Estrategias de la defensa de Maduro para dilatar la audiencia judicial en Nueva York: Análisis experto

La defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores intenta frenar el proceso con argumentos procedimentales antes de discutir las pruebas. El abogado Nizar El Fakih explica por qué esas estrategias podrían dilatar, pero no detener, el juicio.

A pocos días de la segunda audiencia judicial contra Nicolás Maduro en Nueva York, prevista para el 26 de marzo, el proceso entra en una fase clave: no por el fondo de la acusación, sino por las maniobras legales que buscan retrasarlo. El abogado venezolano Nizar El Fakih detalla cómo funcionan estas estrategias y qué puede ocurrir en las próximas semanas, en entrevista con TalCual.

La causa penal que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos —junto a Cilia Flores— está lejos de entrar en su etapa sustantiva. Antes de que el tribunal evalúe las pruebas y determine responsabilidades, el proceso se encuentra atrapado en una serie de discusiones procedimentales que, según explica el abogado Nizar El Fakih, responden a una estrategia clara: dilatar el juicio.

Lo que está en juego, por ahora, no es la culpabilidad o inocencia del acusado, sino si el caso logra avanzar hacia ese punto. El Fakih, que sigue de cerca el expediente, explica que la audiencia prevista es una «conferencia de estatus», una instancia habitual en el sistema penal estadounidense en la que el juez revisa el estado del proceso. En este tipo de audiencias no se presentan pruebas ni se ventilan los cargos, sino que se evalúa si las partes han avanzado en los aspectos necesarios para llegar a esa etapa. «El juez va a verificar fundamentalmente dos cosas: si se han presentado mociones y cómo va la revelación de las pruebas», señala.

El abogado Nizar El Fakih explica que uno de los puntos clave en esta etapa del proceso es la revelación de pruebas por parte de la Fiscalía, un procedimiento que ya fue ordenado por el tribunal desde la primera audiencia. «El juez ha ordenado desde el mismo cinco de enero que la fiscalía empiece a revelarle las pruebas a la defensa», señaló, al referirse a un proceso que suele desarrollarse bajo estrictas condiciones de confidencialidad para proteger testigos y evidencias sensibles.

Aunque el contenido de esas pruebas no se hace público en esta fase, El Fakih indica que las audiencias permiten inferir su alcance. «En ese debate se puede ir tejiendo una idea de cuántos testigos está ofreciendo la fiscalía o qué tipo de testigos está ofreciendo», afirma, al explicar que las discusiones procesales permiten anticipar la estructura del caso incluso sin conocer los detalles de cada evidencia.

Esa revelación de pruebas —conocida como discovery— debería marcar el rumbo del caso. Sin embargo, la defensa ha optado por otra vía. En lugar de entrar en la discusión sobre las evidencias, ha introducido recursos que buscan frenar el proceso desde su base.

«Lo que han hecho es plantear mociones de índole procedimental y requiriendo la nulidad de todo el proceso», explica El Fakih. A su juicio, se trata de una estrategia clara: «esto es lo que se conoce como una estrategia para tratar de, precisamente, dilatar el debate sobre el fondo de este caso».

Sin inmunidad

Uno de los argumentos que la defensa ha anticipado es la inmunidad de Maduro por su condición de jefe de Estado. Sin embargo, ese planteamiento enfrenta un obstáculo jurídico central en Estados Unidos: el reconocimiento de gobiernos extranjeros es una facultad exclusiva del presidente de ese país.

Desde 2019, la administración estadounidense no reconoce a Maduro como mandatario legítimo, una posición que ha sido reiterada recientemente. «Para el tribunal no le queda de otra que determinar que Maduro carece entonces de las inmunidades propias de un presidente legítimo», agrega.

El reconocimiento a Delcy Rodríguez como jefa de Estado para efectos legales refuerza ese escenario, al dejar sin base el argumento de inmunidad: si ella ocupa la presidencia, Maduro no.

El debate por los abogados

Otro de los ejes de la defensa es el financiamiento de los abogados. Los representantes de Maduro han alegado que las sanciones impiden pagar la defensa y que eso vulnera su derecho al debido proceso. El Fakih matiza ese argumento. «Es un derecho constitucional que esa persona tenga derecho a la defensa», explica, pero eso no implica que el Estado deba costear abogados privados.

