Alianza Fiduciaria con Gustavo Martínez en la gerencia recibió una multa de más de $8 mil millones por permitir malos manejo la constructora Avi Strategic
En las calles del barrio Villa Santos, en Barranquilla, se eleva una torre de apartamentos que está en obra gris. Se ven los ladrillos desnudos, los apartamentos inacabados y las latas grises que evitan la llegada de extraños; sin embargo, hace bastantes meses que ningún obrero trabaja en el lugar. Se llama Torres de Cielo y el anuncio de su construcción generó mucha expectativa en su momento.
El aviso publicitario, que apareció en 2012, ofreció un “gangazo” con apartamentos entre los 400 y los 600 millones de pesos. Los vendedores de Avi Strategic Investment S.A., la empresa constructora, ofrecían en los planos y modelos una construcción lista para estrenar en 2015.
Según las promociones, los 400 millones por un apartamento en un conjunto cerrado con piscina, cancha de golf, teatro y otras comodidades que incluían vista de 360 grados sobre el norte de Barranquilla, en un proyecto que no era de interés social, representaban una oportunidad de negocio que no se debía perder.
Sin embargo, un día los habitantes del barrio Villa Santos notaron que de forma gradual el número de obreros dejó de llegar, y eventualmente no llegó nadie. El sitio quedó abandonado, con las típicas latas encerrando la zona y la estructura de ladrillo de construcción.
Para 2018, la construcción Torres de Cielo fue suspendida definitivamente, pero al menos 27 familias ya habían consignado sus ahorros en la fiducia Alianza Fiduciaria. Los inversionistas buscaron respuestas y decidieron emprender medidas legales contra la constructora y contra la fiducia. Era una injusticia pagar a tiempo y recibir una vivienda en ruinas. Los abogados de “Orjuela Cortés Abogados”, entre otros bufets que representaban a los afectados, estudiaron el caso y encontraron varias situaciones contrarias a la ley.
Según los abogados, Avi Strategic Investment S.A. no solo afectó a los clientes en Villa Santos; también descubrieron otras “casas en el aire”, como el proyecto de construcción Gioco Kids Club House, también en Barranquilla, donde se usaron las mismas frase publicitarias de “oportunidad irrepetible” y de “oferta especial”. En el caso de Gioco Kids Club House, la publicidad se centró en parejas jóvenes con niños pequeños, y ofreció infraestructura enfocada en la primera infancia. Ese proyecto nunca pasó del papel.
En los alegatos de los demandantes se mencionó, por ejemplo, que la compañía Avi Strategic Investment S.A. sí disponía de fondos para pagar. Según las víctimas, todo el capital terminó pasando a otras compañías. En las mismas denuncias, se señaló que el dinero terminó en manos de la familia Avilés.
Otro escándalo grande de Alianza Fiduciaria tuvo que ver con el proyecto Bosques de la Luz, donde está involucrada la constructora Promotora Inmobiliaria La Luz S.A.S. En este caso, Alianza Fiduciaria fue multada por la Superfinanciera a pagar 64 millones de pesos.
Los mismos abogados de los compradores insistieron en que debía meterse en cintura al fideicomiso, en este caso Alianza Fiduciaria S.A., por su participación en Torres del Cielo. Según las acusaciones, la fiducia no es un adorno ni un mero formalismo, debe analizar los riesgos, saber si la constructora está en capacidad de materializar lo prometido y, lo más importante, garantizar seguridad y respaldo a los compradores. Trabajo, que según los juristas, no se hizo en Torres de Cielo.
Alianza Fiduciaria tiene como presidente al abogado Gustavo Martínez García y fue fundada en 1986 en Cali. Uno de los grupos más importantes que respaldaron su creación fue la Organización Delima, de la que el empresario Ernesto de Lima Le Franc (q. e. p. d.) fue una persona importante. Hoy, la Organización Delima mantiene el 50 % del control de Alianza Fiduciaria. Alianza Fiduciaria gestiona actualmente 7.065 fideicomisos administrados y maneja cerca de 19,2 billones de pesos en activos.
Para el caso de Torres del Cielo, los abogados de los afectados demostraron ante la Superintendencia Financiera que Alianza Fiduciaria no cumplió deberes esenciales como: realizar una evaluación adecuada del proyecto, analizar correctamente los riesgos, verificar la solvencia y la experiencia del constructor, así como dejó de adoptar medidas oportunas para proteger los recursos de los beneficiarios.
Una vez los funcionarios de la Superfinanciera escucharon a las partes, determinaron, en primera instancia, que Alianza Fiduciaria debe pagar 8.115 millones de pesos por negligencia grave e incumplimiento grave en su papel de garante en la construcción. La multar es la más alta que se haya registrado en el país contra una fiducia.
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