Caracas/Ciudad
de México
A
las 5:16 horas del 3 de septiembre de 2015 llegaron al muelle 27 de Puerto
Cabello, en las costas del litoral central de Venezuela, 30.000 toneladas de
maíz provenientes de México. El cargamento había sido ordenado por la
Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (Casa), una empresa del
Estado venezolano creada para importar y distribuir productos alimenticios, una
misión que tras su liquidación a finales de 2016 asumió la también estatal
Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal).
Ese
fue el primero de al menos cuatro envíos que hizo la mexicana Comercializadora
Columbia al principal puerto de Venezuela, en el período comprendido entre 2014
y principios de 2018, según revela una sistematización de informes de la Cámara
de Comercio de Puerto Cabello hecha por Armando.Info.
Sin
embargo, el proveedor de datos de comercio global Import Genius reporta
una relación comercial mayor de Comercializadora Columbia, así como de otras
mexicanas, con Venezuela. Pero, a pesar de su importancia como
proveedora, ni esta ni las demás empresas mexicanas son las que firman los
contratos con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior
(Corpovex).
Entre
2016 y principios de 2019, Comercializadora Columbia hizo 26 envíos a Venezuela
por un total de 757.500 tonelada, principalmente de maíz, aunque también de
trigo, este último, un rubro tradicionalmente de importación en Venezuela. Que
las casi tres decenas de envíos se hicieran desde México no es sorpresa. Según
el Sistema de Información Arancelaría Vía Internet (Siavi) de México, Venezuela
se convirtió en el principal destino de exportación de este país para los dos
cereales, entre otros productos. La manera en la que lo hicieron, sin embargo,
sí entraña novedades.
Si
bien la participación de traders es natural en estas operaciones,
distintos factores, asociados principalmente a la demora esperada de pagos por
parte del Estado venezolano, que centraliza las compras de materia prima, han
alejado a los actores tradicionales y han fomentado la aparición de nuevos
participantes, al tiempo que han generado un sobreprecio proporcional a los
riesgos.
En
el caso puntual de Columbia, son terceros los que han obtenido significativos
contratos con Corpovex y posteriormente les han comprado a esa empresa la
mercancía que finalmente envía a Venezuela. Esos terceros suelen ser empresas
internacionales con poco rastro, en las que figuran los nombres de algunos
venezolanos. Pero también aparecen empresas más establecidas y de renombre cuya
figuración, sin embargo, adopta otras modalidades y no deja de ser llamativa.
La
mitad de los traders que aparecen como signatarios de los contratos con el
Estado venezolano cuya mercancía, sin embargo, la terminó proveyendo
Comercializadora Columbia están registradas en Panamá. Button Coral SA y Farfala
Overseas Corp son dos de ellas.
Registrada
en febrero de 2014 en Panamá, Button Coral debutó el 31 de mayo de 2016 con el
primero de once envíos de semillas de maíz a Venezuela desde el puerto de
Sinaloa, en México, a través de la Comercializadora Columbia.
Button Coral SA, de Panamá, ha sido intermediaria de once envíos de decenas de miles de toneladas de semillas de maíz a Venezuela a través de la Comercializadora Columbia
Poco
antes, en octubre de 2015, según consta en el Registro Público de Panamá,
Reinaldo Ranni Nania, un venezolano que había probado suerte con varias empresas
de distintos ramos y registradas en los Estados Unidos –todas inactivas
ahora-, ingresó a la junta directiva de Button Coral. Ahí se mantuvo hasta
agosto de 2016, cuando la empresa realizó el tercero de sus envíos a Venezuela,
por casi 90.000 toneladas de semillas de maíz.
El
nombre de Ranni Nania irrumpió así abruptamente entre los actores venezolanos
que se dedican a los commodities. Algunos empresarios del
sector recuerdan al hombre de 43 años de edad, ligado a una docena de empresas
locales con otras actividades, por exhibir lujos y tener una de varias oficinas
en el mismo centro empresarial en Caracas en el que la estatal Corpovex tiene
las suyas.
Pero
más llamativa fue la actividad de Button Coral durante el año 2017: hizo
ocho envíos de 30.000 toneladas de semillas de maíz cada uno. Fue casi uno por
mes.
El
caso de Farfala Overseas es similar. Fue registrada en diciembre de 2011,
también en Panamá; en 2015 incorporó a venezolanos a su junta directiva y nada
más en los meses de junio y agosto de 2017 hizo cuatro envíos a Venezuela, de
30.000 toneladas de semillas de maíz cada uno, a través de la Comercializadora
Columbia. El quinto y último del que se tiene registro, hasta mediados de mayo
de 2019, se hizo el 2 de enero de 2018.