La legislación estadounidense contempla soluciones específicas para estos casos. Por un lado, garantiza el derecho a contar con abogados en todo momento; por otro, establece que si el acusado no puede pagar una defensa privada, el tribunal debe asignar defensores públicos. En este caso, Maduro y Cilia Flores eligieron libremente a sus abogados, lo que implica asumir los costos de esa decisión.

Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) autorizó el uso de fondos personales —incluso si están bloqueados— para cubrir esos gastos. La solicitud de que los honorarios sean pagados con recursos del Estado venezolano no tiene respaldo en la legislación estadounidense ni antecedentes en casos similares. «No existe ningún precedente en el cual una persona que esté siendo procesada penalmente requiera y exija que su país de origen sufrague los costos», advierte.

La manera en que la defensa ha planteado este punto añade complejidad. No se limita a pedir facilidades para pagar los honorarios, sino que solicita la nulidad total del proceso por supuesta violación del derecho a la defensa. Esto obliga a la Fiscalía a responder en términos más amplios y puede abrir nuevas líneas de discusión, incluso sobre la situación patrimonial de los acusados.

Captura de Maduro fuera del debate

Otro punto que podría introducir la defensa es cuestionar el procedimiento de captura de Maduro en Caracas. Sin embargo, este tipo de alegato tiene un alcance limitado en la justicia estadounidense. Según El Fakih, las cortes penales no evalúan cómo se produjo la detención en el extranjero. «El juez penal no entra a valorar cómo fue el procedimiento que se llevó a cabo en territorio extranjero», explica. Lo relevante, añade, es que exista una acusación válida y una orden de arresto emitida por una corte federal. «Una vez que el juez verifica esos extremos, da por sentado que el proceso puede continuar».

Mientras estas disputas ocupan el centro del proceso, el contenido de la acusación permanece en segundo plano. La Fiscalía sostiene que Maduro formó parte de una conspiración de largo alcance vinculada al llamado «Cártel de los soles», en alianza con la guerrilla colombiana, para traficar drogas hacia Estados Unidos.

El cargo más grave es el de narcoterrorismo, que implica el uso del narcotráfico con fines de desestabilización. Según El Fakih, el reto de la Fiscalía será vincular directamente al acusado con actos concretos, aunque la legislación estadounidense permite imputar responsabilidad bajo la figura de conspiración.

El proceso, sin embargo, aún está lejos de esa discusión. Cada moción presentada abre nuevas rondas de argumentación que pueden prolongar el caso. Por ahora, la audiencia de finales de marzo servirá para medir si la estrategia de la defensa logra seguir postergando el momento en que el tribunal entre, finalmente, a evaluar las pruebas.

En cuanto a la duración del proceso, El Fakih advierte que todavía es prematuro hacer estimaciones, en buena parte por la estrategia de la defensa y la complejidad de las etapas previas al juicio. «Es todavía un momento muy temprano en el proceso para poder anticipar los tiempos», indica, al subrayar que el caso apenas comienza a desarrollarse en su fase formal.

El abogado señala que el propio proceso de revelación de pruebas podría extender significativamente los plazos. «La revelación de las pruebas (…) va a consumir también bastante tiempo porque sobre esa revelación también pueden realizarse mociones», explicó, lo que implica que cada discusión procesal puede abrir nuevas rondas de debate antes de que el tribunal entre en el fondo del caso.

Nicolás Maduro enfrenta en Estados Unidos un conjunto de cargos federales que giran en torno al narcotráfico y el uso de estructuras estatales para facilitarlo. La acusación incluye conspiración de narcoterrorismo —el cargo central—, así como conspiración para la importación de cocaína a territorio estadounidense, además de delitos relacionados con armas, como posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseerlos. Estos cargos se sustentan en la tesis de que habría participado durante años en una red criminal junto a otros funcionarios y grupos armados para traficar drogas hacia Estados Unidos, lo que, de ser probado, podría derivar en penas severas dentro del sistema penal federal.

La entrevista completa la puede ver aquí:

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