El acuerdo petrolero anunciado por Donald Trump podría ser una enorme oportunidad energetica para Estados Unidos, pero plantea una pregunta fundamental: ¿puede Washington garantizar la seguridad juridica de inversiones multimillonarias en Venezuela? Un país cuyo gobierno interino ha excedido el plazo constitucional de su mandato y cuyo presidente no fue elegido?
Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina el 5 de enero de 2026. La Constitución Nacional permite al vicepresidente ejercer temporalmente la presidencia durante 90 días, prorrogables por otros 90 mediante decisión de la Asamblea Nacional (AN). Este plazo máximo de 180 días venció en julio.
Rodríguez, además, no fue elegida presidenta por voto popular. Su autoridad deriva de una sucesión política extraordinaria, no de una elección presidencial.
Esto importa porque el pacto anunciado por Trump no es una operación comercial ordinaria. Compromete el desarrollo de importantes reservas petroleras venezolanas y contempla inversiones de largo plazo.
La AN ha respaldado el acuerdo, pero una aprobación parlamentaria posterior no resuelve la cuestión esencial ¿Qué autoridad constitucional tiene un gobierno interino cuyo plazo máximo ya expiró para comprometer los recursos estratégicos de Venezuela durante décadas?
Tampoco basta un anuncio. Los términos jurídicos completos de un acuerdo deben ser conocidos por todos los venezolanos, por el Congreso estadounidense y, especialmente, por los inversionistas que asumirán el riesgo financiero.
Para compañías como Chevron, ExxonMobil y otras grandes petroleras estadounidenses, la pregunta decisiva no es quién controla a Venezuela hoy. Es ¿quién garantizará sus contratos dentro de diez, veinte o cincuenta años?
Un futuro gobierno democrático podría cuestionar acuerdos suscritos por autoridades interinas después del vencimiento de su mandato constitucional. Esa posibilidad constituye un riego real para cualquier inversión estadounidense de largo plazo.
La seguridad juridica no puede depender de la protección política de la Casa Blanca. Debe depender de instituciones venezolanas legítmas, independientes y capaces de hacer cumplir la ley. Por eso, el mayor error estratégico de Washington sería utilizar el petróleo para sustituir la reconstrucción democrática de Venezuela.
Estados Unidos tiene interés en recuperar la producción petrolera venezolana, atraer capital estadounidense y reducir la influencia de Rusia y China, pero esos objetivos serán sostenibles únicamente si van acompañados de elecciones libres, independencia judicial, transparencia contractual, controles anticorrupción y protección efectiva de la inversión extranjera.
Washington no debería construir su relación petrolera con Venezuela alrededor de Delcy Rodríguez ni de ninguna otra persona. Debería construirla alrededor de instituciones que sobrevivan a cualquier presidente.
Trump puede conseguir petróleo venezolano pero el verdadero interés de Estados Unidos es conseguir algo mucho más valioso: una Venezuela democrática donde las empresas estadounidenses puedan invertir durante generaciones sin necesitar que Washington proteja sus contratos.
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