Europa: la Unión y la amenaza de los extremismos

El resultado de las elecciones en Portugal confirma la tendencia de pérdida de apoyos a partidos de “centro” en Europa. Sus pérdidas no solo favorecen a posiciones y partidos conservadores tradicionales o de derecha moderada como primeras fuerzas en los parlamentos: a casi todos los legislativos europeos han llegado representaciones de partidos de extrema derecha que han aumentado su caudal electoral y, en muchos casos, su incidencia en la formación de gobiernos. En Portugal no está del todo negada la posibilidad de que la formación del gobierno incluya al extremismo del partido Chega. Es lo que ya ha sucedido recientemente en Suecia y Finlandia: con el decisivo apoyo parlamentario de la ultraderecha de los Demócratas de Suecia a la formación del gobierno de los moderados y, en Finlandia, con la participación en la coalición de la segunda fuerza política parlamentaria, el ultraderechista Partido de los Finlandeses.

En la medida en que las derechas moderadas han crecido, pero sin alcanzar mayorías parlamentarias, han buscado coaliciones o apoyos de extremismos populistas. Estos, encontrando buen abono en la inconformidad social, desafían referencias institucionales en sus propios países y para el conjunto de la Unión Europea. El denominador común de los extremismos es el manejo populista de las insatisfacciones nacionales y su traslado a la esfera comunitaria. Esto, sin duda, se reflejará en los resultados de la elección de miembros del Parlamento Europeo que tendrá lugar en junio y podría tener consecuencias sobre el desempeño y proyección continental e internacional de la Unión y sus valores.

Elecciones, apremios nacionales y guerras

En cuanto a las elecciones en medio mundo y los apremios e insatisfacciones nacionales que las perfilan, es tentador concentrarse en los riesgos para la democracia en Estados Unidos. Allí, desde su control del Partido Republicano, ya Donald Trump impone discursos y bloqueos desde el Congreso. Es comprensible la preocupación de las democracias ante la posibilidad de retorno del expresidente al poder. Se trata de un líder demostradamente populista, irrespetuoso del estado de derecho, selectivamente aislacionista, de predisposición pragmáticamente autoritaria y de distanciamiento de compromisos y responsabilidades internacionales, incluidos los vínculos trasatlánticos con Europa y la Organización del Tratado del Atlántico Norte. 

Los fundados temores sobre el futuro de la democracia en Estados Unidos no restan razones para preocuparse por las inclinaciones similares que se están haciendo cada vez más presentes en la propia Europa. Como referente mundial de democracia, tras una historia muy larga y sufrida hasta llegar a la Unión y los valores que la sustentan, es mucho lo que está en juego para el conjunto europeo, sus partes y el resto del mundo.

Los gobiernos de Alemania y Francia –países cuya deliberada disposición a reconstruir confianza está en el origen mismo de la integración europea tras la Segunda Guerra Mundial– han contribuido especialmente a superar escollos y propiciar estrategias y respuestas comunes ante situaciones críticas, como la pandemia, la ralentización económica, el apoyo a Ucrania ante la guerra de agresión rusa, las relaciones con China y los diversos y sostenidos flujos migratorios. No han faltado desacuerdos, como el más reciente sobre la estrategia ante la guerra en Ucrania, pero se han ido resolviendo desde referencias comunes. En el mismo sentido ha actuado bastante fluidamente la mayoría de los gobiernos de Europa, pero en medio de desafíos que se hacen cada vez más presentes políticamente, de modo especialmente significativo también en Francia y Alemania. 

En el diverso conjunto de fuerzas políticas desafiantes hay gradaciones estratégicas, según el mayor o menor radicalismo y la mayor o menor incidencia de las derechas extremas en el gobierno. En sus extremos también hay diversidad, como entre Hungría e Italia.  De un lado, las posiciones abiertamente antiliberales, de afinidad con Rusia y obstruccionistas en la Unión por parte del gobierno de Víctor Orbán, que sigue presionando por acceso a fondos comunitarios mientras habla de una Europa alternativa. Del otro, el menos ruidosamente desafiante adentro y más pragmático internacionalmente de Giorgia Meloni, conformado con una coalición de derecha extrema, pero que ha evitado confrontaciones y ha buscado influir en las políticas de la Unión desde adentro. Es esto lo que va prevaleciendo: a medida que la experiencia del Brexit y la necesidad de apoyos comunitarios ante presiones económicas, de seguridad y migratorias han apagado los entusiasmos de salida, se alientan desde estas fuerzas cambios en el sentido y la agenda de la Unión Europea.

No es difícil anticipar que los alcances de la influencia desde la derecha más extrema crecerán con las elecciones del Parlamento Europeo. Así lo proyectan los balances nacionales de fuerzas políticas y las encuestas. También se viene asomando en la adopción más o menos expresa de algunos de sus discursos y posiciones por las derechas tradicionales. Estos incluyen en lugar prominente referencias a los compromisos con la Unión Europea, en ella y en su proyección internacional: más control migratorio, más “ley y orden” y “menos gobierno desde Bruselas” son trasfondo en los discursos y posiciones que van ganando terreno.

