En diciembre de 1956, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez parecía más sólida que nunca. La guerra del Sinaí (la crisis por el Canal de Suez) había impulsado el interés por el petróleo venezolano y las nuevas concesiones otorgadas estaban engrosando el chorro de dólares que entraba al Fisco. El jefe de la policía política, el temido Pedro Estrada, se ufanaba de la bonanza: “En Venezuela nadie está pensando en política, sino en hacer dinero”, declaraba a la prensa extranjera (Rómulo Betancourt, político de nación, Manuel Caballero. Editorial Alfa).
Con criterio desarrollista, el gobierno militar sacaba provecho a su ambicioso plan de obras públicas. En 1957 pudo exhibir proyectos tan emblemáticos como la Autopista Caracas-La Guaira (una de las mayores obras de la ingeniería mundial para la época), el complejo habitacional “2 de Diciembre” (hoy 23 de Enero), y el Hotel Humboldt en la cumbre de El Ávila.
“El 23 de enero de 1958, comenzó en el país que tal vez era el de menor tradición democrática de América Latina, un proceso de democratización que se convirtió en un ejemplo continental”
El dictador mandaba a sus anchas. Los partidos políticos estaban descabezados y desarticulados. Pagaban el costo de oponerse al régimen con varias de sus figuras asesinadas o encarceladas. Los más importantes dirigentes estaban en el exilio y centenares de valientes militantes, adecos, copeyanos y de URD resistían en la clandestinidad. La represión no daba cuartel. La Seguridad Nacional veía enemigos por doquier y contaba con informantes hasta en taxis. El pueblo, en silencio, ahogaba sus deseos de libertad.
En ese marco, en el paroxismo de su poder, la dictadura organizó en noviembre de 1957 un plebiscito para reelegir a Pérez Jiménez. Nadie esperaba un resultado distinto. El general de Michelena (estado Táchira) obtuvo un “triunfo arrollador” y el país pareció quedar resignado para padecer una larguísima dictadura, quizás más larga que la de Juan Vicente Gómez.
Pero, antes de que finalizara el año, comenzaron a colarse comunicados de una misteriosa Junta Patriótica. A los pocos días se supo que estaba formada por los cuatro partidos que resistían: Acción Democrática, Copei, URD y el Partido Comunista. El primero de enero de 1958, un pronunciamiento militar demostró que la unidad de las Fuerzas Armadas no era monolítica, y 23 días después, el dictador huía en la Vaca Sagrada, como se denominaba al avión presidencial.
Ese día, el 23 de enero de 1958, comenzó en el país que tal vez era el de menor tradición democrática de América Latina, un proceso de democratización que se convirtió en un ejemplo continental.
Su base fundamental y punto de partida fue el Pacto de Puntofijo (suscrito en octubre del mismo año por Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Jóvito Villalba, en la residencia a la que se debe el nombre, la de Caldera). Ese que es uno de hechos más significativos de la política venezolana del siglo pasado, ese que los militares de hoy demonizan como nefasto y usan para descalificar todo el período democrático, pero que a juzgar por las circunstancias del momento, por el soporte que dio a la incipiente institucionalidad, acechada desde la derecha y la izquierda, y hasta por su vigencia efectiva (aunque URD se retiró en 1962 y Copei durante el gobierno de Raúl Leoni).
Hay que decir, para empezar, que la satanización hizo mella. De tal modo que no son pocos los políticos, jóvenes y no tanto, que tal vez por desconocimiento o por no ir en contra de la corrección impuesta por los sepultureros de laetapa de mayores libertades y de progreso que ha tenido el país, tienden a desmarcarse del término puntofijismo.
“El Pacto de Puntofijo fue concebido por los líderes de tres partidos que mantuvieron una postura firme contra la dictadura durante diez durísimos años”
A esos, y a todos en general, juristas como Allan Brewer-Carías recomiendan leer y estudiar el documento que permitió el inicio de ese complejo proceso de establecer y consolidar el régimen democrático (Sobre la militarización de la política en Venezuela. Allan R. Brewer-Carías. Colección de Crónicas Constitucionales para la Memoria Histórica. Caracas 2023).
