “Después de tantos años de dolor, de impunidad y de revictimización por parte del Estado venezolano, comenzamos a ver una luz en la justicia internacional. Es necesario que estos crímenes no queden impunes, que haya reparación y que podamos construir memoria para que en Venezuela no se repita nunca más el horror de los últimos 25 años”, dijo Navarro.
Por su parte, la profesora de la Universidad Complutense de Madrid Carmen Ladrón de Guevara, quien ha sido abogada de víctimas del terrorismo en España, destacó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha calificado como “terrorismo de Estado” los crímenes perpetrados por el régimen de Maduro contra los venezolanos, especialmente después de las elecciones presidenciales del 28 de julio con un registro de más de 2 mil personas detenidas por motivos políticos.
El abogado Juan Carlos Gutiérrez, presidente del Instituto de Derechos Humanos de la World Jurist Association, afirmó que “las atrocidades más espantosas se siguen cometiendo hoy en día, en pleno siglo XXI. Y esas víctimas tienen derechos y tienen que ser protegidas por esa estructura internacional”.
Finalmente, Gutiérrez destacó el trabajo de los abogados y de las organizaciones no gubernamentales en el acompañamiento a las víctimas y la documentación de sus casos para lograr justicia, reparación y garantías de no repetición.
La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.
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