Como
ellas, a otras shelf companies panameñas las sacaron de las
gavetas con la única intención de ganar contratos con el Estado venezolano. Lo
lograron en un momento en el que nadie quería asumir los riesgos de ser
contratado por el Estado venezolano.
El
más reciente de los 25 envíos de Columbia a Venezuela registrados por Import
Genius data del 14 de febrero de 2019. En esa transacción, de 30.000 toneladas
de trigo, aparece como consignataria o contratada la empresa italiana Casillo
Commodities Italia Societa Per Azioni (SpA), del denominado Casillo
Group.
De
acuerdo con información del sitio web del reconocido conglomerado italiano, la
empresa se ocupa del comercio internacional de cereales, principalmente con
mercados de la parte más occidental del mundo árabe.
“Los
países del norte de África, Cuba y Venezuela son los principales importadores y
nuestros clientes”, especificó Francesco Casillo, propietario del grupo, en una
entrevista concedida al diario italiano La Repubblica en 2016.
De hecho, ese 14 de febrero de 2019, y también durante 2017 y 2018, Casillo
aparece como quien pagó por la mercancía enviada a Venezuela a través de la
Comercializadora Columbia.
Casillo,
sin embargo, ha tercerizado sus envíos principalmente a través de otra empresa
mexicana, NG Logística, ligada a una tercera de este país: Gradesa, uno de los
principales grupos del sector alimentario en México.
Import
Genius registra diez envíos de NG Logística a Venezuela, entre 2016 y el 28 de
enero de 2019, fecha en la que salió el más reciente. Juntos suman poco más de
215.000 toneladas de trigo, principalmente, aunque también hay algo de
maíz.
En
nueve de ellos figura Casillo Commodities Italia SpA como consignatario. En el
otro, que fue el primer envío, hecho el 24 de agosto de 2016, aparece Glencore
Grain BV como quien paga por la mercancía enviada a Venezuela a través de NG
Logística.
Glencore
Agriculture, de acuerdo con información de su website, es “líder mundial en el
abastecimiento, manejo, procesamiento y comercialización de productos
agrícolas”. Oriunda de los Países Bajos, con operaciones en más de 35 países y
más de 13.000 empleados, es el brazo en el negocio de alimentos de la mayor
comercializadora mundial de commodities, Glencore, de origen suizo.
Al
ser consultada por vía de correo electrónico acerca de esa única transacción con
Venezuela, la empresa se limitó a decir que había sido ella quien había vendido
el trigo a NG Logística, y que no había participado en la venta posterior de los
productos que esta hizo a Venezuela, aunque aparezca como consignataria de la
mercancía en la información de puertos.
Aunque
menos conocido, no menos curioso es el caso de la portuguesa Inglewood Sociedade
de Serviços Internacionais Lda, que también ha sido consignataria de cargamentos
de Comercializadora Columbia.
Constituida
en septiembre de 2011 en la isla de Madeira e inscrita en el Registro Nacional
de Contratistas (RNC) venezolano en junio de 2016, Inglewood se dedica
principalmente a la prestación de consultoría económica, administrativa,
contable y de gestión de empresas, según su ficha en el RNC.
Sin
embargo, entre su amplia gama de actividades, también reseña el apoyo técnico de
consultoría a la creación, desarrollo, expansión y modernización de empresas
industriales, comerciales, agrícolas y de servicios a nivel nacional e
internacional; la importación, exportación y comercialización de materiales y
máquinas y todos los equipos para la construcción civil, para los sectores
agrícola, pecuario, pesquero y forestal, piezas de recambio, equipos
inalámbricos, de material eléctrico y electrónico, de material informático, de
productos alimenticios de ropa y calzado, de cosmética y perfumería.
Para
el año 2016, la empresa solo reporta en el RNC haber prestado servicios previos
en las áreas de informática y de planificación, y la distribución de componentes
y suministros electrónicos, así como de accesorios eléctricos y de iluminación.
Nada relacionado con el sector agrícola. Sin embargo, un mes después de su
inscripción en el RNC, según fuentes cercanas a la empresa, ganaron un primer
concurso que los llevó a firmar, en octubre, el primero de dos contratos que han
tenido con Corpovex, por un total de 150.000 toneladas de trigo.
No
fue sino hasta este reciente 2018 cuando la compañía especificó que se dedica a
importaciones y exportaciones «de granos y suelos», según revela información
disponible en el portal del proveedor de bases de datos LexisNexis. La empresa,
entre cuyos dueños y junta directiva no habría ningún venezolano ni contacto con
funcionarios del Estado venezolano, según las mismas fuentes allegadas, reportó
una venta anual durante 2017 de poco más de 51,6 millones de dólares, con un
solo empleado en nómina.