El parlamento, la elección y la Unión

Desde hace cuarenta y cinco años los representantes al Parlamento lo son como resultado del voto directo de los ciudadanos de Europa. Eligen entre candidatos que no se agrupan por nacionalidad sino según su adscripción a alguno de los grupos políticos. Con sus competencias ampliadas desde 2009 por el Tratado de Lisboa, ese cuerpo deliberante es justificadamente considerado una instancia democrática característica y esencial de la integración europea. 

Las atribuciones del Parlamento son especialmente trascendentes en la situación presente: de legislación, aprobación de acuerdos internacionales, decisión sobre ampliaciones, control presupuestario, así como competencias de supervisión y control democrático sobre las demás instancias comunitarias. Es, en efecto, parte muy significativa de una institucionalidad que – hasta donde ha sido posible entre Estados soberanos– se ha ido acercando a la separación, control y coordinación de poderes a escala europea. Al Consejo de Jefes de Estado y Gobierno y al de Ministros en diferentes áreas, al Tribunal de Justicia y el de Cuentas y al Banco Central, se suma la Comisión Europea. Esta última –que es el órgano ejecutivo, más autónomo de la Unión, con atribuciones de iniciativa legislativa, de gestión presupuestaria y encargada de la representación y negociaciones internacionales– es elegida con los votos del Parlamento. Este ejerce control democrático sobre ella, puede censurarla y eventualmente disolverla.

Los pronósticos  sobre la próxima elección de 720 miembros del Parlamento Europeo proyectan lo que ha venido ocurriendo en la mayoría de los países.  Entre los siete grupos políticos que lo conforman, la coalición mayoritaria tradicional ha sido la del Partido Popular Europeo (PPE), la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) y el grupo liberal Renovar Europa (RE). Todos perderían escaños, si bien el PPE, con menos bajas, seguiría siendo el grupo más numeroso del Parlamento y con mayor capacidad para incidir en la fijación de la agenda y en la reelección de Ursula von der Leyen como Presidente de la Comisión, que este grupo ya ha resuelto apoyar. La distribución de los escaños perdidos por la gran coalición centrista favorece especialmente a posiciones de extrema derecha: los Reformistas Europeos (ECR) y el grupo Identidad y Democracia (ID), entre los que podría definirse la tercera mayoría tras la alianza S&D.

Los resultados de las elecciones españolas desfavorecieron la iniciativa del gobierno italiano de acercar los Reformistas a los Populares y así influir en la orientación de la coalición mayoritaria. Pero su peso se hará sentir en el Parlamento y en toda la Unión, sus debates, resoluciones y decisiones, en medio de un entorno continental y global de presiones de seguridad, económicas y geopolíticas que alientan el pragmatismo. Así se anticipa en frenos a la agenda verde y la transición energética europea, los apoyos a medidas económicas proteccionistas, la defensa de políticas drásticas de contención de la inmigración, eventuales frenos o instrumentalización política del apoyo a Ucrania y el debilitamiento de compromisos efectivos sobre democracia y derechos humanos. 

La Unión en el mundo

Los desafíos a la Unión Europea se intensifican en un entorno internacional en el que es especialmente necesaria la concertación de intereses y la disposición de las democracias de cooperar sobre la base de valores compartidos. Es así en medio de guerras con temibles consecuencias y riesgos de escalada, como son las de Ucrania y Gaza, pero también de serios apremios económicos y tensiones geopolíticas. Mientras tanto, se multiplican los desafíos a principios y normas internacionales fundamentales desde Rusia y China, a los que se suman los de la sostenida oleada de autoritarismos, de tendencias nacional-populistas y de pragmatismos extremos en el “sur global”.

En medio de tantas presiones, las democracias y los demócratas no deberían olvidar las experiencias de totalitarismos y guerras que precedieron a la construcción de Europa. Tampoco debería olvidarse lo que esa construcción supuso en compromiso con los valores que han servido como referencias para definir su seguridad y su proyección internacional. Solo desde allí será posible distinguir entre, por una parte, las negociaciones necesarias en el marco de su institucionalidad y, por la otra, las transacciones comunitarias e internacionales que la fracturan: sea que sobre asistencia militar a Ucrania, control migratorio, acceso a recursos estratégicos o ante violaciones de derechos humanos y del estado de derecho.

El compromiso y el desafío de Europa no termina en casa, como se lee en el artículo 21 del Tratado de Lisboa, que no sobra recordar:

La acción de la Unión en la escena internacional se basará en los principios que han inspirado su creación, desarrollo y ampliación y que pretende fomentar en el resto del mundo: la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional.

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