El lado oculto de Iván Name: vínculos masones y acusaciones de corrupción en la Corte Suprema

El nombre de Iván Leónidas Name Vásquez está íntimamente ligado a una casta política costeña. Su tío, José Name Terán, fue uno de los más destacados caciques liberales de la Costa Atlántica por más de dos décadas en los años 70. Su primo, David, representa la combinación del poder político y empresarial, lo cual caracteriza a Iván en gran medida.

Hace quince años, Iván Leónidas, entonces una promesa de una nueva generación de los Name, tomó distancia de sus raíces políticas al unirse, como un cuadro valioso, a los líderes del Partido Verde. Esto significó una ruptura para la familia, ya que los verdes eran considerados una tendencia alternativa en la política.

Cuando los verdes llegaron al poder, él les ofreció su apoyo desde su escaño en el Congreso, al que llegó después de haber pasado por la Asamblea de Cundinamarca y el Concejo de Bogotá, donde fue visto más como un experto técnico que como un producto de la tradición familiar.

La cercanía de Iván Name con Sandra Ortiz se originó en el Partido Verde, en una complicidad que, según la Corte y la Fiscalía, los habría llevado a delinquir.
Fuente:Senado

No fue evidente que, cuando Claudia López, su amiga de muchos años, fue alcaldesa de Bogotá, él tuviera grandes cuotas clientelares. Igualmente, no lo era cuando su partido formó parte de la coalición que llevó al poder al presidente Gustavo Petro, y el jefe de su colectividad, Carlos Ramón González, se convirtió en el poder detrás del trono en la Casa de Nariño, mientras que su pupila política, Sandra Ortiz, se volvía consejera presidencial.

El lado oculto de Iván Name, más allá de la política

Aquí se abre un paréntesis en su historia para explorar uno de los lados, si no más ocultos, sí más ignorados de su personalidad. Un anillo con un triángulo invertido y con incrustaciones, símbolo de la masonería, lo revela como un miembro de esta confraternidad. Esta fraternidad también es compartida por la ex Procuradora Margarita Cabello, quien fue pupila del gran masón de Barranquilla, David Name Terán.

Alguna vez, su hija María Clara, concejal de Bogotá, rompió el discreto silencio que rodea al movimiento para revelar que su padre posee un grado elevado en la masonería, lo que lo califica como un maestro. De hecho, cuando ella hizo esta revelación, él estaba en el nivel 13 de una escala que alcanza hasta el 33, colocándolo como un “maestro del Arco Real”.

Según amigos y “hermanos” de esa logia consultados, un “maestro del Arco real” representa una continuación avanzada de la iniciación masónica que se cuenta a partir de los grados de “aprendiz”, “compañero” y “maestro”. El arco simboliza la reconstrucción del templo del rey Salomón, alto exponente de la verdad y la sabiduría.

En sus oficinas no era raro ver álbumes antológicos de grandes masones de la historia, como Benjamín Franklin, gran maestro de la Logia de Pensilvania.

Name, como se notaba en sus recientes apariciones en televisión, tiende a hablar de forma pausada y con un grado de seriedad, buscando reflejar las virtudes de la fraternidad y la tolerancia que promulga su logia.

“Los masones, como el doctor Name, no tienen una condición vergonzosa. Lo que ocurre con ellos es que, en sus ritos, se ocultan del resto de la sociedad, y sus verdades y sentimientos son expuestos en la privacidad de un templo”, dice un funcionario del Capitolio Nacional.

Ahora, las verdades de Name no se revelarán en el círculo cerrado y a veces inaccesible de una cofradía, sino en los estrados de la Corte Suprema de Justicia, que lo ha llamado a juicio como presunto autor de los delitos de cohecho impropio y peculado.

Iván Name a responder frente a la Corte Suprema de justicia

La acusación se basa en testimonios que afirman que recibió $1.000 millones cuando, en su condición de presidente del Senado, se oponía a los proyectos de reforma a la salud y a otras iniciativas sociales del país. Se trataría de un soborno para que priorizara esas iniciativas en su agenda.

La escena de la presunción judicial lo muestra al lado de Carlos Ramón González -hoy prófugo en Nicaragua- y de Sandra Ortiz -detenida en un cuartel policial- acordando sobornos. Un pacto delictivo que se habría establecido con funcionarios del partido de los verdes, a quienes nunca, hasta donde se supo, les había rendido cuentas.

Junto a él comparecerá otro ex dignatario del Congreso: Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, quien llegó allí gracias al respaldo del presidente y a la bancada del Pacto Histórico, y quien habría recibido $3.000 millones provenientes de contratos inflados artificialmente para la compra de camiones cisterna para La Guajira, gestionados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Detrás vendrían otros congresistas que, a diferencia de ellos dos, se encuentran libres porque la justicia considera que no representan un peligro para la sociedad.

La senadora Liliana Bitar Castilla (Partido Conservador) y los representantes Wadith Manzur (conservador) y Julián Peinado Ramírez (liberal) habrían aceptado dádivas provenientes del proyecto Cotorra, en Córdoba, destinado a obras de contención y prevención de inundaciones, según la Corte. Su monto, tasado en documentos oficiales del Ministerio de Hacienda, es de $44.522 millones.

La firme acusación del magistrado investigador de la Corte Suprema

La “promesa remuneratoria”, como la denomina el magistrado investigador Misael Rodríguez en un auto de casi 800 páginas, estaba dirigida a que los parlamentarios dieran luz verde a proyectos de endeudamiento externo formulados por el gobierno para afrontar la crisis fiscal. Cotorra no ha tenido avances significativos y sus obras parecen abandonadas, pero el dinero derivado de la negociación ha sido utilizado por algunos de los congresistas para darse gustos personales. La senadora Bitar, por ejemplo, le regaló una costosa cartera a la asesora del ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, quien ahora es testigo de la Corte y de la Fiscalía. El envío del regalo y los escrúpulos que generó inicialmente se reflejan en chats que forman parte del expediente.

El proyecto Saravena, en Arauca, enfocado en obras de prevención de inundaciones y mitigación de la erosión, fue dotado de recursos por $32.599 millones. Su repartija benefició, además de miembros del Congreso, al prófugo exdirector del Departamento Administrativo del Servicio Civil, César Manrique, y al excongresista César Muñoz.

Los $12.356 millones reservados a obras de mitigación de las lluvias en la sufrida población de El Salado, en Carmen de Bolívar, atrajeron el interés del senador Juan Pablo Gallo (liberal).

Gallo, según el documento del magistrado Rodríguez, fue el último de los congresistas en participar en reuniones que se suponían reservadas, que tuvieron lugar el 26 de septiembre y el 31 de diciembre de 2023. Esos encuentros fueron documentados no solo con declaraciones de testigos, sino también con videos y bitácoras de visitantes.

En un proyecto de decisión, el magistrado al frente del proceso pidió la detención de los seis congresistas, pero sus compañeros de sala votaron en contra, argumentando que ninguno de ellos está en condiciones de ocultar pruebas u obstruir el proceso.