El caso de Dahud Hanid Ortiz se ha convertido en un escándalo diplomático tras su inclusión en un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos, Venezuela y El Salvador en julio de 2025. Ortiz, exmilitar con doble nacionalidad venezolana y estadounidense, fue condenado en 2024 a 30 años de prisión en Venezuela por un triple asesinato ocurrido en Madrid en junio de 2016.
Pero, apenas un año después fue repatriado a los Estados Unidos junto a otros nueve estadounidenses alegadamente detenidos sin motivo legítimo, lo que ha provocado críticas internacionales por su inclusión pese a no ser un preso político.
El crimen conocido como el “triple asesinato de Usera” ocurrió el 22 de junio de 2016 en un despacho de abogados del barrio madrileño de Usera.
Ortiz, impulsado por celos al creer que el abogado Víctor Joel Salas mantenía una relación con su expareja, viajó desde Alemania a Madrid. Al no encontrar a Salas, asesinó a dos empleadas (de nacionalidad cubana) y a un cliente ecuatoriano, y posteriormente incendió el local para camuflar pruebas.
Tras el crimen, huyó inicialmente a Alemania y luego a Venezuela, siendo arrestado en octubre de 2018 en el estado Bolívar bajo identidades falsas y con tres documentos de identidad diferentes. España solicitó su extradición, pero la Constitución venezolana prohíbe extraditar a sus ciudadanos; por ello, fue juzgado en Caracas, donde fue condenado en 2024 a la pena máxima prevista: 30 años de cárcel.
Cuando ocurrió el intercambio de prisioneros el 18 de julio de 2025, Venezuela entregó a 252 detenidos venezolanos en cárceles de El Salvador a cambio de la liberación de diez estadounidenses presos en Venezuela. Ortiz apareció entre esos liberados, lo cual despertó gran controversia.
La ONG Foro Penal, experta en presos políticos, aclaró que Ortiz no figuraba como caso político, lo que alimentó las sospechas: se cree que pudo haber manipulado pruebas e incluso sobornado a funcionarios para presentarse como preso político o incluso como espía estadounidense, aprovechando su doble nacionalidad y sus antecedentes como exmarine condecorado con la Purple Heart.
El propio gobierno venezolano, representado por el ministro Diosdado Cabello, acusó a Estados Unidos de haber presionado para incluir al asesino convicto en el grupo y calificó el acto como una defensa inaceptable del crimen.
Desde Washington, el Departamento de Estado no ha explicado por qué Ortiz fue incluido entre los liberados, limitándose a afirmar que ya no hay estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela y que muchos habían denunciado torturas y condiciones extremas. Ortiz nunca fue mencionado individualmente por las autoridades estadounidenses.
El impacto ha sido grave: las familias de las víctimas en España, especialmente Víctor Salas, han expresado su indignación. Señalan que ni España ni Alemania fueron consultadas sobre la inclusión de este condenado en el canje. Consideran que se envía un mensaje peligroso: alguien que comete triple asesinato puede terminar libre como parte de una negociación clandestina entre gobiernos.
En suma, este caso evidencia como una negociación internacional, que tenía como propósito liberar presos políticos o ciudadanos injustamente encarcelados, terminó incluyendo a un individuo con antecedentes de violencia grave. La falta de transparencia, la ausencia de explicaciones oficiales y la exclusión de las autoridades españolas han generado una grave crisis de legitimidad en este intercambio.
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