Espacios “cuidados” que ya fueron cedidos

Si bien el gobierno de Hugo Chávez nunca fue del todo democrático y llevó a cabo un socavamiento importante de las instituciones republicanas venezolanas, es innegable que tan pronto como Nicolás Maduro tomó las riendas, la tendencia hacia el autoritarismo se intensificó de manera considerable. Tal vez porque Maduro no heredó la popularidad de su predecesor, alimentada por el carisma de Chávez y una sensación ilusoria de riqueza, y no podía contar con un respaldo mayoritario en el largo plazo.

Como sea, una manifestación del agravamiento de la debacle política venezolana que coincidió con los primeros años de Maduro en Miraflores es lo que yo llamo la “regla tácita”. La misma estipula que quienes ocupan cargos de elección popular sin militar en el PSUV o sus partidos satélites no pueden valerse de sus despachos para contravenir los intereses de la élite chavista. En otras palabras, gobernaciones, alcaldías, etc. dejaron de ser espacios funcionales para hacer oposición. Acatar la norma permite a los titulares ejercer a medias funciones administrativas políticamente neutras, como recoger la basura o reparar baches. Desacatarla, en cambio, acarrea consecuencias como la remoción del cargo o la persecución política hasta llevar a su objeto al exilio o la cárcel.

Tras varios fracasos de la oposición, la regla tácita se consolidó y el número de sus infractores se redujo bastante, en la medida en que más y más políticos veían pocos incentivos para apostar por la oposición real en un contexto de durabilidad de la hegemonía chavista. Pero ahora, con el surgimiento de una nueva oportunidad para precipitar un cambio político mediante las elecciones presidenciales del 28 de julio, se han multiplicado, con varios funcionarios locales electos manifestando su respaldo al candidato Edmundo González Urrutia y a la gran impulsora de dicha candidatura, María Corina Machado. Las represalias no se hicieron esperar. Doce alcaldes han sido inhabilitados en municipios de los estados Miranda, Nueva Esparta y Trujillo, sin una sentencia judicial firme exigida legalmente para ello. Dos concejales de Tucupita, en Delta Amacuro, fueron “destituidos”. Un alcalde en Táchira fue puesto tras las rejas y sobre otro, del mismo estado, pesa una orden de captura.

Además de hacer valer la regla tácita, estas acciones son una forma de la persecución indirecta discutida en la última emisión de esta columna. Porque, al igual que el cierre de negocios y la confiscación de bienes aplicados a quienes brindan servicios a opositores, el objetivo es desalentar el apoyo a la dirigencia opositora. Evitar que esta se articule con otros elementos de la sociedad para procurar el alcance de sus objetivos políticos. 

Es también una forma de aumentar el costo al abandono de la oposición de mentira. Por ejemplo, los dos primeros alcaldes inhabilitados fueron Elías Sayegh y José Antonio “Josy” Fernández, ejecutivos de los municipios El Hatillo y Los Salias, respectivamente. Sucedió poco después de que ambos dejaran el partido Fuerza Vecinal, a todas luces en protesta por el desdén de la organización a la primaria de octubre pasado y su resultado. La inhabilitación coincidió además con una suerte de rebelión en Fuerza Vecinal, por la que decenas de sus militantes proclamaron su apoyo a González Urrutia, a pesar de que el partido formalmente inscribió a Antonio Ecarri como su candidato. El mensaje del chavismo a las filas de la tolda turquesa parece ser que se mantengan con Ecarri o sufran las consecuencias. Igualmente, Iraima Vásquez, la recién inhabilitada alcaldesa del municipio Tubores en Nueva Esparta, era parte de la Acción Democrática intervenida por el Tribunal Supremo de Justicia y comandada por Bernabé Gutiérrez para someterla al chavismo. Pero se alineó con González Urrutia y miren lo que le hicieron. Así, el chavismo trata de prevenir deserciones de la oposición de mentira, la cual necesita como actor secundario en su simulación de democracia. Ese teatro no puede ser un monólogo.

Hay quienes tomaron nota. Alberto Galíndez, el gobernador de Cojedes, milita (al menos en teoría) en Primero Justicia. Este partido, capitaneado por María Beatriz Martínez, ha mostrado un apoyo decidido a la candidatura de González Urrutia y la causa de Machado. Pero a Galíndez no se le conoce ningún manifiesto público en esa dirección. Sus redes sociales se limitan a mostrar las obras físicas de su gestión. Ni siquiera un retweet a González Urrutia, y ni hablar de Machado… Pero sí a la vicepresidente Delcy Rodríguez, por una entrega de equipos al Hospital General Dr. Egor Nucete, en San Carlos. 

La semana pasada, cuando Machado se disponía a visitar el estado llanero, se encontró con obstáculos policiales, incluyendo a la Policía de Cojedes. Es difícil saber si Galíndez tuvo algo que ver con eso, ya que los cuerpos policiales de estados y municipios a menudo obedecen órdenes del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Pero incluso si la respuesta es negativa, llama la atención la falta de un pronunciamiento, por tímido que pueda ser, criticando que ocurra algo así en el estado que él “gobierna”. Podemos ir más allá. ¿Galíndez ha hecho algo por recuperar esta y otras competencias del cargo para el que fue electo? ¿Tiene sentido hablar de “cuidar los espacios” si ni siquiera puedes cumplir con la función pública más básica de todas, que es, como sabemos al menos desde Hobbes, garantizar el orden y la seguridad?

El problema va más allá de los políticos y los cargos públicos. Lo vemos en todos los aspectos de la sociedad venezolana y sobre todo en aquellos que se relacionan con la política. Pensemos, por ejemplo, en los medios de comunicación tradicionales. Casi todos los que siguen en pie en Venezuela se han adaptado a su propia versión de la regla tácita. La cobertura informativa de temas que molestan al gobierno se ha vuelto casi inexistente. Los entrevistados son por lo general personas con opiniones que no inquietan al chavismo, sin ser necesariamente chavistas, sino individuos que plantean que la oposición solo puede dialogar, aunque no obtenga ni una concesión del chavismo, y votar, rogando de rodillas que el chavismo reconozca cualquier resultado desfavorable. Es decir, que la oposición no ejerza ninguna presión efectiva sobre el gobierno. Los debates en el seno de la oposición sobre cómo lidiar con el gobierno son abordados desde este único punto de vista, lo que pudiera constituir una forma de desinformación. Hay que reconocer que en los últimos dos meses dos televisoras, Venevisión y Televen, han cubierto momentos de la campaña opositora como no se veía en mucho tiempo. Pero sigue siendo un progreso bastante tímido.

Si el chavismo aprueba la llamada “ley antisociedad”, cuyo propósito es regular el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales de manera tal que se prestaría para eliminar aquellas que el gobierno considera indeseables, veremos otro ámbito en el que tal vez no habrá cabida para la crítica política o la actividad disidente. Razón de más para redoblar esfuerzos porque la elección presidencial sea el punto de partida para restaurar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela.

La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.