En su estudio, el jurista destaca que el producto fundamental del Pacto de Puntofijo fue el texto de la Constitución de 1961, una de las dos (la otra fue la de 1936) que no ha sido elaborada por una Asamblea Constituyente. Su redacción estuvo a cargo de la Comisión de Reforma Constitucional, que funcionó como Comisión Bicameral en el Congreso que se instaló el 2 de febrero de 1959, después de las elecciones generales de diciembre de 1958 (ganadas por Rómulo Betancourt).
Relata Brewer-Carías que el criterio que privó fue el de mantener el espíritu unitario, para lo cual, por sugerencias del entonces senador Raúl Leoni y del diputado Rafael Caldera, se llegó a un acuerdo para evitar las discusiones filosóficas y los temas polémicos que evidenciaran las diferencias ideológicas que podrían entorpecer acuerdos. El objetivo fue redactar una constitución sin rigidez ideológica, que fuera reflejo del acuerdo político, aspectos avalados incluso por el Partido Comunista, que no formó parte del Pacto. Pero también se dejó margen de flexibilidad para resolver cuestiones e injertar modificaciones correspondientes a las necesidades de la República.
El Pacto de Puntofijo fue concebido por los líderes de tres partidos que mantuvieron una postura firme contra la dictadura durante diez durísimos años. De ahí sacaron enseñanzas. Pero también tenían aprendidas las lecciones que les dejaron los errores cometidos durante el brevísimo lapso democrático que se inició en 1945 con un cuartelazo que, para lavarle la cara, llamaron revolución, Revolución de Octubre, para más señas, con todo y que para entonces Rómulo Betancourt andaba esquivando cualquier requiebre que hiciera recordar su pasado comunista.
En el complot contra Isaías Medina Angarita, Acción Democrática entró llevado de la mano por los militares. Rómulo Betancourt fue nombrado presidente de la Junta de Gobierno. Ese componente civil en el golpe contribuyó, a decir de Manuel Caballero, a darle visibilidad a la Fuerza Armada como partido político.
Fue un trienio que dejó huellas en el país. Hubo reformas económicas, sociales e institucionales. Se votó en 1947 una Constitución y se hicieron elecciones para legitimar la llamada Revolución de Octubre. Rómulo Gallegos, el candidato adeco, ganó con el 80% de los votos. Las masas comenzaron a familiarizarse con la participación política.
“El Pacto de Puntofijo es un documento que fija los principios y compromisos que hicieron posible el establecimiento de una democracia que, con todos sus defectos y durante 40 años, encaminó a Venezuela por una ruta de convivencia, modernización y desarrollo sin precedentes”
Fue, también, un período de inmenso sectarismo. A Acción Democrática se le acusó de ser una suerte de PRI mexicano, único, dominante. El canibalismo partidista estaba a la orden del día. Las reformas populistas sensibilizaban a los a sectores campesinos y empobrecidos, pero eran vistas con reservas por la derecha y la Fuerza Armada. Sin apoyo del Partido Comunista, el Gobierno se aisló. Y con los ánimos revueltos y el mando unificado, los militares aprovecharon el momento para intervenir. El 24 de noviembre, Rómulo Gallegos no aceptó las condiciones que le exigieron y tuvo que salir al exilio. El breve período civil llegaba a su fin. Con Pérez Jiménez a la cabeza y envalentonados por esas dos “victorias” recientes, los militares se creyeron con luz verde para gobernar eternamente.
Escarmentados por los diez años de dictadura y con la marca de los errores cometidos durante el trienio, la dirigencia del 23 de enero tenía claro, de tal modo, que sus esfuerzos debían concentrarse en evitar la repetición de la historia. Es decir, en establecer un régimen democrático sustentado en el predominio de lo civil sobre lo militar.
