entre impedir candidaturas y formar el estado 24

Desde el pasado 6 de diciembre la Asamblea Nacional (AN) de 2020 adelanta la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba. El instrumento contempla, entre otras cosas la creación del estado 24 en el país. Está compuesto por cuatro capítulos y 22 artículos de los cuales solo ocho (menos de 50%) han sido aprobados en segunda discusión, pese a la premura mostrada por el gobierno en esta materia

La Asamblea Nacional (AN) de 2020 parece ya no estar apurada por sancionar el proyecto de Ley Sobre el Territorio Esequibo. El Parlamento de mayoría chavista postergó la segunda discusión de la norma con el alegato de que se escucharán propuestas de otros sectores para fortalecer el instrumento.

El diputado oficialista Diosdado Cabello fue quien pidió el diferimiento de la ley, sin precisar por qué vías el Parlamento ha recibido las mencionadas propuestas o si se trata de nuevas jornadas de consulta popular.

El proyecto de ley fue discutido por primera vez el 6 de diciembre de 2023, tres días después del referendo en el que, entre otras cosas, se consultó a la ciudadanía si estaba de acuerdo por la creación del estado Guayana Esequiba.

En diciembre, en medio de la campaña del referendo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, prometió la discusión de la ley inmediatamente finalizara la consulta. También prometió que «el 4 de diciembre» Delta Amacuro ya no limitaría con la zona en reclamación, sino con el estado Guayana Esequiba.

Un mes y dos semanas después del referendo aún no existe oficialmente un estado 24 y tampoco una norma en la que se esbocen los primeros pasos de su conformación. La ciudadanía tiene un borrador extraoficial porque el Parlamento de mayoría chavista no ha compartido con la colectividad de qué va el documento.

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Qué contempla el proyecto de ley

El proyecto de Ley Orgánica está compuesto de 22 artículos distribuidos en cuatro capítulos y que contemplan los siguientes puntos:

Capítulo I: está destinado a regular las disposiciones fundamentales. En él se destaca la declaratoria del «carácter írrito» del Laudo Arbitral de 1899, así como la ratificación de la posición histórica de Venezuela sobre la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Capítulo II: aborda lo relacionado con la creación del estado Guayana Esequiba, incluyendo la regulación del ejercicio del Poder Público de esa entidad político territorial.
Capítulo III: expone acciones específicas para la protección del territorio de la Guayana Esequiba. Entre esas medidas resaltan la regulación del uso del mapa político de Venezuela y la declaratoria de documento histórico de la nación y recurso fundamental de interés superior para el Estado de toda la información que guarde relación, directa o indirecta, con el territorio del Esequibo.
Capítulo IV: contiene cuatro disposiciones transitorias que establecen un régimen temporal de ejercicio del Poder Público hasta tanto se alcance una solución práctica y mutuamente aceptable con Guyana en torno a la controversia territorial y puedan realizarse procesos electorales en el territorio de la Guayana Esequiba.

Sobre el estado Guayana Esequiba

La ley sobre el Esequibo ha sido gestada por el oficialismo, en medio de las tensiones en las relaciones entre Guyana y Venezuela que se profundizaron luego de que en septiembre el gobierno de Guyana licitara bloques petroleros en aguas disputadas. El borrador fue entregado por Nicolás Maduro el 5 de diciembre, dos días después del referendo.

Maduro dijo en ese momento que se trataba de una ley orgánica para «regular» la creación del estado Guayana Esequiba y que sería «para todas las generaciones». El texto fue entregado a Jorge Rodríguez durante una reunión ministerial, quien se comprometió a someterla con celeridad a debate en el Legislativo.

El proyecto establece, en su artículo 8, que todos los venezolanos y venezolanas «tienen el deber de resguardar, proteger y reivindicar la soberanía» del país sobre el territorio de la Guayana Esequiba, así como la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación.

El artículo se alinea con los llamamientos que ha hecho el Gobierno a la ciudadanía a mantenerse alerta para evitar cualquier pretensión de corporaciones o países como Guyana o Estados Unidos de apropiarse de recursos nacionales.

Los aspectos concretos sobre la creación del estado 24 están previstos en el artículo 9 y 10 del proyecto, en los que se define la nueva entidad y se fijan sus límites: el estado Guayana Esequiba tendrá la superficie del actual territorio de la Guayana Esequiba, comprendida dentro de los siguientes límites: Norte: Océano Atlántico, Sur: Brasil, Este: Río Esequibo y por el Oeste: Estados Delta Amacuro y Bolívar.

Entre los artículos 11 y 16 se indican la conformación de las autoridades (gobernaciones, alcaldías y concejos municipales), así como establecimiento de las instituciones de la administración pública.

