El socialismo murió en un campo de golf de Caraballeda

El ¡exprópiese! cayó en el hoyo. El 14 de febrero de 2018, el difunto gobernador del estado La Guaira, Jorge Luis García Carneiro, informó a través de su cuenta en Twitter: “Hemos decretado de utilidad pública un espacio de 52.685 m2 en los campos de golf de Caraballeda para dar paso a la construcción de la Ciudad Educativa José María España y beneficiar a más de 5 mil niños.El plantel tendrá 5 niveles para inicial, especial, primaria y secundaria”.

Seis años después, ¿cuál es el balance de este proyecto? La respuesta está contenida en la gaceta oficial extraordinaria de la entidad número 1776, publicada el 28 de noviembre de 2023: “Por razones técnicas y físico-estructurales de la topografía y otras de orden económico, la construcción de la obra denominada ‘Ciudad Educativa José María España’, en los años sucesivos, no fue ejecutada en el lote de terreno, respecto al cual se ordenó la adquisición forzosa y ocupación temporal”.

Como no hicieron absolutamente nada de lo ofrecido, el mandatario regional José Alejandro Terán firmó un decreto que dejó sin efecto la orden de adquisición forzosa de ese terreno, que ahora nuevamente está bajo el control del Caraballeda Golf & Yacht Club. El único campo de golf del litoral sobrevivió a los embates del régimen socialista. “Estamos en otra época, se murió el exprópiese”, celebra un golfista.

Vapores de la fantasía

Una nota oficial difundida el 14 de febrero de 2018 anunciaba: “Se espera que en los próximos ocho meses esté lista la primera etapa de esta Ciudad, que prevé la construcción de los planteles de educación inicial, especial y básica, con los que se pretende iniciar el año educativo 2018-2019. Para así cumplir con la meta, se prevé fijar dos turnos de trabajo, con cerca de 200 empleos directos e igual número de indirectos, quienes se centrarán en ensamblar las estructuras prefabricadas”.

“Vamos a construir de modo que toda la vegetación alta se está preservando”, aseveró en su momento Eduardo Dávila, identificado como “representante de la empresa que ejecutará el proyecto”. La reseña del diario La Verdad de Vargas indica que la empresa en cuestión lleva por nombre Construcciones y Desarrollo Dávila.

Según una nota publicada por El Pitazo en junio de 2022, Construcciones y Desarrollo Dávila se encargó de la construcción de la cinta costera de La Guaira. Se trata de “una de las contratistas que acompañó a García Carneiro en sus 13 años de gestión y ha permanecido en el gobierno de Terán”, apuntó ese portal.

Volviendo sobre la ciudad educativa nonata, el diario La Verdad registró que el procurador de la entidad para ese entonces, Pedro Rodríguez, no solo garantizó que cancelarían el justiprecio a los dueños, sino que aseveró que la gobernación “tiene los recursos para iniciar la obra ayer mismo”. 

De acuerdo con este reporte, el presupuesto para la primera etapa de esta obra -que sería realizada de manera conjunta por la gobernación de La Guaira y el Ministerio de Educación- ascendía a 98 mil millones de bolívares. “Ya se tiene el anticipo en la cuenta”, dijo Rodríguez a La Verdad de Vargas.

De aquello nada

A pesar de lo declarado por el procurador, el decreto de Terán advierte que “no se ha producido un normal desarrollo del proceso de adquisición forzosa o expropiación, pues en él no se ha llegado a un acuerdo amigable sobre el precio del inmueble ni se ha manifestado expresamente intención alguna de constituir y pagar justiprecio alguno, teniendo en cuenta que adquirir el inmueble que se encuentra afectado, requiere de una erogación presupuestaria y financiera, con la que actualmente no cuenta ni ha contado esta gobernación”.

El sucesor de García Carneiro le devolvió su propiedad al Caraballeda Golf & Yacht Club, resaltando que la asociación había “solicitado la revocatoria o la cesación de las medidas expropiatorias y planteado la recuperación de dicho terreno y la rehabilitación del campo de golf por ser certificado por la Federación Venezolana de Golf como cancha apta para competiciones nacionales e internacionales”.

El decreto acota que la restitución de ese terreno a sus legítimos dueños permitirá llevar a cabo “acciones de interés social a la comunidades aledañas, así como potenciar los servicios a usuarios que significarían un impacto económico por la inversión y contratación de mano de obra directa e indirecta, generado mayores ingresos al sector público y al sector privado”.

Cuando en 2018 la gobernación procedió con la expropiación, solo el cielo era el límite. “Habrá áreas comunes, canchas deportivas, un gran comedor. Alrededor del árbol más grande del terreno se hará una estructura de educación inicial, que será circular para preservarlo”, esbozaba el paraíso socialista el ingeniero de Construcciones y Desarrollo Dávila. Al final, gracias a la inversión privada, en ese espacio habrá lo que antes hubo: un campo de golf.

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