El
último de los embarques que tenía previsto Inglewood tras la firma del segundo
contrato en 2018 no se ejecutó. Como ocurre con frecuencia, el Estado venezolano
demoró seis meses en pagar. Según fuentes allegadas a las importaciones
agrícolas, los barcos pasan en promedio 60 días fondeados en puertos venezolanos
a la espera de pagos. La estadía, como le sucedió a Inglewood, se prolonga aún
más
Actores
involucrados recuerdan un barco enviado por la mexicana Gradesa que pasó unos
ocho meses fondeado en las costas venezolanas. Sin anticipo ni pago por
adelantado, son pocas las empresas dispuestas a asumir el riesgo de firmar
contratos con Corpovex. Pero algunas tropiezan dos y más veces con la misma
piedra.
Según
el primer contrato que firmó Inglewood en 2016, por 35 millones de dólares a
cambio de 90.000 toneladas de trigo durum de calidad, que fueron enviadas en
tres tandas entre 2017 y 2018, la empresa debió haber recibido el pago entre 15
y 30 días después de haber entregado los documentos de embarque. La espera se
prolongó hasta 180 días.
A
la falta de pago por parte del Estado venezolano se suman otros problemas
administrativos, de personal y equipamiento en los puertos.
Los
entendidos hablan de un margen de entre 10.000 y 17.000 dólares de pérdida por
cada día que un barco está fondeado en puerto. Son costos que, en el caso
venezolano, se suman a los normales de las operaciones de este tipo; y que, al
ser sumados a su vez a la ganancia natural que tendrán los intermediarios, que
en el caso de Inglewood, según la fuente allegada a la empresa, se ha mantenido
“dentro de los márgenes racionales” de 7% a 15% por esos volúmenes, encarecen el
valor de la materia prima que importa el Estado.
Expertos
hablan de un sobreprecio promedio en este tipo de transacciones de 30%. Cálculos
realizados por investigadores de Transparencia Venezuela, con información de la
Secretaría de Economía de México, revelaron a finales de 2018 que Venezuela pudo
haber perdido más de 140 millones de dólares al comprar con sobreprecio siete
rubros alimenticios mexicanos.
“Solo
en la compra de siete rubros alimenticios realizadas entre enero de 2016 y
agosto de 2018 se gastaron 590 millones de dólares americanos, de los cuales, al
menos 140 millones de dólares podrían corresponder a sobreprecio. En otras
palabras, casi 1 de 4 dólares invertidos en estos bienes podría ser
sobreprecio”, explican en el informe de Transparencia.
En
comparación con los precios que ofrecen comercializadoras de otras partes del
mundo, los de las mexicanas resultan competitivos para esta red de
intermediarios.
Columbia,
sin embargo, figura entre las 36 compañías mexicanas «cómplices del gobierno
venezolano», según una investigación realizada por Transparencia Venezuela sobre
el “oscuro negocio” alrededor de la importación para los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción (Clap), un programa de alimentos subsidiados por el
gobierno venezolano.
En
el campo venezolano, todos recuerdan y añoran aquel 2008. Ese año se batió
récord en producción de maíz en tierras venezolanas: 2,9 millones de toneladas.
Según datos de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de
Venezuela (Fedeagro), un total de 850.000 hectáreas fueron
sembradas.
Una
década después, una realidad totalmente distinta hace pensar que aquello quizás
es una leyenda, aunque sucedió. Los entendidos dudan que este año se lleguen a
producir 100.000 toneladas del cereal en el país. Para la fecha, avanzada en la
temporada de lluvias, apenas se han sembrado 2.000 hectáreas. Y los que saben de
esto entienden que sembrar en estos días ya es pérdida. Y se suman los
problemas: en el campo el desempleo supera el 50%.
Los
números son aún más alarmantes si se llevan a casos particulares, como el de una
asociación de productores del estado Portuguesa, al occidente del país. De
120.000 toneladas de maíz que llegó a producir en mejores tiempos, en 2018 sólo
produjeron 12.000. Este año apenas llevan 600 de las 3.000 que estiman producir.
Y algunos dudan que alcancen esa meta.
Las
cabezas de Fedeagro, Aquiles Hopkins y Celso Fantinel, enumeran las causas de la
hecatombe: falta de apoyo a la producción nacional, control de precios, escasez
de insumos y un parque tecnológico totalmente afectado.
Si
bien Venezuela siempre ha importado el trigo –por ser producirse en climas
templados– Venezuela podría producir maíz, como también azúcar y arroz, entre
otros rubros que el chavismo decide importar, en decenas de miles de toneladas
por vez, en enrevesadas transacciones que suman ceros de más a las cuentas de
múltiples actores.
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