Escándalo Académico: La Fundación San José Anula el Título de Juliana Guerrero por Falta de Pruebas y Asistencia

La institución reveló que tampoco había pruebas de la actividad académica de Juliana en el sistema. Guerrero apelará.

Un nuevo capítulo se abre en el conflicto que rodea a Juliana Guerrero, candidata a viceministra de las Juventudes, y a la Fundación de Educación Superior San José. La institución educativa notificó formalmente que Guerrero no presentó la Prueba Saber Pro, requisito indispensable para la obtención de un título profesional según la Ley 30 de 1992, y agregó que tampoco existe evidencia de que haya cursado el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria.

En la carta enviada por la Universidad San José y revelada por el diario El Colombiano, la institución fue enfática: “Al revisar su historial académico en los sistemas institucionales, no se encuentra evidencia de actividad en plataforma virtual, desarrollo de clases, ni evaluación alguna en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria, ni en el programa profesional en Contaduría Pública, lo que constituye una causal grave de nulidad de los actos administrativos que dieron lugar a la expedición de los respectivos títulos”.

La comunicación también señala que Guerrero no asistió a las audiencias del proceso disciplinario en su contra y que, en cumplimiento del debido proceso y la transparencia administrativa, el Consejo Directivo y Académico Institucional decidió anular los títulos que le habían sido otorgados. La medida, según el documento, busca salvaguardar el interés público y garantizar la integridad académica de la institución.

Esta decisión contradice las declaraciones previas de Francisco Pareja, fundador y representante legal de la Fundación San José, quien había asegurado que Guerrero sí estudió en la universidad y que el escándalo se debía únicamente a la falta de la Prueba Saber Pro. Con la nueva comunicación, el panorama cambia por completo. La universidad no solo pone en duda la validez del título, sino también la existencia misma de su trayectoria académica dentro de la institución.

En respuesta, Juliana Guerrero decidió apelar la decisión, argumentando que la carta de la universidad contiene un prejuzgamiento que compromete la imparcialidad del proceso. Según su versión, el Consejo Directivo actuó con un juicio previo, lo que habría limitado su derecho a la defensa y su posibilidad de controvertir las pruebas. Por este motivo, solicitó una recusación de los miembros del Consejo y pidió una nueva audiencia en la que pueda presentar sus argumentos y evidencias sobre la supuesta presentación de la Prueba Saber Pro, en condiciones que garanticen neutralidad y transparencia.

El caso ha tenido repercusión política y mediática, especialmente por el pronunciamiento de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien ha seguido de cerca el proceso. A través de sus redes sociales, Pedraza ironizó sobre la situación de Guerrero. “La buena noticia para Juliana es que ya no tiene que madrugar el domingo para hacer el Saber Pro. La mala es que el viernes tenemos conciliación en la Corte Suprema, pues tuvo el descaro de denunciarme. Vino por lana y salió trasquilada”.

En el video que acompañó su publicación, la congresista cuestionó cómo fue posible que el título profesional de Guerrero se hubiera otorgado en primer lugar, insinuando que podría tratarse de una transacción irregular. Sus declaraciones se suman a una denuncia formal interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación, en la que acusa a Guerrero de presunto fraude procesal y falsedad en documento público.

Por ahora, el futuro académico y político de Juliana Guerrero permanece en el limbo. La candidata deberá enfrentar tanto la apelación interna ante la institución como las investigaciones judiciales que podrían derivarse del caso. Mientras tanto, la polémica continúa escalando y pone sobre la mesa un debate más amplio sobre los controles de calidad en la educación superior y la verificación de títulos profesionales en Colombia, un tema que, más allá de este caso puntual, cuestiona la solidez del sistema académico y los mecanismos de supervisión del Estado.