Poder central llevará las riendas

El gobierno de Nicolás Maduro ha preparado el terreno, al menos de forma simbólica, en el «estado 24». El 8 de diciembre el mandatario aprobó seis decretos para la protección y defensa del territorio. En el primero se designó a Alexis José Rodríguez Cabello, como Autoridad Única del estado de la Guyana Esequiba. El mayor general «gobernará» desde Tumeremo, en el estado Bolívar, a unos 90 kilómetros de la zona en reclamación.

Rodríguez Cabello es diputado oficialista de la AN-2020 por el estado Bolívar. Es presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN. El nombramiento se hizo sin que la ley estuviese sancionada.

Dado que el estado 24 existe en la teoría, pero no en la práctica, las riendas y las decisiones para regir su administración son delineadas desde el poder central y así lo contempla el proyecto que discute la Asamblea Nacional.  El instrumento consta de cuatro disposiciones transitorias. En la primera, se señala que hasta tanto se celebren las elecciones en el estado Guayana Esequiba (…), un territorio en el que han sido descubiertas grandes riquezas, el Gobierno y la administración del Estado será ejercido por un Jefe o Jefa de Gobierno designado por Maduro.

En la segunda disposición se le asigna a la Asamblea Nacional, actualmente dominada por el chavismo, la responsabilidad que debería tener un Consejo Legislativo electo por la población del «estado Guayana Esequiba».

Presiones a la oposición

El proyecto de ley asoma una piedra de tranca para dirigentes de oposición a quienes conmina a defender el territorio esequibo. El artículo 22 deja claro que «no podrán ser postulados a cargos de elección popular o ejercer cargos públicos las personas que, incumpliendo el deber previsto en el artículo 130 de la Constitución y esta Ley, favorezcan públicamente la posición de la República Cooperativa de Guyana en torno a la Guayana Esequiba o deshonren los símbolos patrios de la Nación».

El artículo no da espacio o algún derecho a réplica a quien sea acusado de deshonra para defenderse. Se alinea a las acusaciones y advertencias que ha hecho el Gobierno contra quienes cuestionaron el referendo o quienes han dicho que Venezuela debe defenderse en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Antes del referendo, el gobierno de Nicolás Maduro ejerció una campaña de presión contra la oposición y rechazó los cuestionamientos de la disidencia a algunas de las preguntas que se planteaban en la consulta. Según el oficialismo, los partidos contrarios a sus políticas deseaban que el mecanismo de consulta no se realizara.

El oficialismo incluso señaló que quienes se oponían al referendo consultivo sobre el Esequibo estaban violando los acuerdos de Barbados, firmados por ambas partes en noviembre.

Prohibiciones y sanciones

El proyecto de ley orgánica establece la prohibición de usar el mapa de Venezuela sin el territorio Esequibo y prevé sanciones para quienes incumplan la norma.

El artículo 18 señala cuánto deberán pagar quienes publiquen o distribuyan el mapa sin el Esequibo. «Quien elabore, publique o distribuya mapas, planos o cartas totales o parciales de la República Bolivariana de Venezuela o cualesquiera otras formas que incluyan su representación, que omitan el territorio del estado Guayana Esequiba será sancionado con multas que oscilen entre mil (1.000) y cien mil (100.000) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela»; es decir, el euro.

El 6 de diciembre, Maduro hizo oficial el nuevo mapa de Venezuela y exhortó a las escuelas y entes a dejar de usar el mapa anterior.

El proyecto de ley también regula la posibilidad de realizar cualquier tipo de contratos en la zona en disputa. El artículo 21 ordena a los órganos y entes del Poder Público a abstenerse de celebrar contratos o acuerdos con personas jurídicas que operen o colaboren en el territorio de la Guayana Esequiba o las aguas pendientes por delimitar con base en concesiones, autorizaciones o permisos otorgados unilateralmente por Guyana en violación del Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional.

Dándole largas

El martes 9 de enero, la Asamblea Nacional apenas aprobó los primeros ocho artículos. El debate no avanzó porque el jefe de la bancada oficialista, Diosdado Cabello (PSUV/Nacional), propuso el diferimiento de la discusión.

«Estos primeros 8 artículos (aprobados) pareciera que hay unanimidad en función de las propuestas que se recibieron. Sin embargo, hay artículos para los cuales seguimos recibiendo propuestas, por lo que solicitamos el diferimiento para estudiar todas las propuestas recibidas, respetando al Poder Popular y el derecho que tienen de participar en la redacción de esta ley”, señaló Cabello.

Resaltó que para la construcción de esta Ley los parlamentarios participaron en más de 200 asambleas junto al pueblo para tomar propuestas que sirvieran para enriquecer el texto.

Hasta el momento, se desconoce la fecha en la que se retomará la discusión de este proyecto, cuya sanción se había solicitado con urgencia en el calor de la confrontación entre los gobiernos de Venezuela y Guyana.

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