Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, está acusado de ayudar al Cártel de Sinaloa.
Por Maibort Petit
El exsecretario de Seguridad Nacional de México, Genaro García Luna estará en pocos días frente a un jurado que evaluará las evidencias que presentarán los fiscales federales de Estados Unidos en su contra con la intención de probar, más allá de la duda razonable, que es culpable de delitos de narcotráfico y que usó su poderoso cargo para aventajar los negocios de los cárteles, a quienes presuntamente ofrecía protección e información privilegiada.
Este martes 17 de enero, en la Corte del Distrito Este de Nueva York se llevará a cabo una audiencia para la escogencia del jurado, 12 principales y 6 suplentes, seleccionados de un universo de 400 personas que llenaron un cuestionario inicial y de las cuales quedaron 30 ciudadanos estadounidenses en una lista que presentaron las partes.
Genaro García Luna se declaró no culpable de delitos de narcotráfico frente a un juez de Nueva York
Genaro García Luna fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber colaborado con los cárteles mexicanos a traficar droga a suelo norteamericano. Asimismo se le acusa de atacar los rivales y hasta de mentir a la justicia de EE. UU.
Según la acusación, García Luna, quien ocupó la Secretaría de Seguridad Nacional durante el gobierno del presidente, Felipe Calderón, utilizando información, tecnología y su poder para capturar a narcos pertenecientes al poderoso Cártel de Sinaloa y otras organizaciones mexicanas. De hecho, bajo su gestión, se ejecutó la ‘guerra’ contra las drogas en México que condujo a la captura de criminales, en medio de una violencia generalizada.
Según los fiscales, mientras estaba al frente de las más grandes operaciones contra el crimen organizado mexicano, el acusado recibía coimas de los cárteles y los ayudaba a ejecutar sus negocios, y a enviar cocaína y otras drogas a EE. UU.
García Luna está acusado de Participar en una Empresa Criminal Continua, Conspiración de Distribución Internacional de Cocaína, Conspiración de Distribución y Posesión de Cocaína, Conspiración de Importación de Cocaína y hacer una declaración falsa al Departamento de Seguridad Nacional.
García Luna fue arrestado en diciembre de 2019 en Dallas Texas y trasladado a Nueva York para enfrentar la justicia.
Los fiscales dicen que García Luna encabezó una empresa criminal continúa desde 2001, que le permitió enriquecerse a costa de usar su cargo como funcionario público de alto rango para ayudar a los traficantes de drogas a trasladar sus mercancía de manera segura a Estados Unidos, evitar el escrutinio de las fuerzas del orden público mexicanas y, en ocasiones, llevar a cabo ataques brutales contra sus rivales.
El juez de la corte de Brooklyn prevé que el juicio de García Luna dure unas ocho semanas, tiempo en el cual los fiscales presentarán unos 12 narcos que en calidad de testigos del gobierno informarán al jurado sobre las actividades que vinculan al acusado con los carteles.
Los fiscales han sostenido que García Luna era uno de los funcionarios que recibía las valijas llena de dólares en efectivo de los cárteles, para dejar hacer los negocios al cártel de Sinaloa, que creció el negocio frente a sus rivales, entre ellos el violento cártel de los hermanos Beltrán-Leyva.
García Luna se convierte en el primer funcionario de alto rango que será juzgado en un tribunal de EE. UU. , lo que representa un gran paso a la revisión de las relaciones entre el crimen organizado y el sector público del Estado mexicano.
Entre otros aspectos, la acusación contra el alto exfuncionario busca evidenciar que el acusado usó su cargo para ayudar a los narcos a cambio de millonarias sumas de dinero que incluyó la consolidación de un esquema de corrupción donde habrían participado otros actores del Estado, pero también se señala que García Luna pagó a miembros de un medio de comunicación para que no publicaran historias sobre sus vinculaciones con el narcotráfico.
La demanda sostiene García Luna estableció una empresa criminal que condujo negocios ilegales, inclusive desde los mismos Estados Unidos, pues, según los fiscales, el acusado hizo negocios desde Miami, Florida donde residía desde el año 2012.
Los fiscales acusan al exfuncionario de haber usado una serie de firmas de maletín, testaferros, cuentas bancarias, negocios en efectivo y agentes para seguir operando con sus contactos desde Estados Unidos para seguir enriqueciéndose.
En la acusación se asegura que con una firma de la Florida, dedicada a la Consultoría y Seguridad operaba a favor de los narcos, en conjunto con contactos que había hecho durante su gestión como Secretario de Seguridad Nacional, incluyendo a policías, exagentes de inteligencia, trabajadores federales, entre otros.
García Luna a negado los cargos en su contra y ha argumentado que las acusaciones forman parte de una campaña de venganza de sus enemigos que se convirtieron en testigos del gobierno de EE. UU. haciendo declaraciones falsas para beneficiarse.
La defensa también ha negado que haya obtenido fondos de los cárteles a cambio de seguridad, y que existen contradicciones en la demanda en su contra pues se dice que vino a EE. UU. con dinero y luego que una familia rica de Miami le habría ofrecido dinero y lujos.
Si es declarado culpable de todos los cargos, García Luna podría enfrentar cadena perpetua por su supuesto rol en una empresa criminal continua que ayudó a traficar miles de toneladas de drogas a los Estados Unidos a cambio de millonarios sobornos.
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