Excarcelaciones en Venezuela: Óscar Murillo advierte que deben ser actos de justicia, no concesiones del poder

El jueves 8 de enero de 2026, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció el comienzo de un gran número de excarcelaciones como un intento por buscar la paz. Al día siguiente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la liberación de un considerable número de prisioneros políticos en Venezuela.

Sin embargo, para el jueves 15 de enero, la ONG Foro Penal confirmó las excarcelaciones de solo 84 prisioneros políticos, una cifra muy baja si se tiene en cuenta que a principios de año había 863 detenidos.

Sobre este proceso de excarcelaciones de enero de 2026, Óscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educación en Derechos Humanos (Provea), habló con La Gran Aldea.

—¿Cómo interpreta las excarcelaciones cuando Trump anunció la libertad de los presos políticos y Rodríguez, excarcelaciones?

—Ese es uno de los elementos de esta enorme brecha entre lo que se anuncia y lo que ha ocurrido en realidad. Hemos podido constatar que son excarcelaciones, no liberaciones. Todas las personas con las que hemos podido hablar tienen medidas cautelares, ya sea presentación en tribunales, prohibición de salida del país o prohibición de comunicarse con medios. En mi opinión, las excarcelaciones deben ser un acto de justicia, no una concesión del poder. Estas personas han sido detenidas arbitrariamente, han pasado tiempo en prisión sin una defensa adecuada y se les ha mantenido incomunicadas por períodos prolongados. No hubo respeto al debido proceso. Por todo esto, deben gozar de libertad plena y añado que fueron encarcelamientos arbitrarios que afectaron económicamente a sus familias.

—¿Por qué tan pocos?

—Las demoras y las obstáculos en las excarcelaciones evidencian que siempre ha existido un sector, ya sea antes de Maduro, con Maduro o sin Maduro, que ha rechazado excarcelar o liberar, porque eso es una señal de debilidad de su control político. Ahora, después del 3 de enero [tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela que culminó con la extracción de Maduro], hay una reconfiguración y una nueva dinámica del poder de Miraflores que ha generado obstáculos administrativos, órdenes y contraórdenes. Ha sido un proceso poco transparente y lento.

—¿Tiene información sobre excarcelaciones por penas cumplidas o por alguna medida alternativa de libertad como para llegar a las 406 excarcelaciones que mencionó la presidenta encargada Delcy Rodríguez[el miércoles 14 de enero]?

—Entiendo que están incluyendo a los de diciembre de 2025, y es posible que, si dicen que fue esa cantidad, así haya sido; hay muchas personas en el interior, pero eso es algo que deberían aclarar las autoridades. Las organizaciones de derechos humanos que tienen mandatos específicos sobre la protección y denuncia de prisioneros políticos están realizando verificaciones con las familias, están haciendo su trabajo, pero las cifras no coinciden precisamente porque no hay un reporte oficial. Nosotros exigimos que en la publicación del boletín oficial se mencione el nombre de la persona junto con su lugar de reclusión y su condición de salud. Aprovechando la oportunidad, sabemos que han llegado boletas de excarcelación, pero el nombre del centro de reclusión no coincide con el de la persona que está allí. Exigimos que se corrija ese error. No se puede supeditar el proceso administrativo burocrático a la libertad de una persona, su dignidad y lo que esa libertad significa en el entorno familiar: son padres, hermanos, tíos que eran los principales proveedores de sus familias en las actuales circunstancias económicas de este país. Si las excarcelaciones son un gesto político que implica entrar en una nueva etapa política, las cosas deben hacerse correctamente, no para ocultar todo este desastre o las tensiones internas.

—Hay reportes de nuevas detenciones…

—Muchas familias, alentadas por la esperanza de las excarcelaciones, ahora están informando sobre sus familiares detenidos y los estamos registrando en nuestra base de datos y sistema de monitoreo. Sobre todo, son personas de regiones donde no hay cohesión, medios de comunicación ni organizaciones de derechos humanos.

—Para usted, ¿por qué han salido los que han salido?

—Esto es una categoría de análisis muy importante. Hemos visto prisioneros del régimen que son sumamente relevantes. Durante mucho tiempo, las mediaciones de países en favor de ellos no fueron suficientes, sus excarcelaciones habían sido bloqueadas. Ahora hay una luz que puede iluminar hacia otros excarcelaciones o liberaciones. También hemos visto colaboradores de partidos políticos excarcelados en Ciudad Bolívar. Hay una mezcla donde parece que hay una posibilidad de que esto que esperamos ocurra. Esta luz debe dirigirse hacia los del entorno de María Corina Machado; a Rafael Tudares, yerno del presidente electo Edmundo González; al profesor Javier Tarazona; al abogado Eduardo Torres, que es nuestro compañero de Provea. También insistimos por aquellos detenidos que, por sus condiciones de salud preexistentes, corren un alto riesgo.

—A propósito de las expectativas, ¿qué pasa con los presos preelectorales?

—Todos queremos que sea el mayor número posible de una sola vez. Foro Penal y el comité Madres en Defensa de la Verdad están trabajando en proyectos de ley de amnistía. Si estamos entrando en una nueva era política, es muy importante plantear una amnistía general.

—Para esta “nueva era”, ¿cuáles son las exigencias urgentes de Provea en cuanto a derechos humanos?

—El país no podrá avanzar solo con el poder de Miraflores y la Casa Blanca en los ámbitos energético, petrolero y migratorio. Esto no es suficiente para abordar la grave y profunda crisis de Venezuela. Debemos hablar de las exigencias prioritarias para construir una etapa de transición democrática, y en primer lugar está la exigencia de liberación de prisioneros políticos. En segundo lugar, está desarticular el sistema represivo venezolano: el orden policial-militar y la arquitectura jurídica para perseguir a la disidencia, que va desde la ley del odio, conocido como el kit para todas las imputaciones, hasta la ley de fiscalización de las ONG. Debe haber compromisos claros para no perseguir la voz crítica. Fíjate que incluso los centros de investigaciones académicas no han podido publicar por miedo a represalias.

—No es que no han podido, es que no han querido y ahora es cuando se necesitan los hallazgos de esas investigaciones…

—Ya que mencionas el tema, también creo que es el momento para que se pronuncien todos los actores de la vida pública nacional: religiosos, políticos, sociales, y la comunidad internacional que tenga presencia en Venezuela, porque a ellos también les interesa que tengamos un gobierno legítimo donde haya plenas garantías de libertad, justicia y derechos humanos. Absolutamente todos deberían desempeñar un papel más activo. Aquí se ha concebido un país, porque los intereses de una élite de poder no necesariamente son los intereses de los venezolanos. Tenemos un país desasistido, en ruinas, abandonado y queremos un cambio político en paz y constitucional. Deseamos generar progreso en democracia y ya en este inicio del proceso no estamos observando transparencia en la rendición de cuentas de las excarcelaciones.

—¿Entendemos estas excarcelaciones como una trampa?

—Los hechos aún están muy frescos. Lo que sí podemos señalar es que estas excarcelaciones reparan y reivindican la valentía de las familias, incluso las del interior del país, que durante todo este tiempo han insistido en sus demandas de justicia a pesar del clima de terror y persecución. También se puede evaluar el operativo militar del 3 de enero como un grave precedente para la región, así como el fracaso de la arquitectura diplomática y de los mecanismos internacionales de presión para revertir procesos de autoritarismo. Y es importante señalar: el país no está roto ni ha claudicado ni se ha resignado. A pesar de la gravedad del momento, hay una resistencia cívica que sigue presionando por la libertad.

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