Santo Domingo.– El sector empresarial dominicano mostró su rechazo contundente al proyecto de ley que modifica el Código de Trabajo, aprobado en primera lectura por el Senado de la República el pasado martes. A juicio de los gremios, la propuesta representa un “retroceso” en materia de desarrollo laboral y sostenibilidad empresarial.
La reforma, que altera la Ley 16-92, mantiene intacto el esquema de cesantía laboral, y expande las licencias por matrimonio, fallecimiento de familiares, paternidad (con goce del 100 % del salario) y maternidad (con un mínimo de 14 semanas pagadas), entre otras disposiciones.
Sin embargo, los representantes del empresariado aseguran que el texto aprobado desconoce importantes consensos logrados anteriormente en el marco de diálogos tripartitos entre el Gobierno, empleadores y trabajadores.
“El proyecto ignora principios fundamentales de equilibrio y sostenibilidad que el país necesita. Aumenta los costos laborales, desincentiva la formalización del empleo y puede generar una mayor carga en los tribunales laborales”, afirmaron en un comunicado conjunto firmado por las principales asociaciones empresariales del país.
Los empresarios hicieron un llamado al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo para retomar el diálogo tripartito, contando con la participación activa de los sectores implicados, con el fin de construir una legislación laboral moderna, justa y adaptada a la realidad del mercado actual.
“Es necesario consensuar un nuevo marco regulatorio que responda a las necesidades del presente, pero también a las del futuro”, señalaron.
El proyecto aprobado por el Senado incluye:
Mantenimiento de la cesantía como indemnización por terminación del contrato.
Licencias ampliadas por maternidad (mínimo 14 semanas pagadas), paternidad, matrimonio y duelo.
Reconocimiento de modalidades laborales modernas, como el teletrabajo.
Tipificación del acoso laboral y fortalecimiento de los derechos de los trabajadores del hogar.
Mayores garantías para mujeres embarazadas, antes y después del parto.
Regulación de jornadas extendidas, horarios flexibles y contratos especiales.
La pieza legislativa aún debe pasar por una segunda lectura en el Senado, y posteriormente ser remitida a la Cámara de Diputados. Mientras tanto, el debate entre el Congreso y el sector productivo promete intensificarse.
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