El triunfo del Presidente Petro ante el fiscal Burgos: ¿Cómo afecta el caso de Nicolás Petro?

Las actuaciones del fiscal Burgos pretendían afectar la dignidad y estabilidad del presidente, lo cual le permitió intervenir en el proceso.

A través de Alejandro Carranza Cepeda, su abogado de confianza, el presidente Gustavo Petro Urrego solicitó a la Fiscalía el pasado 15 de octubre que lo reconocieran como “víctima” en un proceso en curso contra el fiscal Mario Andrés Burgos, el mismo funcionario que llevó a juicio a su hijo Nicolás.

Según el jefe del Estado, el proceso seguido a su vástago no busca realmente probar que éste pudo haberse enriquecido ilícitamente al quedarse con dineros destinados a su campaña, sino que está orientado a deslegitimar, de mala fe, su ejercicio como mandatario y a restarle margen de gobernabilidad.

Para demostrarlo, destacó el tono y contenido de las preguntas formuladas por el fiscal Burgos, actual delegado ante el tribunal superior, durante la indagación a Nicolás. En su opinión, el funcionario no buscaba establecer el origen y destino final de los dineros, sino que pretendía exclusivamente saber si el ahora presidente de la República estaba enterado o no.

Petro y su abogado llegaron así a la conclusión de que el fiscal Burgos estaba intentando pasar por encima del fuero presidencial e invadir órbitas de la Corte Suprema de Justicia, la única que puede investigar penalmente al primer mandatario.

El enfoque de su solicitud, parcialmente acogida por la Fiscalía, llevaba otras cargas de profundidad. Realizaba una reconstrucción cronológica para demostrar que la captura de Nicolás Petro y de su exesposa -y ahora testigo en su contra- formaba parte de un libreto, de un “plan instrumentalizado” en el cual habría participado la actual aspirante presidencial Vicky Dávila.

La cronología comenzaba recordando que en su edición de los días 2 y 3 de marzo, la Revista Semana, bajo la dirección de Dávila, publicó un explosivo informe basado en declaraciones de Dayssuris Vásquez, exesposa de Nicolás. El mismo día en que comenzó a circular la edición, el fiscal Álvaro Barahona, fiscal de Barranquilla, obtuvo el allanamiento de detención de Petro y de Vásquez.

A la luz de las normas de procedimiento penal, era materialmente imposible que los hechos ocurrieran con esa rapidez y que fueran asimilados prácticamente como una “flagrancia”, cuando en realidad tenía que haberse dispuesto con tiempo un plan de trabajo meticuloso y riguroso. “(Algo así) es materialmente imposible como reacción espontánea a la nota periodística, lo que revela coordinación previa y artificio procesal”, señalaba el material de la solicitud.

Con la misma velocidad, el caso quedó bajo la supervisión de la Vicefiscal Martha Mancera, “pese a señalamientos de vínculos con redes de narcotráfico y denuncias de presión política para mantenerla en el cargo a cambio de modular la investigación contra Nicolás Petro”.

Para el presidente y litigante Vicky Dávila, ya sin el sigilo profesional del periodista, sino como precandidata presidencial, “reactivó las filtraciones y manipulaciones probatorias junto con Dayssuris Vásquez, incumpliendo esta última el principio de oportunidad otorgado por la Fiscalía”.

El cedazo de la Fiscalía

Patricia del Socorro Hernández Zambrano, fiscal quinta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, solo acogió las razones expuestas sobre la presunta conducta sesgada del fiscal Burgos, a quien ella investiga.

De seis hitos señalados por el presidente y su abogado, únicamente aceptó como pertinente para su actuación aquel que fue expuesto en la solicitud en los siguientes términos: “Durante el interrogatorio en el Bunker, Burgos formuló a Nicolás Petro preguntas relacionadas directamente con el presidente de la República. (…) Este hecho prueba que el proceso se concibió como un medio para afectar la dignidad y estabilidad institucional del presidente, induciendo en error a la opinión pública y construyendo un juicio paralelo carente de competencia institucional”.

La conclusión que sustenta la decisión de permitir al presidente como “interviniente especial” en el proceso es que el interrogatorio de Nicolás Petro no fue un acto legítimo de búsqueda de la verdad, sino un instrumento de presión indebida contra el presidente Gustavo Petro, dirigido por un fiscal sin competencia y filtrado selectivamente a un medio de comunicación que actuó como “brazo político”.

“Este despacho -concluyó la fiscal- considera que se satisfacen los requisitos mínimos para inferir la existencia de un posible daño inmaterial, consistente en la afectación del buen nombre y la legitimidad del cargo del presidente, cuando se indagó por el conocimiento que el mandatario tenía sobre las actividades ilícitas ligadas al parecer con su elección, preguntas y respuestas divulgadas a la opinión pública por diferentes medios de comunicación”.

Inicialmente, el abogado Carranza había pedido que su cliente fuera admitido como “víctima con enfoque diferencial”, pero la fiscal consideró que el presidente no necesita de ese reconocimiento porque está protegido por un fuero especial que lo hace diferente a otros ciudadanos que sí podrían quedar en situación de vulnerabilidad en casos similares.

El fiscal Burgos, investigador de Nicolás Petro y ahora investigado por presuntas irregularidades en su actuación, no se ha pronunciado todavía.