Lo fundamental era garantizar la unidad y la concordia, apartar las diferencias, sentar las bases constitucionales, consolidar un régimen democrático guardián de las libertades y promotor del progreso. Lo contrario, establecer otra vez un gobierno sectario y monocolor en las circunstancias de 1958, habría conducido a un nuevo 24 de noviembre. Todos lo sabían. Era necesario pactar.
El Pacto de Puntofijo fue, según Manuel Caballero, una de las iniciativas más inteligentes e importantes de Rómulo Betancourt. Es un documento que fija los principios y compromisos que hicieron posible el establecimiento de una democracia que, con todos sus defectos y durante 40 años, encaminó a Venezuela por una ruta de convivencia, modernización y desarrollo sin precedentes.
La muestra de su valor político en una coyuntura tan crucial la presenta con claridad Brewer-Carías en el trabajo ya citado, del cual, grosso modo, se extraen algunos de sus puntos destacados. El eminente jurista remarca que una vez establecida la necesidad de realizar elecciones generales en ese mismo año de 1958, los dirigentes de AD, Copei y URD decidieron suscribir el Pacto, y en ese documento reconocieron y establecieron entre ellos unas reglas de juego político-partidistas para guiar sus relaciones en el futuro y fijar las bases de un mínimo entendimiento que garantizara el funcionamiento del régimen democrático.
Con lucidez y responsabilidad, dice, echaron a un lado el sectarismo. Entendieron que la lucha no era entre ellos y que la amenaza a la naciente democracia partía del sector militar, de los grupos de presión económica y de sectores radicalizados de la izquierda.
De tal modo, establecieron: un acuerdo de convivencia para garantizar el desarrollo del proceso electoral, sin prejuicio de la autonomía organizativa de cada uno de los partidos; la obligación de que los poderes públicos que resultaran electos cumplieran las pautas democráticas; la conformación de unos cuerpos representativos que agruparan equitativamente a todos los sectores de la sociedad interesados en la estabilidad de la República como sistema popular del gobierno.
Destaca Brewer-Carías que en la estructuración del primer gobierno de Rómulo Betancourt, en 1959, hubo participación ministerial de los tres principales partidos democráticos y se estableció el principio de la representación proporcional de las minorías. Entre los compromisos, enumera el jurista, se estableció la defensa de la constitucionalidad, del orden democrático y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral, “lo cual, en definitiva, se configuró como un acuerdo de unidad popular defensivo del sistema constitucional…”.
Otros puntos fueron la constitución de un gobierno de unidad nacional, como exigencia para darle estabilidad al Estado de Derecho, y el establecimiento de un programa mínimo común para concurrir al proceso electoral. “Se acordó que ninguno de los partidos debía incluir en sus programas puntos contrarios al programa mínimo común”.
Gracias al cumplimiento de estos compromisos durante la vigencia del Pacto de Puntofijo, Venezuela pudo transitar durante cuatro décadas una ruta que, con todos sus obstáculos, le permitió llegar a destinos de modernización y progreso en un marco de libertades. La pregunta que surge es si el camino recorrido fue insuficiente para que la cultura democrática, basada en valores de libertad económica y política, sustituyera de la idiosincrasia nacional el atavismo de recurrir al personalismo, a los líderes fuertes y al centralismo del Estado prometedor de recompensas instantáneas, cuando la falta de solución de problemas afectaba la cotidianidad de la vida.
El documento que recoge las directrices del Pacto de Puntofijo concluyó con el compromiso de todos de respaldar el nuevo gobierno y prestarle leal y democrática colaboración. Con esto, quizás, basta para admitir que los partidos políticos fundamentales en ese momento habían aprendido la lección de que las luchas intestinas, la aniquilación del contrario, el sectarismo enfermizo y la ambición solo conducían a la destrucción. ¿Sigue vigente esta lección?, ¿son rescatables algunas enseñanzas del Pacto de Puntofijo? Sirva, quizás, este nuevo 23 de Enero para considerarlo.
La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.
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