El uso de la inteligencia financiera como arma política en Colombia: el oscuro legado de la UIAF y su impacto en la administración Petro

Como congresista, en 2008, Gustavo Petro se declaró víctima de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), el mismo organismo de inteligencia que hoy, como presidente, usa para validar la transparencia de sus finanzas personales y para ciertos propósitos políticos, como el de demostrar que el programa espía Pegasus fue instalado en dependencias públicas con el propósito de afectar su gestión.

Sus denuncias, debates y presiones sirvieron entonces para enviar temporalmente a prisión a Mario Aranguren, un experto en temas tributarios y financieros, y uno de los más prestigiosos directores que ha tenido la DIAN, que fue puesto por el gobierno de Álvaro Uribe como cabeza de un servicio de inteligencia al que siempre se le había reconocido un carácter técnico y neutral.

Petro y su bancada en el Congreso y otras voces de la oposición y de la propia administración de justicia aseguraban -haciendo causa común- que la UIAF manejaba uno de los flancos de los seguimientos ilegales hechos a magistrados, políticos y periodistas por el Departamento Administrativo de Seguridad (ya desaparecido). Incluso hicieron circular un informe sobre las finanzas de la entonces senadora Piedad Córdoba con la intención de demostrarle supuestos vínculos de las Farc.

Luego de un tormentoso proceso Aranguren fue llamado a juicio en 2018, condenado inicialmente a once años de prisión, pero después absuelto definitivamente por la Corte Suprema de Justicia por ausencia de pruebas.

Desde que comenzó su primer gobierno (2002-2006) Uribe fue acusado por sus opositores de buscar convertir los servicios de inteligencia en un arma política. La paternidad del proyecto era atribuida a Pedro Juan Moreno Villa, en principio un asesor de absoluta confianza de Uribe, que tiempo después rompió vínculos con el mandatario por no acceder a su intención de designarlo a él como director único de los servicios de inteligencia (como ocurrió con Vladimiro Montesinos en Perú) y más tarde murió en un siniestro aéreo en las selvas de Urabá.

Ahora, más de cuatro lustros después, sale de su anonimato Isaac de León Beltrán Pacheco, un exfuncionario de la UIAF que buscó al periodista Julio Sánchez Cristo, director de La W Radio, para asegurarle que en 2024 fue enviado a Portugal, por orden del presidente Petro, para reunirse subrepticiamente con el zar del contrabando Diego Marín, mejor conocido como ‘Papa Pitufo’.

La UIAF terminó salpicada por el rey del contrabando Papa Pitufo

La idea de ese contacto sería proponerle a Marín, requerido sin éxito con la justicia colombiana, una negociación para que contara quienes eran sus enlaces en el mundo político, empresarial y de las Fuerzas Armadas en Colombia, a cambio de beneficios que no precisó.

Según Beltrán, el gobierno actual también ha querido convertir a la UIAF en un instrumento de combate político, a partir de una premisa que confunde las amenazas con el Estado -que toda la comunidad mundial de inteligencia dice combatir- con las amenazas contra el gobierno.

El Proyecto de Carlos Ramón González antes de su fuga

A Beltrán no le faltaría razón. Las2Orillas conoció que durante la gestión de Carlos Ramón González como cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia fue incubado un proyecto con propósitos similares a los que en su momento concibió Moreno Villa en el gobierno Uribe: integrar la UIAF a la comunidad de inteligencia, ya no como dependencia adscrita al Ministerio de Hacienda sino directamente a la Presidencia de la República.

Un borrador del proyecto, que circuló “para comentarios” entre algunos funcionarios relacionados con el documento, se apoyaba en una teoría del experto alemán Günter Mailhod, quien en textos especializados ha defendido la necesidad de situar la Inteligencia Financiera por fuera de los ámbitos de los Ministerios de Hacienda.

“Para él (Mailhod), pregonero de ese escepticismo reflexivo, las burocracias ajenas a los entornos de la Defensa y la Seguridad Nacional miran esa especialidad de la Inteligencia con un interés centrado exclusivamente en la generación y recaudos de impuestos y no en la necesidad de penetrar y desarticular las estructuras financieras del crimen organizado”.

El soporte académico para el viraje de la UIAF

Según el documento, la estructuración de un ecosistema de inteligencia, renovado desde esa perspectiva, surge como una necesidad apremiante en tiempos en que organizaciones armadas ilegales y otros actores amenazan la seguridad nacional más allá de los cultivos ilegales y el tráfico de drogas, con nuevas fuentes de financiación y apoyo político a sus aparatos criminales.

Recordaba que la inteligencia financiera en Colombia ha girado en torno a los procedimientos técnicos señalados por el Ministerio de Hacienda a través de una agencia adscrita a sus estructuras administrativas, pero independiente jurídicamente y administrativamente.

A renglón seguido destacaba que la UIAF ha sido una agencia con recursos humanos y tecnológicos que, en estos tiempos de globalización, le han permitido hacer seguimiento -algunas veces expedito y en tiempo real- a flujos de capitales y recursos de personas, bandas y organizaciones de toda índole que representan amenazas para la seguridad y la convivencia nacional.

“La UIAF -destacaba- ha alcanzado un justo reconocimiento entre la comunidad internacional y representa al país ante organizaciones de carácter multilateral conectadas a las matrices de la Organización de Estados Americanos y de la Organización de Naciones Unidas. Sus avances han dinamizado su desarrollo legislativo por parte del Congreso de la República”.

Sin embargo, anotaba, por afectos de la propia legislación y la doctrina y la jurisprudencia de las Cortes la utilidad de la información recabada por la UIAF se estaría haciendo demasiado limitada. Esta formulación obedece al hecho de que la agencia solo está habilitada legalmente para enviar sus productos de información y análisis a la Fiscalía General de la Nación, con propósitos netos de judicialización.

Así, solo en casos excepcionales y aislados esa información puede ser compartida con otras agencias de inteligencia. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han insistido en que los informes de inteligencia no tienen calidad probatoria y su alcance está limitado por los derechos fundamentales de las personas.

“Aunque la postura jurisprudencial suena razonable a los oídos de los expertos, lo cierto es que limita marcadamente las posibilidades de acceso a información útil y cualificada de otras agencias que en su día a día tienen la obligación perentoria de prevenir atentados contra la seguridad nacional y la estabilidad institucional”, acotaba.

Hacía también críticas a La Ley de Inteligencia Nacional que, a juicio de los redactores del borrador del proyecto, refleja esas limitaciones y por esa razón le estaría entregando al enemigo una ventaja comparativa muy grande, pues mientras el Estado actúa inhibido, aquel utiliza procedimientos y tecnologías que no están limitados ni por la normatividad ni por las leyes.

Insistía en que no se trata tampoco de desechar el trabajo de la UIAF, sino de ampliar su espectro más allá de los confines del ente acusador (la Fiscalía), de los expedientes judiciales cuyos trámites extensos, dilatados e inciertos le quitan a la información de inteligencia su capacidad preventiva.

Curiosamente, citaba al general estadounidense Michael Hayden, exdirector de la CIA, quie ha cuestionado la falta de comunicación entre agencias y la visión secretista que impera en su trabajo. “Las ‘inercias burocráticas’, como las llama el analista, no permiten compartir la información con una intención estratégica”.

El borrador fue archivado después de que Carlos Ramón González dejó el cargo de Director de Inteligencia y partió precipitadamente hacia Nicaragua, donde hoy es asilado político, ante el riesgo de ser detenido como artífice de un millonario saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.